YPF: Un inesperado respaldo de EE.UU. que podría cambiar las reglas del juicio multimillonario
El gobierno de Estados Unidos tomó partido en el juicio por YPF. ¿Por qué su respaldo a la Argentina podría ser un punto de inflexión en la batalla por los US$16.100 millones? Los detalles del inesperado apoyo que sorprendió a todos.
En un giro que podría alterar el curso del litigio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó formalmente un pedido de la Argentina. La solicitud busca frenar un proceso judicial clave que los fondos buitre utilizan para identificar activos nacionales a embargar por la millonaria condena de US$16.100 millones. Este apoyo diplomático llega en un momento de máxima presión para el país.
El respaldo estadounidense se materializó en un memorándum presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí, el gobierno de EE.UU. argumentó que el proceso de *discovery* en curso es “excesivamente intrusivo” y contrario a los principios de cortesía internacional.
El documento oficial advierte que este tipo de requerimientos contra un Estado soberano “puede generar fricciones diplomáticas”. Además, subraya que los tribunales deben otorgar “especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo” en materia de política exterior al evaluar estos casos.
¿Qué es el *discovery* y por qué es tan polémico?
El *discovery* es la etapa procesal previa a cualquier embargo. En ella, los beneficiarios del fallo de la jueza Loretta Preska buscan información confidencial para localizar bienes argentinos en el exterior que puedan ser confiscados para cobrar la sentencia.
A lo largo de este proceso, la Argentina ya produjo una cantidad masiva de documentación: 115.000 páginas. Sin embargo, los demandantes han intensificado sus pedidos, llegando a solicitar acceso a comunicaciones privadas de funcionarios, incluyendo chats de WhatsApp y correos electrónicos.
Ante lo que consideran requisitorias desmedidas, los fondos buitre solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato y que se le impongan sanciones. Este escenario motivó la intervención del Departamento de Justicia de EE.UU., que ya a fines de febrero había presentado un escrito respaldando la posición argentina frente a este pedido de desacato.
La estrategia legal argentina y el rol clave de la apelación
La Argentina podría haber detenido automáticamente el *discovery* si depositaba una garantía fijada por la jueza Preska. Al no hacerlo, la ley estadounidense permite a los demandantes continuar la búsqueda de activos mientras el país tramita su apelación ante una instancia superior.
Desde el Gobierno argentino mantienen expectativas positivas sobre el resultado de este recurso ante la Corte de Apelaciones, aunque aún no hay una resolución definitiva. Es en este contexto de espera que la Procuración del Tesoro solicitó la suspensión del *discovery*, moción que ahora cuenta con el respaldo explícito de Washington.
La semana pasada, la Argentina había presentado una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En ella, requirió la “suspensión inmediata” del proceso de *discovery*, de la aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.
Los argumentos legales esgrimidos por la defensa argentina son múltiples. Sostienen que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión de primera instancia, incluyendo la incorrecta aplicación del derecho argentino y el foro inconveniente.
Además, la presentación advierte sobre un punto crucial: la continuidad del *discovery* ocasiona un “perjuicio irreparable para la soberanía nacional”. También señala que este proceso judicial puede impactar severamente en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de las relaciones financieras internacionales del país.
El Departamento de Justicia de EE.UU., además de respaldar la suspensión del *discovery*, también pidió participar oralmente en la audiencia del 16 de abril. Esta vista está relacionada con la apelación de la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF, otro de los frentes abiertos en este complejo litigio.