Zárate y el cargo que Quintela tiene en carpeta: "Es una opción"

El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zárate, admitió que su nombre aparece entre los candidatos que el gobernador Ricardo Quintela evalúa para quedarse con la fiscalía general de La Rioja, un puesto que lleva tiempo vacante.

En diálogo con Medios Provincia, el funcionario aclaró que no existe una definición oficial y que se enteró de la posibilidad hace rato, aunque todavía no le llegó ninguna propuesta formal.

"Es una posibilidad. Lo vengo diciendo desde hace mucho. Existe la vacancia en esa función y, si fuese así, es un halago que el gobernador me pueda tener en cuenta para tamaña responsabilidad", declaró Zárate.

El ministro subrayó el peso institucional del Ministerio Público Fiscal, sobre todo con la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio. "Es un órgano de mucha importancia en el Estado, un órgano extrapoder que tiene a cargo, a partir del nuevo sistema, la persecución de los delitos. Es el órgano acusatorio en materia penal y va a depender de este organismo la investigación penal", explicó.

Consultado puntualmente sobre si integra la lista de nombres que maneja el gobernador, respondió: "Tengo entendido que estoy dentro de las personas que el gobernador considera para esa función. Pero hay que esperarlo".

Los pasos que faltan para la designación

Zárate recordó que el mecanismo está fijado por la Constitución: el gobernador propone y la Cámara de Diputados designa. Hasta ahora, según sus palabras, no hay novedades concretas.

"Todavía no está pasando nada, sigue bastante largo todavía. Es una decisión del gobernador que, por la Constitución, debe proponer y la Cámara de Diputados designar. Cuando eso pase, el gobernador deberá comunicar la decisión", señaló.

Qué cambia con la nueva Ley de Seguridad Pública

Durante la misma entrevista, el ministro se refirió a la flamante Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, aprobada por la Cámara de Diputados provincial. Según describió, se trata de la primera legislación integral en la materia y ordena todo el sistema de seguridad, además de reacomodar el funcionamiento de la Policía y el Servicio Penitenciario.

El nuevo esquema deja atrás lo que Zárate llamó un modelo "policializado": la conducción política y civil queda en manos del Gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad, mientras que las fuerzas cumplen roles operativos definidos.

"Por primera vez la ley hace referencia a quién conduce el sistema de seguridad pública, cambiando un viejo paradigma policializado", afirmó.

La normativa también crea una Dirección de Seguridad del Interior, con injerencia en los departamentos, y un Observatorio de Seguridad que se ocupará de reunir y analizar información para diseñar políticas públicas.

Control externo y nuevos efectivos

Uno de los puntos que más resaltó Zárate es el cambio en el control disciplinario. La ley prevé una estructura externa de auditoría y control dentro del Ministerio de Seguridad, con lo que las propias fuerzas dejan de investigar y sancionar a sus integrantes.

"Lo que hace es ofrecer una garantía de proceso a cualquier efectivo de seguridad. El buen policía no tiene de qué preocuparse; el que está acostumbrado a andar mal va a tener que tener un poco más de cuidado", sostuvo.

Además, se instrumentará una mesa de entrada única para que los ciudadanos denuncien posibles abusos policiales o penitenciarios, casos que pasarán a la nueva estructura de control. El ministro contó que estos cambios se trabajaron durante unos tres años junto a las conducciones de la Policía y del Servicio Penitenciario, que participaron en la elaboración.

En otro orden, confirmó que está prevista la incorporación de 270 nuevos efectivos de la última promoción. El Gobierno trabaja en la previsión presupuestaria y la intención es que se sumen al sistema a partir del 1 de octubre, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Sobre los retiros, precisó que los oficiales pasan a retiro obligatorio a los 30 años de servicio, mientras que los suboficiales lo hacen a los 25, con excepciones para quienes integran la conducción policial, cuya permanencia puede definir la autoridad política.