Zdero habilitó el desmonte en una zona que la ley manda preservar: 1.800 hectáreas de bosque chaqueño en la mira

Organizaciones ambientales pusieron el grito en el cielo por el avance de un nuevo desmonte de aproximadamente 1.800 hectáreas de bosque nativo en Chaco. La denuncia apunta directamente al gobierno de Leandro Zdero, a quien acusan de haber otorgado permisos para talar en un área que, por ley, debería conservarse a perpetuidad. La maniobra, además, vulnera una medida cautelar vigente que limita y frena este tipo de actividad.

"La Provincia comete una falta grave al otorgar permisos que no deberían otorgarse en zonas que, por ley, deben preservarse a perpetuidad", señalaron desde las organizaciones a El Destape. El reclamo no se limita a la firma de autorizaciones: también apuntan a la inacción estatal y a una presunta complicidad institucional en la destrucción del monte chaqueño.

Fabián Maggi, abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), sostuvo que la gestión provincial falla "al no controlar ni proteger el territorio". Además, confirmó que la última denuncia presentada derivará en una audiencia que se realizará el próximo 3 de noviembre.

Un modelo productivo que arrasa con el monte

Según Maggi, la destrucción del bosque nativo responde a una matriz productiva orientada a la exportación que concentra ganancias en pocos sectores. Las medidas judiciales buscan frenar "este mecanismo depredador" impulsado por empresarios concentrados, con dos actividades como eje: la industria taninera y la carbonera.

"Gran parte del carbón vegetal y el tanino, extraído de los árboles de mayor valor, es utilizado y comercializado prácticamente en su totalidad por corporaciones extranjeras", detalló el abogado.

Maggi también denunció una "puerta giratoria" en la que alternan roles empresarios, profesionales y dirigentes provinciales. "Hay funcionarios vinculados a los desmontes que fueron denunciados por la asociación e imputados por la Justicia Federal como integrantes de una asociación ilícita dedicada a cometer estos delitos", remarcó.

Por qué esta zona está protegida

La gravedad del caso radica en la categoría de las tierras afectadas: están catalogadas como Categoría II según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En esa franja, la legislación prohíbe de manera explícita cualquier tipo de topado o cambio de uso del suelo, por tratarse de un área estratégica para el equilibrio del Chaco Seco.

Se trata de un ecosistema de extrema fragilidad cuyos daños son irreversibles. Los especialistas advierten que este tipo de monte autóctono requiere décadas para regenerarse y alberga especies amenazadas y monumentos naturales en serio peligro de extinción. La deforestación, así, pone en jaque la supervivencia de la fauna local.

La Justicia Federal ordenó redoblar la vigilancia

El Juzgado Federal de Resistencia 1 dictó una resolución de carácter urgente para frenar la destrucción de los bosques nativos. Ordenó intensificar de inmediato las tareas de vigilancia y patrullaje preventivo, con especial atención en el predio denunciado cerca del Parque Loro Hablador y el corredor que conecta con el Parque Nacional Copo.

En el fallo, al que accedió El Destape, también se convocó a una audiencia para el 3 de noviembre. De ella deberían participar la Dirección de Bosques provincial, la Policía de Chaco, Parques Nacionales y la querella representada por la AAdeAA. El objetivo es coordinar un esquema estricto de control satelital, alertas tempranas y protocolos de comunicación inmediata para frenar el vaciamiento y la complicidad estatal en el monte chaqueño.

El impacto directo sobre el Parque Loro Hablador

El predio deforestado linda con el Parque Provincial Loro Hablador, una reserva de más de 30.000 hectáreas que funciona como zona de amortiguamiento fundamental para el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero.

La destrucción de estas hectáreas quiebra un corredor clave para la conectividad de la biodiversidad regional. No solo se destruye el hábitat de especies protegidas: también se rompe el puente natural que permite la circulación y supervivencia de la fauna entre las áreas protegidas de ambas provincias.