Zdero quiere blindar el sueldo de los jueces: los gremios judiciales van al paro y hay un dato que incomoda

La Intergremial Judicial del Chaco confirmó un plan de lucha de 48 horas contra el proyecto del gobernador Leandro Zdero que crea un régimen de intangibilidad salarial solo para magistrados y funcionarios. La medida arranca el jueves 24 de septiembre con retiro a las 10:30 y movilización, y sigue el viernes 25 con huelga total en todas las circunscripciones.

La concentración principal será en las Torres Civiles de Resistencia. En el interior, los trabajadores se movilizarán frente a las dependencias judiciales locales, según detalló Data Chaco.

Desde el sector explicaron que agotaron las instancias administrativas y políticas antes de convocar la huelga. Sostienen que la iniciativa oficial vulnera las constituciones Nacional y Provincial al "alterar en forma arbitraria las remuneraciones que corresponden percibir en virtud de la Ley de Porcentualidad vigente (Nº 468-A)".

"Esto genera un conflicto de derecho, despojando derechos de propiedad adquiridos y de intangibilidad de las retribuciones de todos los que constituimos el Poder Judicial, conforme lo tiene dicho la Corte", expresaron los gremios en un comunicado.

Los tres reclamos que sostienen el paro

1. Rechazo y archivo del proyecto de Ley 2141/26. Los gremios advierten que la iniciativa surge de sentencias complementarias en la causa "Alonso de Martina", firmadas por magistrados y funcionarios del propio Poder Judicial que ordenaron crear un adicional por "intangibilidad" para beneficio propio. Denuncian que ese accionar "viola el principio de imparcialidad, atenta contra el Estado de derecho y destruye el régimen equitativo de la Ley de Porcentualidad".

2. Investigación legislativa. Exigen a la Cámara de Diputados que intervenga e investigue el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad presentado por la Intergremial sobre la actuación del Tribunal Ad-Hoc y los funcionarios involucrados.

3. Aplicación de la Ley 3424-A. Reclaman la reglamentación e instrumentación inmediata del artículo 9° de esa norma para el cálculo e incorporación gradual de la diferencia del cargo testigo (Juez de Cámara de Chaco) respecto de la media nacional para la totalidad de los empleados judiciales.

La sospecha que apunta al blindaje judicial

El diputado provincial y exministro de Economía Santiago Pérez Pons advirtió que el proyecto podría servir para obtener protección judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas. Cuestionó que el Ejecutivo proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales.

También sostuvo que la iniciativa produciría un "desenganche" de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con riesgo de nuevos litigios contra la provincia.

En ese marco se refirió a la investigación por malversación de fondos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que golpea al intendente de la UCR Bruno Cipolini, aliado de Zdero. La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña decidió archivar la denuncia que Pérez Pons había presentado contra el intendente: consideró que los hechos denunciados no son un delito y cerró las actuaciones.

"Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?", expresó el diputado al referirse a la decisión fiscal. De acuerdo a lo detallado por Perfil, también acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo.

En tanto, relacionó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. A su vez, afirmó que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: "Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger".