Zonas Frías: el ajuste que golpea el bolsillo de 3,3 millones de familias, también en San Juan

El Gobierno nacional avanzó con una reestructuración profunda del régimen de subsidios al gas natural en el marco de la nueva ley de Zonas Frías ya rige: el cambio que llega a los hogares de Salta">Ley de Zonas Frías. La medida deja afuera del beneficio a más de 3,3 millones de familias en todo el país, que empezarán a recibir boletas con incrementos considerables. Los sanjuaninos están entre los alcanzados por el ajuste.

La resolución del Ministerio de Economía modificó las pautas de elegibilidad del programa: redujo los topes de consumo subsidiados y ajustó los criterios de segmentación socioeconómica. Así, los descuentos del 30% al 50% que fijaba la normativa aprobada por el Congreso quedan recortados para una porción importante de usuarios del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Quiénes pierden la bonificación

Los usuarios clasificados en los niveles N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) perderán las deducciones especiales o deberán pagar el costo pleno por los metros cúbicos que excedan los nuevos topes. El impacto se concentra en los hogares de provincias patagónicas, del centro del país y de la zona cordillerana o de bajas temperaturas de Cuyo y la Región Pampeana, donde la calefacción residencial es crítica durante el invierno.

Por qué las boletas suben más de lo que parece

Especialistas del sector energético y asociaciones de usuarios advirtieron que el recorte no se explica solo por la quita porcentual de la bonificación. También inciden los ajustes tarifarios acumulados sobre la producción en boca de pozo (PTP) y sobre las actividades de transporte y distribución. La combinación de ambos factores derivará en subas exponenciales de las facturas finales respecto de los niveles del año anterior.

Reclamos y presentaciones judiciales

Legisladores nacionales, intendentes y gobernadores de las provincias patagónicas y de Cuyo anticiparon presentaciones administrativas y recursos judiciales para cuestionar la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia y las disposiciones del Palacio de Hacienda. Argumentan que la afectación presupuestaria distorsiona el espíritu de equidad territorial que consagra la legislación vigente.