130 familias esperan cobrar y una escribana revisará qué quedó adentro del aserradero

La Justicia de Misiones declaró la quiebra de Linor SRL, el aserradero que funcionó hasta mayo en Azara, y ahora la atención está puesta en los 130 trabajadores que siguen sin cobrar salarios, vacaciones e indemnizaciones. La firma arrastraba deudas fiscales por más de 500 millones de pesos y un acuerdo incumplido del concurso preventivo.

El edicto del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 se firmó el 15 de septiembre y se publicó en el Boletín Oficial. La resolución declaró la quiebra indirecta de la empresa, ordenó la incautación de sus bienes, el bloqueo de las cuentas bancarias y la entrega de instalaciones, maquinarias, vehículos y documentación a la sindicatura.

Además, dispuso la prohibición de salir del país para su administrador, Juan Carlos Lorenzo, un dato que el sindicato maderero leyó como una señal de que la Justicia empieza a apretar.

Qué dice el gremio

Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera Posadas (Soimp), habló con Radio Up y fue directo: el cierre no fue consecuencia de la crisis del sector, sino de “una mala administración”. Según contó, los operarios solo accedieron al fondo de desempleo y quedaron colgados tres quincenas y las vacaciones.

“Son 130 trabajadores que hasta el día de hoy no han recibido nada, además de que se les debían sueldos atrasados y vacaciones”, afirmó el dirigente, que también puso el foco en las familias que dependían de esos ingresos.

Para Báez, la quiebra representa un avance en el reclamo, aunque no alcanza para garantizar el cobro. “Me parece que es importante que (Lorenzo) empiece a rendir cuentas y que empiece a ponerse a disposición para poder ir resolviendo todas estas cuestiones que tanto afectan a los trabajadores”, apuntó.

La sospecha por los bienes

El predio está sobre la ruta provincial 94, en Azara, y allí apuntará una medida clave del gremio: el Soimp enviará una escribana para inventariar qué maquinarias, vehículos y equipos siguen dentro del establecimiento. La idea es dejar constancia del estado de los activos antes de que avance el proceso de quiebra.

La preocupación tiene antecedentes. A fines de mayo, cuando el cierre era inminente, los trabajadores hicieron vigilias en el lugar y detectaron un intento de retirar de noche parte de los activos logísticos y de producción. Tras la intervención gremial, las máquinas volvieron al predio.

Según relató Báez, después de que la empresa abandonó el lugar se registraron robos y daños: cables, motores, transformadores y oficinas afectadas. Durante un tiempo hubo custodia privada, pero luego se levantó.

“Hay un rumor de que están en Corrientes: yo no sé, son solamente rumores”, aclaró el dirigente, antes de insistir en que “algunas cosas están faltando”. El inventario permitirá comparar lo que quede en Azara con los bienes que deben responder por las deudas.

Despidos, changas y olla popular

Los telegramas de despido llegaron a principios de junio. En ese momento, Linor argumentó una “situación financiera irreversible”, agravada por las dificultades de la industria forestal, las deudas acumuladas y los embargos judiciales. Báez rechazó esa explicación: sostuvo que la empresa tenía cartera de clientes y actividad como para no terminar así.

Sin indemnizaciones ni salarios, los trabajadores salieron a rebuscársela. Algunos jóvenes se fueron a Brasil, otros consiguieron empleo en empresas de Corrientes y los mayores de 40 o 50 años se volcaron a la cosecha de yerba mate. Terminada la zafra, muchos volvieron a quedarse sin ingresos: “hoy están solo con el fondo de desempleo”, describió Báez.

El Soimp acompañó legalmente a los afectados y organizó asistencia para algunas familias, incluso con una olla popular en un espacio cedido por el municipio.

Una empresa que supo proveer a las grandes

Linor SRL fue fundada hace más de dos décadas por Lorenzo junto con Norberto Arhndt. Se especializaba en la producción de pallets y servicios logísticos, y en su mejor etapa llegó a trabajar con compañías como Arcor, Loma Negra y Quilmes.

Las dificultades arrancaron en 2024 y se profundizaron en 2025, hasta derivar en el cierre definitivo de la planta. Entre los antecedentes financieros figuraban deudas fiscales reclamadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) que superaban los 500 millones de pesos y ya habían entrado en instancia de ejecución judicial. También había obligaciones pendientes con el sindicato por servicios sociales.

La Justicia, además de incautar bienes y bloquear cuentas, intimó a la empresa a entregar libros comerciales y a informar la situación de cada trabajador: fechas de inicio y fin de la relación laboral, salarios adeudados y créditos generados antes y después del concurso preventivo.