19 empresas pescaban en Malvinas con permiso isleño: una jueza dijo basta

La Justicia federal de Río Grande dio un paso que puede reordenar la disputa pesquera en el Atlántico Sur. La jueza Mariel Borruto ordenó a 19 empresas que se abstengan de pescar en aguas argentinas sin habilitación nacional, y la prohibición incluye de forma expresa el mar que rodea a las islas Malvinas.

La medida cautelar fue dictada el 6 de noviembre y firmada el viernes siguiente, en el marco del expediente FCR 16446/2026, que impulsa la Fundación Agustina Lerena. Alcanza a doce firmas con domicilio en España y a siete sociedades mixtas hispano-isleñas.

“Es un hecho de absoluta relevancia”, sostuvo el especialista Daniel Guzmán tras conocerse la resolución.

Qué alcanza y qué deja afuera

La cautelar cubre el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, con las aguas que circundan las islas incluidas. No llega a la alta mar y, por ahora, deja fuera de la orden a bancos, astilleros y aseguradoras. La notificación a las compañías se canalizará a través de Cancillería.

El fallo no declara culpable a ninguna de las demandadas. La propia magistrada aclara que no se trata de un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las firmas. Lo que fija es una prohibición concreta y, sobre todo, una interpretación jurídica: para Borruto, lo que se pesca alrededor de las islas no es un tema aparte, sino parte del mismo ecosistema que administra la Argentina.

Mientras no consigan un permiso de la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, las empresas alcanzadas deberán abstenerse —por sí o mediante buques que armen, operen, fleten o gestionen— de capturar o extraer recursos vivos marinos con cualquier arte de pesca. Tampoco podrán procesar a bordo las capturas obtenidas en esos espacios, transbordarlas o descargarlas, ni iniciar nuevas mareas o temporadas o sumar buques para esas actividades.

Quiénes son las firmas señaladas

Las compañías españolas tienen sede en Vigo, Marín, Cangas y Moaña, todas en Galicia. Las sociedades mixtas aparecen en la resolución con vehículos societarios domiciliados en Puerto Argentino-Stanley, como South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company o Golden Touza.

Además de la prohibición, deberán informar bajo juramento en un plazo de diez días judiciales desde la notificación qué buques operan en esas aguas, con qué licencias, cuánto capturaron desde 2023, qué descartes registran, a qué puertos descargan y cuál es su estructura societaria. También tendrán que preservar toda la documentación: partes de pesca, diarios y registros satelitales.

Guzmán, del portal Agenda Malvinas, remarcó que la medida “es de una importancia trascendental que apunta a empresas que operan en aguas circundantes a Malvinas y cuyos registros fueron publicados, es su propia información la que sirve de prueba”. Y agregó: “Tiene la relevancia de la documentación propia de los que están robando”.

El argumento: un mismo mar

La jueza parte de una premisa jurídica. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. Por eso sostiene que el hecho de que las empresas sean extranjeras o actúen con licencias de la administración isleña “no enerva (debilita) la plena vigencia del derecho argentino”. La Ley de Pesca exige un permiso argentino para operar en esos espacios.

En una aclaración que es tanto política como técnica, el fallo advierte que cuando los informes oficiales hablan de “aguas en disputa” o de la “ZEE disputada con el Reino Unido”, esas expresiones no alteran la condición jurídica de esas aguas.

Para acreditar la verosimilitud del reclamo, la magistrada se apoyó en informes y datos del Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP). Entre ellos, que desde 1989 la administración isleña otorga licencias de pesca que le dejan ingresos promedio de más de 20 millones de libras anuales, con unas 230 licencias por año desde 2013. Los principales adjudicatarios, según el INIDEP, son España, Gran Bretaña con puerto de asiento en las islas, Corea del Sur y Taiwán.

Los números que sostienen la causa

Las capturas de buques de bandera española en ese sector pasaron de 59.001 toneladas en 2013 a 34.036 en 2017. Las de buques británicos con puerto en las islas fueron de 60.474 toneladas en 2013 y 63.859 en 2017. Las capturas de merluza común en ese sector subieron de 14.681 toneladas en 2014 a 62.829 en 2022.

En la temporada de calamar de 2026, el INIDEP estimó 110 poteros extranjeros operando en la zona económica exclusiva, frente a 84 poteros de bandera argentina. En 2025 hubo hasta 108 buques extranjeros por semana.

El tribunal subrayó otro punto: la Argentina no recibe partes de pesca ni declaraciones de captura de esa actividad, no embarca observadores ni inspecciona. El INIDEP debe estimar lo que se pesca a partir de imágenes satelitales y de rendimientos de buques argentinos. Esa falta de datos, razonó la jueza, impide fijar capturas máximas y cuotas realistas, y debilita las vedas que sí cumple la flota nacional.

Hay además un argumento de calendario. El calamar es una especie “cuya abundancia poblacional se renueva totalmente cada año”, según el INIDEP: lo que se extrae en una temporada reduce los reproductores que deberían asegurar la siguiente. Para la jueza, esperar la sentencia definitiva implicaría que la pesca continúe temporada tras temporada sobre las mismas poblaciones.

La demanda colectiva por daño ambiental

La Fundación Agustina Lerena, que preside César Lerena, promovió una demanda colectiva por daño ambiental. Su patrocinante es el constitucionalista Eduardo Barcesat. La entidad reclama la recomposición del daño y una indemnización que estima en US$26.465 millones por capturas entre 1989 y 2025.

Ese monto es una estimación de la parte demandante. La jueza había reconocido la competencia del juzgado y la legitimación de la fundación el 2 de noviembre. El fiscal federal se había pronunciado a favor de la admisibilidad de la acción y de la cautelar.

La medida es provisoria: cuando las demandadas se presenten, la jueza deberá revisarla y podrá mantenerla, ampliarla, modificarla o levantarla. La notificación a las empresas, incluidas las radicadas en el exterior, queda a cargo de la fundación, que deberá hacerlo por la vía que corresponda en cada caso. La efectividad práctica de la orden sobre sociedades extranjeras dependerá de esas notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables, según advirtió la prensa regional.

El fallo incluye una pieza que puede pesar más adelante: la carga de la prueba. Como los datos sobre buques, licencias y capturas están en manos de las mismas empresas, la jueza dispuso que, si alguna niega pescar en esas aguas o invoca un permiso argentino, deberá respaldarlo con documentos.