El gremio de pilotos peleó hasta la última instancia para que revisaran los 27 despidos del antigranizo, pero la Corte de Mendoza le cerró la puerta. ¿Qué pasará ahora con la protección contra el granizo en el sur?
La Suprema Corte de Mendoza le cerró la última puerta a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA): rechazó el recurso extraordinario federal con el que el gremio pretendía que la Corte Suprema de la Nación revisara el despido de 27 pilotos de la lucha antigranizo. Con esa decisión, el máximo tribunal provincial convalidó las desvinculaciones que se concretaron en 2024, cuando AEMSA —empresa controlada por el Estado— resolvió abandonar la siembra de nubes con aviones.
Los mismos jueces, la misma postura
El rechazo lo firmaron los ministros Mario Adaro, Norma Llatser y Julio Gómez, la misma sala que en agosto ya había respaldado los despidos. En aquel fallo, los magistrados sostuvieron que las salidas se explicaban por el final de la actividad aérea. AEMSA continuó prestando otros servicios a la Provincia, pero ninguna de esas tareas necesitaba a los pilotos afectados.
La Corte también descartó el argumento del gremio sobre la ausencia de un procedimiento preventivo de crisis. Para los jueces, ese trámite solo habría sido obligatorio si la empresa hubiera invocado alguna causal para pagar indemnizaciones reducidas. Lejos de eso, según la sentencia, AEMSA abonó las indemnizaciones completas que fija la Ley de Contrato de Trabajo.
El único punto que prosperó
El recurso provincial del sindicato tuvo un solo logro parcial: el reparto de las costas, que quedó distribuido entre las partes. Nada más. Para los ministros, APLA invocó garantías constitucionales y convenios internacionales sin explicar cómo su interpretación podía modificar el resultado del caso. Tampoco logró demostrar que la sentencia tuviera los defectos que le atribuía: a criterio de la Corte, el gremio volvió a discutir la valoración de los hechos y de la prueba.
Qué pedía APLA
El origen del conflicto es un amparo sindical que el gremio presentó contra Aeronáutica de Mendoza S.A. (AEMSA). En esa presentación sostuvo que los despidos fueron discriminatorios y reclamó la reincorporación de los pilotos, además de una indemnización por daño moral. Como indicios de persecución sindical mencionó declaraciones de funcionarios provinciales, actas del directorio de la empresa y la continuidad de otros servicios de AEMSA.
La Primera Cámara del Trabajo rechazó el amparo en agosto de 2025. Un año después, la Suprema Corte provincial ratificó esa decisión y solo tocó el reparto de las costas, que quedaron a cargo de cada parte. Los jueces entendieron que el cese de la actividad aérea era la razón de las desvinculaciones: AEMSA cerró el taller aeronáutico y el área de operaciones aéreas, y dejó la base que utilizaba en el aeroclub de San Rafael. Los servicios que la empresa siguió prestando para la Provincia no requerían el trabajo de los pilotos, según el fallo.
El sur, sin acuerdo y con la temporada en riesgo
Cuando se terminó el sistema de lucha antigranizo con aviones, los departamentos del sur cuestionaron la decisión del Gobierno provincial y armaron un sistema mixto —financiado entre San Rafael, Alvear y la Provincia— que funcionó entre 2024 y 2025. Por ahora, esos tres actores no lograron ponerse de acuerdo y la continuidad del sistema para esta temporada quedó en peligro.
