Acueducto Gate: los 11 nombres que la Fiscalía puso bajo la lupa y por qué delitos

La causa por las cañerías del Acueducto Gran Tulum volvió a mover el tablero judicial. La Fiscalía detalló este miércoles, uno por uno, los delitos que les atribuye a los diez imputados que se sentaron en Tribunales, en una audiencia de formalización reanudada tras el cuarto intermedio que había dispuesto la jueza de Garantías Mónica Lucero.

El fiscal Sebastián Gómez encabezó la exposición y describió el presunto entramado que habría beneficiado a Krah América Latina, la firma que proveyó las tuberías de la obra. Según la hipótesis fiscal, a lo largo de distintas gestiones se habrían flexibilizado exigencias técnicas, cambiado procedimientos y recortado controles de calidad para favorecer a la empresa.

La nómina de investigados llega a once, aunque en esta jornada se formalizaron diez. El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino no estuvo presente por un viaje que tenía programado de antes y su situación se tratará en una instancia aparte.

Los nombres que pesan

El exgobernador y hoy senador nacional Sergio Uñac fue imputado por tres delitos: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los tres cargos le fueron atribuidos como autor y en concurso real.

El empresario y representante de Krah América Latina, Gustavo Fabián Mastelono, quedó señalado como partícipe principal de la defraudación. La Fiscalía sostuvo que habría usado sus vínculos con funcionarios para conseguir modificaciones y flexibilizaciones en procedimientos y exigencias técnicas que beneficiaran a su firma, y que habría intervenido en el direccionamiento de los pliegos a favor de Krah.

Entre los hechos que mencionó el fiscal aparece Plastitec, una empresa de la que Mastelono era socio fundador y que habría sido presentada como una tercera compañía para supervisar las soldaduras de las tuberías, pese a ese vínculo empresarial.

El actual diputado nacional y expresidente de OSSE entre 2011 y 2015, Cristian Felipe Andino, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, los tres como autor y en concurso ideal. La acusación se centró en decisiones de su gestión que, según la Fiscalía, habrían flexibilizado los controles de calidad de las cañerías.

Entre esas decisiones mencionaron la disposición 1055, que habilitó que la certificación de calidad pudiera hacerla alternativamente el propio fabricante, y la incorporación de la normativa alemana DIN PAS en los pliegos de la licitación 22/24 como alternativa a las certificaciones IRAM e ISO. También le atribuyeron haber tenido participación activa en la adjudicación a Krah pese a conocer el vínculo familiar entre el empresario Gustavo Monti, relacionado con la firma, y Uñac.

La lista de exfuncionarios de OSSE

Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y luego designado juez laboral, fue imputado como partícipe necesario de la defraudación y como autor del incumplimiento de deberes, ambos en concurso ideal. La Fiscalía sostuvo que no objetó el pliego de la licitación 2348 y que emitió un dictamen desfavorable que permitió excluir a la competidora General Plastic. Ese dictamen habría consignado información que no coincidía con la documentación existente, al afirmar que faltaban antecedentes que, según los fiscales, sí estaban disponibles.

Juan Carlos Caparrós, al frente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019, fue imputado como autor de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes, en concurso ideal. Según la acusación, al asumir ya conocía las fallas y pérdidas de las tuberías y los problemas del sistema de electrofusión de la tecnología Krah, pero no habría pedido medidas al fabricante ni a las autoridades. También le atribuyeron haber impulsado la contratación directa de una consultora mendocina llamada Interacción para asesorar al organismo y sostener el proyecto, con el costo que eso implicaba para el Estado.

Guillermo Nicolás Sirerol, presidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023, fue imputado por los mismos dos delitos, como autor y en concurso ideal. La Fiscalía sostuvo que sabía de las fallas de las cañerías y no habría actuado para resolverlas. Le atribuyeron haber firmado un convenio con la UTE de la obra en el que se reconocían problemas de aptitud y funcionamiento de la tecnología, sin responsabilizar a la contratista, y luego haber impulsado la reinstalación de las tuberías y un nuevo convenio por 250 millones de pesos, lo que habría generado un perjuicio a las arcas provinciales.

Juan Antonio Sánchez, funcionario técnico de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de la defraudación y como autor del incumplimiento de deberes, en concurso ideal. La acusación sostiene que intervino en la elaboración del pliego de la licitación 2348 y que integró las comisiones de preadjudicación de las licitaciones 2224 y 2348, en las que se eligió a Krah.

Francisco Javier Correa, funcionario técnico, auditor y gerente de Obras de OSSE, fue imputado en los mismos términos. La Fiscalía cuestionó que, pese a su rol de auditoría y a su intervención en las licitaciones, no objetó la incorporación de la normativa alemana DIN PAS 1065 en los pliegos, y que omitió advertir sobre las deficiencias de las tuberías y los problemas de estanqueidad de los materiales.

Rolando Vicente Caruso, exjefe del Departamento de Proyectos de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de la defraudación y como autor del incumplimiento de deberes, en concurso ideal. Había ingresado al organismo en 1982 y, como jefe de Proyectos, tuvo a su cargo el pliego de la licitación 22/24, presentado en noviembre de 2014. La Fiscalía sostuvo que ese pliego habría estado direccionado a favor de Krah y que, mediante una circular, permitió sumar la normativa DIN PAS 1065 que la empresa había pedido antes.

Sergio Fabián Ruiz, presidente de OSSE entre diciembre de 2015 y comienzos de 2019, fue imputado por los tres delitos: defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles, como autor y en concurso ideal. La Fiscalía le atribuyó participación activa en el pliego de la licitación 2348 y señaló una amistad íntima con el empresario Gustavo Monti. También sostuvo que facilitó el ingreso de Caballero al Departamento Jurídico y que le otorgó a Krah un predio de unos 900 metros cuadrados en la planta potabilizadora de Marquesado sin verificar ni exigir el cumplimiento de las prestaciones que la empresa debía realizar.

El que faltó

Julio Ortiz Andino, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, completa la lista de once investigados, pero no estuvo en la audiencia por un viaje programado con anterioridad. Su situación procesal se verá en otra instancia y la Fiscalía todavía no expuso la calificación legal específica ni las conductas que le atribuye.

La investigación busca determinar si hubo un esquema de decisiones administrativas y técnicas que benefició a Krah América Latina, con presuntos perjuicios económicos para la provincia y con materiales que no habrían cumplido las condiciones exigidas para la obra.

Las imputaciones expuestas corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán analizarse a lo largo del proceso judicial.