Allanaron estancias y hasta 30 vehículos quedaron bajo la lupa de la Justicia

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, salió a dar precisiones sobre los operativos que sacudieron a Río Gallegos, El Calafate, varias estancias y también Buenos Aires. Cuatro personas quedaron detenidas y entre 25 y 30 vehículos fueron secuestrados, además de drogas, armas y documentación que ahora analiza la Justicia.

Los procedimientos alcanzaron propiedades vinculadas a Lázaro Báez y se enmarcan en una investigación federal de mayor alcance. Según describió el funcionario, las medidas responden a dos causas que avanzan en paralelo y que estarían conectadas.

Dos investigaciones que se cruzan

La primera línea indaga el presunto traslado de cocaína en camiones y su posterior distribución en territorio santacruceño. La segunda busca establecer si existió una estructura dedicada a administrar y poner en circulación activos de origen ilícito vinculados al empresario.

Pródromos confirmó que entre lo incautado había cocaína y marihuana. A eso se suman armas y documentación que será examinada por la Justicia para determinar su relación con los hechos investigados.

Quiénes quedaron detenidos

Las cuatro detenciones corresponden al conjunto de los operativos. Hasta el momento no se informó públicamente que Báez esté detenido por esta causa: el empresario ya se encuentra preso por otras condenas y fue alcanzado por medidas judiciales en el marco de esta investigación.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los procedimientos arrancaron el lunes 9 y siguieron el martes 10 de noviembre, con fuerzas provinciales y federales desplegadas en el terreno.

La hipótesis que une las causas

De acuerdo con la línea investigativa, una presunta organización habría usado camiones de una empresa transportista para mover cocaína, al menos desde diciembre de 2025. La distribución habría estado a cargo de dos hombres y tendría como posible punto de entrega un lavadero.

A partir de esa pesquisa se abrió otra rama para establecer si existía una organización que administraba, explotaba y hacía circular bienes que podrían ser de origen ilícito y que habrían sido sustraídos de la ejecución de condenas impuestas a Báez. La Justicia también investiga si una persona presuntamente vinculada con esa estructura tendría relación con la banda investigada por narcotráfico.

Se trata de hipótesis que deberán comprobarse en el expediente. Los secuestros y las detenciones no implican por sí mismos una condena ni determinan responsabilidades penales.

No descartan nuevas medidas

El ministro sostuvo que la investigación continúa y que podrían disponerse nuevas medidas en los próximos meses, aunque aclaró que esa decisión queda en manos de la Justicia Federal.

Entre las medidas judiciales informadas también figuran embargos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas alcanzadas por la causa.