Bajan a 14 años la edad de imputabilidad: el alerta de un juez de San Juan por lo que falta

La Ley 27.801, que ya tiene reglamentación nacional, amplió el régimen penal juvenil a chicos de 14 a 17 años. Antes, la imputabilidad arrancaba a los 16. En San Juan, el juez penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, salió a marcar una preocupación: la provincia no está lista para sostener el nuevo esquema.

La norma no obliga a que todos los casos terminen en encierro: contempla medidas socioeducativas, sanciones alternativas y deja la privación de libertad como último recurso. Pero Toro, en diálogo con Radio Sarmiento, puso el foco en la capacidad del Estado para hacer efectivas esas respuestas previas al instituto.

El riesgo de que todo termine en encierro

Según el magistrado, si esas alternativas fracasan por falta de recursos, el sistema puede caer en la privación de libertad incluso para adolescentes que podrían haberse abordado con otras herramientas. “La respuesta del Estado más que nunca tiene que ser eficaz”, advirtió.

La ley contempla amonestaciones, prohibiciones de contacto, restricciones de concurrencia, tareas comunitarias, programas educativos y capacitación laboral. Las penas privativas de libertad pueden cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, pero siempre como última instancia y por el período más breve posible. Además, los menores no pueden ser alojados con adultos.

Qué pasa hoy en San Juan

Toro aportó datos para dimensionar el fenómeno: los menores de 18 años representan menos del 2% de los delitos registrados en la provincia. Dentro de ese universo, un grupo de entre 60 y 70 chicos por año (un 8% o 9% de los jóvenes que delinquen) concentra una alta cantidad de hechos. Ese núcleo, según el juez, está ligado al consumo problemático de sustancias y a la desvinculación escolar.

También destacó que el 79% de los chicos que cometen un delito no reincide, un dato que, a su criterio, obliga a evitar respuestas que profundicen la exclusión.

Infraestructura y reformas pendientes

Hoy la provincia tiene un único instituto para medidas privativas de libertad, el Nazario Benavídez, pensado históricamente para adolescentes de 16 y 17 años. Con la ampliación de la franja etaria, ese espacio deberá adaptarse para recibir eventuales casos de 14 y 15 años. Toro también admitió que desconoce si existe un lugar específico para adolescentes mujeres.

La ley incorpora la figura del supervisor, que debería seguir al joven en la escuela, la familia, el club y el barrio. Pero San Juan, según el juez, todavía no cuenta con un código acusatorio moderno para el fuero penal juvenil, y mencionó reformas procesales en estudio en la Corte de Justicia.

La reglamentación nacional se publicó el 7 de septiembre de 2026 e incluye herramientas como la atención integral a víctimas y la capacitación especializada. La norma prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad.

El desafío, entonces, es adecuar dispositivos, personal y procedimientos para que el nuevo régimen no quede solo en el papel. La discusión en San Juan está atada a la capacidad real de ofrecer educación, tratamiento y seguimiento antes de recurrir al encierro.