Más de 500 vecinos participaron del proceso y dejaron sus reclamos por escrito. El informe ya está en manos de los convencionales, pero el pedido que se repitió en cada taller todavía no tiene respuesta.
El proceso de reforma de la Carta Orgánica de Bariloche sumó un capítulo clave: las instituciones que coordinaron la participación ciudadana entregaron a los convencionales constituyentes y al Concejo Deliberante el informe final de Carta en Común, un documento de 180 páginas que reúne las voces de quienes participaron del debate sobre la nueva normativa de la ciudad.
El trabajo, estructurado en nueve ejes principales, fue elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (Cietes) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) junto al Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), con financiamiento del cuerpo legislativo local.
Una Convención con reloj
La Convención Constituyente comenzó a sesionar el viernes pasado y tiene por delante 60 días de trabajo. La meta: presentar la nueva carta magna de la ciudad en enero de 2027.
La investigación se desarrolló en el marco de la comisión especial por la reforma de la Carta Orgánica, impulsada por los concejales de la oposición Facundo Villalba, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra. Además de los institutos universitarios, participaron referentes de la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bariloche y de los CAAT barriales.
Cómo se construyó el informe
El proceso participativo combinó talleres abiertos con instancias de focos reducidos: microtalleres temáticos y territoriales. También se habilitó una usina de ideas online, por donde pasaron propuestas de 40 organizaciones sociales.
Los números del operativo: 542 personas participaron de los talleres presenciales, más de 300 respondieron encuestas y se concretaron 84 entrevistas a informantes clave.
«Fue un desafío muy importante porque había muy poco tiempo», destacó Diego Aguiar, vicerrector de la sede andina de la UNRN. Y agregó: «es una muestra del amplio trabajo que hace la Universidad, que si bien tiene la función de docencia también brinda servicios y consultorías. Estas 180 páginas resumen entrevistas, talleres temáticos, territoriales, encuestas. Hay muchísima información detrás de esto».
La presentación se hizo en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, donde los investigadores repasaron los ejes y ofrecieron claves de lectura. El documento no es vinculante para los convencionales, pero quedará a su disposición para que consideren las propuestas de la ciudadanía.
Los cuatro temas que aparecieron una y otra vez
Martin Civitaresi, director del Cietes, aclaró que el informe «no es un listado de actividades sueltas sino que tiene un hilo conductor» y que se incluyeron varias formas de participación para «ampliar, acercar estos mecanismos de participación a todos los ciudadanos». En ese sentido, lo definió como «un proceso diverso, amplio y territorial».
Del análisis surgieron cuatro preocupaciones centrales: que el Estado municipal necesita nuevas capacidades; que hay que buscar un equilibrio entre agilidad y control; que la carta orgánica tiene muchos mecanismos de participación pero falta discutir la incidencia real de esa participación en las políticas públicas; y que no hay que dejar a nadie afuera.
El estudio presentó los datos con una «metáfora futbolera»: pone a jugar las propuestas de la gente con los derechos y las obligaciones del Municipio y del poder legislativo de la ciudad. El pedido que atravesó todo el proceso fue «que las cosas sucedan», es decir, que las políticas escritas en la normativa se lleven a la práctica.
De la ciudad que cambia al mapa de actores
Roberto Monteverde, arquitecto y director de proyectos en el IGC, señaló: «fuimos muy exhaustivos en el mapa de actores en las distintas actividades. Creo que no nos quedó nadie afuera».
Los temas abordados van del desarrollo urbano, el ambiente, la movilidad y el hábitat al sistema de cuidados —desde las infancias hasta las vejeces—, y del control y la transparencia al equilibrio de poderes en relación al cumplimiento de esos ejes.
«Las ciudades han cambiado y los municipios tienen que cambiar», afirmó Monteverde, y remarcó que «la participación ciudadana tiene que ser parte constitucional de la construcción y la gestión de las políticas públicas en el territorio. No es un decorado de la política».
El informe aspira, en sus propios términos, a «que los derechos se hagan realidad, los acuerdos se cumplan y las decisiones mejoren la vida en la ciudad».
Quiénes reciben el documento
Los quince convencionales y las personas que participaron del proceso recibirán el informe final, que además está disponible de forma libre y gratuita para toda la población en el apartado «informe final» del sitio web de Carta en Común.
Monteverde cerró con un reconocimiento: «que la Universidad pueda ser parte de un proceso de consulta». Los concejales agradecieron a los equipos de investigación y llamaron a la Convención Constituyente a tener en cuenta los aportes del informe.
