Más de la mitad de los ocupados del Gran Salta trabaja sin registrar y entre los cuentapropistas la cifra se dispara: casi 8 de cada 10. El dato que reveló la UNSa deja una pregunta incómoda sobre quién financia las jubilaciones y los servicios cuando la base que aporta se achica.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta puso número a una realidad que se vive en cada esquina del Gran Salta: la informalidad laboral alcanza al 52,9% de los ocupados, con datos del segundo trimestre de 2026. Es decir, más de la mitad de quienes trabajan lo hacen fuera del esquema registrado.
El dato, difundido por ese centro de estudios, no es un detalle administrativo. Detrás de ese porcentaje hay una pregunta que incomoda: si cada vez son menos los que aportan de forma plena, ¿sobre quién recae el peso de sostener las jubilaciones, la obra social, el Estado y los servicios?
El número que más duele: los cuentapropistas
El promedio general ya es alto, pero hay un segmento donde la situación se vuelve extrema. Entre los trabajadores por cuenta propia la informalidad llega al 79,5%: casi ocho de cada diez cuentapropistas.
Ahí adentro conviven oficios diversos, pequeños comerciantes, prestadores de servicios y personas que se lanzaron a trabajar por su cuenta ante la falta de un empleo en relación de dependencia.
Por eso el fenómeno no se explica solo por una supuesta decisión de “no querer pagar”. Para una actividad pequeña, con ingresos irregulares y costos fijos que no dan respiro, sostener obligaciones mes a mes puede convertirse en una barrera concreta para entrar o mantenerse dentro del sistema.
Informal no es sinónimo de no pagar impuestos
Conviene desarmar una confusión habitual. Quien trabaja sin registrar igualmente tributa cada vez que compra alimentos, carga combustible, paga un servicio o consume un producto alcanzado por el IVA y otras cargas.
La diferencia está en otro plano: puede no estar haciendo aportes previsionales por su actividad, puede no tributar sobre sus ingresos o puede no tener registrada formalmente su tarea. El INDEC toma justamente esas variables —la inscripción de la actividad y la realización de aportes— para medir la formalidad de los trabajadores independientes.
Con más de la mitad del mercado laboral fuera del esquema formal, el financiamiento del sistema termina concentrado en una base cada vez más chica de trabajadores y empresas registradas.
La jubilación que no llega
Hay una consecuencia que no se ve hoy pero que va a golpear más adelante. Un trabajador puede pasar años generando ingresos sin aportar, y cuando llegue a la edad jubilatoria no va a tener los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
Ese problema de hoy se transforma, dentro de algunos años, en una presión extra sobre el propio Estado: quienes no pudieron aportar durante su vida laboral igual van a necesitar algún mecanismo de protección cuando ya no puedan trabajar.
Competencia desigual y un círculo que se retroalimenta
El efecto también se siente del lado de los que sí cumplen. Cuanto más grande es la economía informal, mayor es la carga sobre quienes están registrados: empresas, comercios, profesionales y trabajadores formales absorben impuestos, aportes, contribuciones y costos laborales que otros directamente no enfrentan.
El resultado es una competencia despareja. Un comerciante que paga alquiler, empleados en blanco, impuestos y habilitaciones compite con otros que funcionan sin buena parte de esos costos.
Y si formalizarse resulta demasiado caro mientras quedarse afuera es más sencillo, el sistema termina incentivando justamente la informalidad que dice combatir.
Qué haría falta para revertirlo
La respuesta no pasa solo por multiplicar inspecciones y sanciones. Los especialistas plantean que también hay que facilitar el ingreso a la formalidad, reducir las barreras para los pequeños contribuyentes, mejorar los incentivos para registrar trabajadores y generar empleo privado con salarios que alcancen para sostener los costos de vivir y trabajar en blanco.
Con un 52,9% de informalidad general y casi un 80% entre cuentapropistas, la discusión dejó de ser cuánta gente queda afuera. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse un sistema formal cuando cada vez son menos los que aportan de forma plena.
