Un concejal de la Capital presentó un proyecto para crear la figura del Defensor del Niño, Niña y Adolescente. La ley provincial que debía ponerlo en funciones existe desde 2013, pero el cargo nunca se activó. Qué pasó con los fondos y qué busca cambiar la ordenanza.
El Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca analiza un proyecto de ordenanza que busca crear la figura del Defensor del Niño, Niña y Adolescente en el ámbito de la Capital. La iniciativa, presentada por el concejal Christian Perea Ansineli (MID), apunta a cubrir un vacío que la provincia arrastra desde hace más de una década.
En diálogo con La Isla FM 107.9 y eldiariodecatamarca.com, el edil recordó que Catamarca cuenta con una ley sobre la materia desde 2013: la Ley 5357 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esa norma disponía la creación de un órgano independiente con autonomía y un observatorio para fiscalizar las políticas públicas orientadas a la infancia.
Sin embargo, a trece años de su sanción, la figura sigue sin aplicarse. “Hubo concurso público, hubo ganadores, hubo designación de la comisión bicameral (...) pero el cargo nunca se puso en funciones. La razón oficial es que el poder ejecutivo provincial no asignó los fondos para que ese defensor pueda funcionar. Han pasado 13 años de esa ley que nadie hace cumplir y, como digo yo, es un defensor de papel”, disparó Perea Ansineli.
El diagnóstico que preocupa
El concejal respaldó su postura en informes oficiales sobre minoridad y en registros de la Corte de Justicia de Catamarca que revelan miles de casos de vulneración de derechos infantiles y situaciones críticas vinculadas a abusos.
Frente a ese panorama, cuestionó la actitud del Estado: “Un Estado que no cuenta a sus chicos vulnerados es un estado que eligió no mirarlos, invisibilizarlos por decirlo de alguna manera”.
También criticó a los sectores del municipio que sostienen que la problemática “excede” las capacidades de gestión local. “Al contrario, si podemos tenemos que buscar la solución o por lo menos empezar a hablar del tema para ponerlo en agenda y empezar a buscar la solución”, respondió.
Qué propone la ordenanza
El proyecto ya tomó estado parlamentario y comenzó a tratarse en la Comisión de Gobierno. La iniciativa faculta a la municipalidad a crear su propio servicio local de protección de derechos, con el objetivo de dar a los vecinos un canal directo y eficiente.
Entre los puntos principales, la ordenanza establece:
Selección transparente: el cargo se cubrirá mediante concurso público de antecedentes y mérito.
Cercanía y gratuidad: funcionará de manera accesible para los vecinos, con respuestas previstas en plazos breves de 24 horas.
Autonomía y control: el Defensor del Niño tendrá independencia funcional y la obligación de presentar un informe anual de gestión ante el Concejo Deliberante.
Las atribuciones del defensor
Perea Ansineli detalló cómo funcionaría la figura. “Tendrá la facultad de recibir denuncias directas de vecinos, instituciones o de los propios menores, garantizando asistencia gratuita y dictando medidas preventivas o de protección integral en un plazo máximo de 24 horas”, explicó.
Además, monitoreará el cumplimiento de los programas municipales de infancia, salud, educación y desarrollo social, verificando que los recursos asignados lleguen a los sectores de mayor vulnerabilidad. También creará un registro de datos locales sobre la situación de niños y adolescentes en la Capital, para sistematizar indicadores sobre vulneración de derechos, violencia, adicciones y deserción escolar, y así eliminar la falta de información diagnóstica actual.
“Tendrá la obligación legal de presentar un informe anual ante el Concejo Deliberante en el que detallará el estado de la niñez en la Capital, la cantidad de casos atendidos y las fallas u omisiones detectadas en la gestión municipal y podrá promover acciones administrativas o presentar requerimientos ante organismos provinciales y judiciales cuando se detecten violaciones sistemáticas a los derechos de los niños en el ámbito del municipio”, concluyó el concejal.
Una deuda que viene de 1993
Para el edil, la administración municipal mantiene una deuda histórica con la infancia que incumple los mandatos de la propia Carta Orgánica Municipal desde 1993. Por eso remarcó la necesidad de avanzar en herramientas legislativas concretas.
“Nosotros tenemos la responsabilidad como concejales, como funcionarios, independientemente de que nos hayan votado o no, de que desde que ocupamos el cargo estamos representando a todos los vecinos en mejorar la calidad de vida y darles herramientas para que puedan vivir en una ciudad mejor, integrada”, cerró.
