Chubut destinó en octubre casi $101.000 millones al pago de deuda y quedó segunda en el ranking nacional, solo detrás de Buenos Aires. Detrás de esa cifra hay dos bonos en dólares que vencen al mismo tiempo y un calendario que se extiende hasta 2036.
La provincia destinó en octubre $100.879 millones al pago de títulos públicos y quedó solo por detrás de Buenos Aires, según el último informe de Politikon Chaco. Del total, casi $56.400 millones correspondieron a los dos bonos en dólares que conviven en la estructura financiera chubutense.
El dato surge del relevamiento de la consultora Politikon Chaco, elaborado con información de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), A3 Mercados y las tesorerías provinciales. La cifra representa el 10% de los $1.009 billones que pagaron en conjunto las jurisdicciones subnacionales durante el mes.
Hay una particularidad que separa a Chubut de buena parte de las provincias: junto a Neuquén, Córdoba y Tierra del Fuego, mantiene obligaciones en dólares. En el caso de las provincias patagónicas, ese respaldo se explica por las regalías petroleras.
Cuánto pagó en dólares, pero pesificado
Durante octubre, la provincia desembolsó USD 36,6 millones por sus dos principales títulos internacionales. Por el BOCADE pagó USD 21,3 millones entre capital e intereses, mientras que otros USD 15,4 millones correspondieron exclusivamente a los intereses del bono emitido en abril de este año (PUA 36), con cancelación prevista para dentro de una década.
En total, ambos bonos implicaron un pago pesificado de casi $56.400 millones. El resto de los compromisos del mes correspondió a Letras del Tesoro emitidas en pesos.
Del total de $100.879 millones destinados al servicio de la deuda, unos $71.384 millones se usaron para devolver capital y $29.494 millones para pagar intereses. Es decir, siete de cada diez pesos se orientaron a amortizar deuda y los tres restantes a cubrir el costo financiero, o la renta de los prestamistas.
Un segundo bono que ya empezó a cobrar intereses
El pago de octubre vuelve a mostrar el efecto de la operación financiera que el gobierno de Ignacio Torres concretó en abril, cuando colocó un nuevo bono internacional por USD 650 millones.
La operación permitió obtener liquidez inmediata y reducir parte de los vencimientos del BOCADE, pero no consiguió reemplazarlo completamente. La adhesión parcial de los acreedores al canje dejó vigente buena parte del título original, aunque con cuotas más bajas.
La consecuencia es que Chubut pasó a afrontar dos servicios trimestrales simultáneos: la amortización del BOCADE, que todavía debe devolver capital, y los intereses del nuevo bono, que comenzó a generar pagos desde julio. A cambio, el gobierno provincial puede exhibir hoy un esquema de obra pública, el llamado 'Plan Galina', que se financia con parte de los fondos frescos obtenidos mediante el nuevo instrumento.
La coincidencia de vencimientos de los dos bonos en dólares volvió a demandar casi USD 37 millones en octubre. La situación ya se había registrado en julio, cuando Chubut afrontó por primera vez el pago de intereses del nuevo título 2036 mientras continuaba cancelando capital e intereses del BOCADE, emitido originalmente en 2016.
Tres meses después, el esquema se repitió: el PUA36 generó otros USD 15,4 millones de intereses y el BOCADE demandó USD 21,3 millones entre capital y renta.
El nuevo instrumento tiene una tasa nominal anual del 9,45%, con pagos trimestrales de intereses. La devolución del capital, en cambio, comenzará recién en julio de 2029 y se extenderá hasta abril de 2036.
Qué vencimientos quedan para 2027
La presión financiera no termina con los pagos de este año. Según información obtenida de fuentes provinciales, durante 2027 Chubut deberá afrontar vencimientos por aproximadamente USD 79 millones del BOCADE y otros USD 61,4 millones correspondientes a los intereses del nuevo bono.
En conjunto, ambos compromisos representan unos USD 140,4 millones durante el próximo año. La cifra permite dimensionar una de las consecuencias de la reestructuración: aunque el canje redujo las cuotas del BOCADE (de USD 29 millones por trimestre a algo menos de USD 20 millones), el nuevo financiamiento incorporó un costo trimestral que seguirá vigente mientras no comience la amortización del capital.
En el informe de agosto, ADNSUR había consignado que los vencimientos del BOCADE para 2027 bajarían de unos USD 108 millones a USD 81,5 millones. La nueva proyección oficial, cercana a los USD 79 millones, muestra una actualización de ese cálculo, mientras que los USD 61,4 millones del bono 2036 surgen de sumar sus cuatro servicios trimestrales de intereses.
El BOCADE, además, mantiene el mecanismo de cancelación anticipada vinculado a la evolución de las regalías petroleras. Según lo informado anteriormente, esa cláusula podría llevar a completar su cancelación en julio de 2028, antes del cronograma originalmente previsto.
Chubut también está entre las provincias que más deuda emitieron
El informe de Politikon Chaco permite observar otra dimensión del escenario financiero. Entre enero y octubre, Chubut acumuló pagos de títulos públicos por $510.119 millones, lo que la ubicó tercera en el ranking nacional, detrás de Buenos Aires y Chaco.
Pero también aparece en una posición destacada entre las provincias que buscaron financiamiento. En los primeros diez meses del año acumuló emisiones por $1,2 billones, equivalentes al 10,2% del total subnacional.
La mayor parte de ese volumen se explica por el bono internacional de USD 650 millones colocado en abril. A eso se sumaron las sucesivas emisiones de Letras del Tesoro en pesos, una modalidad de financiamiento de corto plazo que la provincia continúa utilizando para administrar sus vencimientos.
De hecho, en octubre Chubut volvió a colocar deuda por $40.530 millones mediante una nueva Letra del Tesoro, con vencimiento en enero de 2027 y una tasa variable equivalente a TAMAR más 4,65 puntos porcentuales.
La comparación deja una foto que merece atención: Chubut está entre las provincias que más deuda captaron durante 2026, pero también entre las que más recursos destinaron a pagarla. La colocación de abril modificó el calendario y permitió ganar margen financiero en el corto plazo, sobre todo para realizar obra pública.
La pregunta que queda abierta, para los próximos dos años, es cuánto de ese alivio se traducirá en infraestructura real y capacidad económica para afrontar los compromisos que todavía quedan por delante, de mínima hasta 2036. Salvo que, mucho antes de la próxima década, se empiece a hablar de un nuevo refinanciamiento.
