¿Cuánto pierde un ganadero por no anotarse en la plataforma que exigen los frigoríficos? La cifra corre por kilo y se aplica aunque solo una parte del animal llegue a Europa.
Los productores ganaderos argentinos enfrentan una presión inédita sobre el precio de su hacienda. Un grupo de frigoríficos exportadores aplica descuentos de entre $300 y $600 por kilo a quienes no cuentan con la validación de la plataforma Visec, una herramienta privada creada para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.
La advertencia la formuló Adrián Luna Vázquez, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en diálogo con el programa «La otra campana», que se emite por LT7 AM 900 en dúplex con LT25 de Curuzú Cuatiá, con la conducción de Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy.
Un mecanismo que condiciona la venta
El dirigente explicó que algunos establecimientos frigoríficos atan la operación comercial a la inscripción en Visec y rechazan certificaciones emitidas por otras plataformas, aun cuando acreditan el cumplimiento de los requisitos ambientales y laborales.
El punto que más inquieta al sector es que las deducciones se aplican sobre la totalidad de los animales comercializados, pese a que solo una parte de los cortes tiene como destino el mercado europeo. «No se exporta el animal completo», subrayó Luna Vázquez, y remarcó que el perjuicio económico recae igual sobre todo el kilo de hacienda.
Según los datos que maneja el sector, el novillo apto para Europa se paga alrededor de $8.000 u $8.100 por kilo, mientras que el ganado que no cumple con los requisitos de la plataforma se desvía al consumo interno y cotiza entre $7.500 y $7.700. La diferencia representa, como mínimo, una pérdida de valor del 10%.
El origen de la exigencia europea
Todo parte de la resolución 1115 de 2023 sancionada en Bruselas, que exige al importador europeo acreditar que las producciones agropecuarias que ingresan al bloque estén libres de deforestación desde 2020, además de cumplir con condiciones de legalidad laboral y respeto por los pueblos originarios.
A partir de esa norma, un grupo privado de frigoríficos y una ONG norteamericana armaron la plataforma de validación Visec. Cuando esos frigoríficos compran un animal, verifican si tiene la validación; si no la tiene, pagan menos o directamente no compran.
Luna Vázquez fue categórico: «De alguna manera, se está utilizando una herramienta que es propiedad de estos frigoríficos para generar una situación de competencia desleal o abuso de posición dominante en el mercado».
El acuerdo con la Uatre que encendió las alarmas
El dirigente apuntó además contra el convenio que Visec firmó el 29 de octubre pasado con la Uatre sobre la constancia de legalidad laboral. A su juicio, viola todas las leyes: en la Argentina rige el Sistema Integral de Inspecciones del Trabajo y la Seguridad Social y la Ley 23.551, que permite a los delegados gremiales ingresar a los campos solo acompañando al inspector oficial.
«Un delegado gremial no puede ingresar a un establecimiento para realizar un control de legalidad porque carece absolutamente de facultades para hacerlo», sostuvo. Y advirtió que, si alguien se inscribe en la plataforma, la Uatre ingresa directamente a su campo.
Otras plataformas validadas, el mismo rechazo
El reclamo no es aislado. CRA recibe quejas de todo el país porque la plataforma pública y gratuita Santa Fe Produce Sustentable valida a un productor e indica que cumple con todas las normas de la resolución europea. Sin embargo, cuando ese productor quiere venderle a un frigorífico, la respuesta es siempre la misma: «Si no es Visec, yo no te valido».
«A pesar de contar con una validación emitida por otra plataforma autorizada por la Secretaría de Agricultura de la Nación, consideran que el productor no cumple porque no está registrado en Visec. Esto constituye un abuso de posición dominante en el mercado de compra», afirmó.
El Estado, reclamado
Luna Vázquez pidió una mayor intervención del Estado nacional y la creación de un mecanismo público de validación con participación del Senasa, que garantice transparencia y condiciones equitativas para acceder a los mercados internacionales.
Recordó que, cuando hubo que acreditar condiciones para la cuota Hilton, la cuota 481 para Estados Unidos o Vaca China, las validaciones siempre estuvieron a cargo del Estado a través del Senasa. «Si Brasil, el Paraguay y Uruguay desarrollaron herramientas públicas, no entendemos por qué el Estado nacional no quiere hacerlo», planteó.
También cuestionó la contradicción de un Estado presente al cobrar las retenciones, que representan el 60% de los ingresos fiscales, pero que se corre a un costado cuando se trata de validar las condiciones de exportación que generan esas divisas.
La propuesta de la entidad
En una columna publicada en la página oficial de CRA, el dirigente calificó el reglamento europeo 2023/1115 como una barrera paraarancelaria que, bajo fundamentos ambientales, perjudica a la producción nacional. Precisó que la norma, cuya aplicación está prevista para el 30 de diciembre próximo, no exige que los productores argentinos se inscriban en Visec ni establece una plataforma privada como mecanismo exclusivo de certificación.
Citó el artículo 124 de la Constitución nacional y la Ley 26.331, que reconocen a las provincias facultades para ordenar sus territorios y autorizar cambios en el uso del suelo, y sostuvo que una asociación civil no puede reemplazar las decisiones de las autoridades provinciales.
Como propuesta, CRA plantea que la Nación y las provincias desarrollen mecanismos públicos de validación complementarios a las plataformas privadas, reconozcan los registros oficiales, permitan sistemas interoperables sin exclusividades y garanticen que los productores conserven el control de sus datos. También propone distribuir los costos de certificación de manera equitativa y evitar que la posición dominante de los compradores convierta la adhesión a una plataforma en una condición impuesta.
Luna Vázquez anticipó que la organización seguirá cuestionando tanto las exigencias europeas que considera perjudiciales como los mecanismos privados que subordinan a los productores argentinos.
