Cobró en dos registros de Lomas de Zamora y el Estado le encontró un faltante de $117 millones
Política

Cobró en dos registros de Lomas de Zamora y el Estado le encontró un faltante de $117 millones

Manejaba dos registros automotores de Lomas de Zamora y, según el expediente, dejó de girar al Estado la parte que le correspondía de cada trámite. La SIGEN puso la cifra final y el Ministerio tomó una decisión con su cargo.

El Ministerio de Justicia dejó sin cargo a la responsable de dos registros automotores de Lomas de Zamora tras concluir que no giró al Estado los remanentes de recaudación que le correspondían. El perjuicio fiscal quedó fijado en $117.246.510,53, sin contar los intereses que se sigan acumulando hasta que el dinero vuelva a las arcas públicas.

La sanción recayó sobre Marta Elena Castañón, quien estaba al frente del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La remoción quedó plasmada en la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Qué dicen los números del expediente

De acuerdo con el sumario, la exencargada no depositó a favor de la Administración Central los fondos remanentes de las liquidaciones de emolumentos. Esa porción de los aranceles que cobran los registros por cada trámite pertenece al Estado Nacional desde el mismo momento del cobro, según la normativa vigente.

El mes con el faltante más abultado fue agosto de 2024: $18.994.258,14. En julio de ese año la deuda había llegado a $10.365.253,33, mientras que en septiembre de 2024 y en enero de 2025 los montos no transferidos rondaron los $10 millones en cada caso.

A esas cifras se sumaron $7.539.315,27 en octubre, $7.349.674,10 en noviembre y $8.459.372,65 en diciembre. El último tramo registrado corresponde a $858.587,17 de la primera quincena larga de febrero de 2025.

La instrucción sumarial había calculado en un principio el daño patrimonial en $73.566.460,66 de capital. Después, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó esa cifra al 15 de septiembre de 2026 y, sumando intereses y otros componentes de la deuda, la elevó a más de $117 millones.

El descargo y la respuesta de la cartera

En su defensa, la ahora exfuncionaria negó haber querido quedarse con el dinero o desviarlo. Atribuyó la falta de depósitos a un desfinanciamiento de los registros que manejaba y se quejó de que las autoridades nunca respondieron sus reclamos, entre ellos un pedido para saldar la deuda en cuotas. También planteó que otras seccionales atravesaban problemas similares o contaban con mejores condiciones, como aumentos arancelarios o beneficios impositivos.

El Ministerio rechazó esos argumentos de plano. Explicó que lo que recauda un registro se reparte en dos: por un lado, los emolumentos con los que el encargado cobra su retribución y afronta los gastos de funcionamiento; por el otro, los remanentes que deben ir al Estado. Las dificultades económicas de una oficina no habilitan a usar fondos públicos para tapar sus desequilibrios, sostuvo la cartera, que recordó que esos costos forman parte del riesgo que asume cada titular.

Tampoco prosperó la idea de que se trataba de un fenómeno generalizado. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, sobre unas 1.400 seccionales en todo el país, solo 14 registran deudas y 10 de ellas ya están bajo sumario. El organismo aclaró además que los registros a cargo de interventores propios tienen otra estructura de gastos, sobre todo en alquileres y mobiliario, por lo que no pueden compararse con los que manejan titulares externos.

Qué sigue para recuperar el dinero

La remoción se fundamentó en el incumplimiento de la obligación de depositar los remanentes dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. La resolución instruyó a las áreas competentes a impulsar las acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero, con los intereses calculados al momento del cobro.

La vía administrativa sigue abierta: Castañón podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles desde la notificación, o uno jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.

Siguiente nota Política · Río Negro

La Policía de Río Negro espera una respuesta desde julio y el silencio ya tiene destinatario

Seguí leyendo

Elegí tu provincia

Para ver tu edición local