Puerto Esperanza ya tiene el mecanismo para quedarse con las motos de escape adulterado y no devolverlas nunca: a los dueños les cambia el bolsillo y la calle, y lo que define el futuro del rodado no es una multa.
Puerto Esperanza dio un paso que ninguna otra ciudad de Misiones había dado: las motos con escapes adulterados ya no se recuperan con una multa. La Ordenanza N° 30, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, habilita al Ejecutivo municipal a retener, decomisar y destruir el vehículo completo.
La norma convierte a la localidad en la primera de la provincia en aplicar la destrucción total como sanción única para quienes circulen con escapes libres, modificados o que generen explosiones y contraexplosiones.
Qué diferencia a Puerto Esperanza de otras ciudades
Posadas, Oberá, San Vicente y Gobernador Roca ya tienen ordenanzas que contemplan el decomiso y la destrucción de escapes antirreglamentarios. Pero en esos casos la sanción no alcanza a la motocicleta entera.
En Esperanza el decomiso comprende el cuadro, el motor, el sistema de escape y todas las partes integrantes del rodado. No importa la cilindrada, el valor, la antigüedad ni el estado de conservación: la medida aplica sobre el vehículo completo.
Por qué el ruido se considera una falta muy grave
La normativa califica estas conductas como faltas muy graves contra la seguridad vial, el ambiente y la convivencia comunitaria. Entre sus fundamentos sostiene que los ruidos de estos vehículos afectan el descanso y la tranquilidad pública, en especial de niños y niñas, adultos mayores, personas con trastornos del espectro autista, personas enfermas y animales.
La prohibición abarca motocicletas, ciclomotores y demás motovehículos que circulen por la vía pública con sistemas de escape que incumplan las condiciones reglamentarias. Quedan incluidos los rodados sin silenciador o con escape libre; los que hayan sido suprimidos, perforados, abiertos, recortados, reemplazados o modificados para aumentar el ruido; y los que tengan silenciadores ineficaces, regulables o mecanismos de apertura y derivación.
También alcanza a las motos que emitan ruidos manifiestamente superiores a los normales de su modelo, aunque no pueda determinarse en el momento qué mecanismo los produce.
Cómo serán los controles en la calle
Cuando los agentes municipales de Tránsito detecten alguna de estas situaciones, deberán disponer la retención preventiva inmediata de la moto y su traslado al depósito municipal. Para constatar la infracción podrán usar inspecciones visuales o mecánicas, fotografías, registros audiovisuales, pruebas de funcionamiento, informes técnicos o mediciones con instrumental homologado.
La ordenanza aclara que no será indispensable medir los decibeles en el lugar cuando se constate una alteración material visible o la producción deliberada de contraexplosiones. En esos casos alcanza con la constatación de un agente municipal para disponer la retención preventiva.
Los inspectores deberán confeccionar un acta con la fecha, hora y lugar del procedimiento; los datos del conductor y del titular; la identificación del vehículo; una descripción de las modificaciones detectadas y de los ruidos producidos; las pruebas obtenidas y el estado general del rodado. Las actuaciones y la moto retenida deberán remitirse al Juzgado Municipal Administrativo de Faltas dentro de las 24 horas hábiles posteriores, salvo imposibilidad material debidamente documentada.
Sin multas ni reparación posible
Uno de los puntos más llamativos es que la ordenanza fija como sanción única, principal y obligatoria el decomiso definitivo del motovehículo completo y su posterior destrucción total. No se podrá recuperar el rodado pagando una multa, reparando el escape ni regularizando la situación técnica después.
La sanción la aplicará exclusivamente el Juzgado Municipal Administrativo de Faltas, que antes deberá garantizar el derecho de defensa del conductor y del titular registral. Para eso deberá citarlos, permitirles acceder a las actuaciones, presentar descargos y producir pruebas antes de dictar una sentencia fundada.
El decomiso podrá avanzar aunque el conductor no sea el titular registral de la motocicleta, siempre que este último haya sido debidamente citado.
Hay excepciones: si se demuestra que el rodado había sido robado, hurtado, objeto de una estafa, retención indebida u otro desapoderamiento ilegítimo antes de la infracción. También quedan excluidos los vehículos alcanzados por una orden judicial vigente que impida disponer de ellos.
Nada se destruye sin sentencia firme
La destrucción no podrá ejecutarse inmediatamente después de la retención ni de la primera constatación de la infracción. La ordenanza exige una sentencia de decomiso firme y consentida, con los plazos para presentar recursos administrativos o judiciales vencidos, o una resolución judicial firme que confirme la sanción.
Los recursos tendrán efecto suspensivo: no se podrá destruir el rodado mientras exista una instancia de impugnación pendiente que impida la firmeza de la decisión.
Cumplidos esos requisitos, el Departamento Ejecutivo Municipal quedará a cargo de ejecutar la destrucción mediante aplastamiento, compactación, trituración u otro procedimiento que imposibilite definitivamente la circulación y reutilización de la motocicleta.
Antes deberán individualizar nuevamente el vehículo y realizar un registro fotográfico o audiovisual. También tendrán que retirar y disponer de manera segura los combustibles, aceites, baterías y otros fluidos o componentes peligrosos.
El procedimiento incluirá la comunicación y tramitación de la baja registral ante los organismos competentes y la confección de un acta de destrucción con el expediente, la sentencia, la identificación del rodado, el método utilizado, la fecha, el lugar y los funcionarios presentes.
El material resultante podrá disponerse o venderse como chatarra, de acuerdo con las disposiciones ambientales, patrimoniales y registrales. Lo obtenido de esas ventas deberá destinarse a programas municipales de seguridad vial, control del tránsito y protección ambiental.
La ordenanza comenzará a regir un mes después de su publicación en el Boletín Oficial.
