El municipio calculó cuánto le costaría sumar a 33 empleados a la planta permanente y ahora busca frenarlos en la Justicia: la cifra anual pone en jaque las cuentas del Concejo y la pelea ya tiene fecha electoral.
El conflicto por la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente del Concejo Deliberante de Concepción dejó de dirimirse en el recinto y pasó a manos de los tribunales. El intendente Alejandro Molinuevo presentó una acción de nulidad de acto administrativo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y sumó un pedido de medida cautelar para que las designaciones no se hagan efectivas.
La movida judicial llegó después de que el jefe municipal vetara la ordenanza que habilitaba los pases y de que los concejales insistieran con su aprobación. Lo que había empezado como una pulseada política en el Concejo terminó con expedientes en la Justicia.
Los argumentos del Ejecutivo
Desde el municipio pusieron la lupa sobre el impacto económico: calcularon que las incorporaciones demandarían unos $570 millones por año. A ese número le sumaron dos objeciones de fondo, el procedimiento legislativo que se usó para aprobarlas y la conveniencia de sumar personal en el actual contexto económico.
Molinuevo remarcó que la decisión se tomó con los ocho concejales opositores sobre un cuerpo de 12 miembros. También cuestionó la falta de discusión previa: según su versión, el proyecto se aprobó “a libro cerrado”, sin que se conocieran en detalle sus alcances.
El intendente agregó que en algunos casos los trabajadores beneficiados no contarían con la antigüedad suficiente dentro de la Municipalidad. Y sostuvo que las designaciones no responden a necesidades administrativas del Concejo, sino a una decisión de carácter político.
Otro de los puntos que objetó tiene que ver con las funciones que justificarían los pases. Molinuevo cuestionó la creación de áreas ligadas a políticas sociales y de juventud, al entender que esas competencias le corresponden al municipio. A eso le sumó un problema práctico: la falta de espacio físico para alojar a los nuevos empleados.
El trasfondo político
La controversia atraviesa de lleno la relación entre el intendente y la mayoría opositora del Concejo. Molinuevo vinculó las designaciones con una estrategia partidaria de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, cuando el peronismo buscará recuperar el gobierno de la ciudad.
Según relató, antes de la votación había mantenido reuniones con los concejales para pedir que la iniciativa se postergara y se evaluara con más detenimiento. Aun así, la ordenanza terminó aprobándose al cierre de una sesión.
Qué sigue
Con la acción de nulidad y el pedido cautelar, se abre una instancia judicial para determinar la validez del acto administrativo cuestionado y definir si corresponde suspender sus efectos mientras se tramita la causa.
