Conti advirtió qué pasaría con la salud y la educación si avanza la reforma de concesiones
Un senador entrerriano advirtió que la reforma de la ley de concesiones podría dejar en manos privadas la salud y la educación. La frase que encendió las alarmas y el texto alternativo que presentó el PJ.
El senador provincial Juan Diego Conti puso el grito en el cielo contra el proyecto oficialista que busca modificar la ley de concesiones en Entre Ríos. El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a que empresas privadas se hagan cargo de servicios esenciales del Estado.
La discusión se dio en el marco de una reunión de comisión de la que participó el secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor. Allí el legislador justicialista presentó una propuesta alternativa para acotar el alcance de la norma y evitar lo que considera un cambio de fondo en el rol del Estado.
El punto que preocupa: salud, educación y seguridad
Conti explicó que hoy la ley excluye de las concesiones a áreas sensibles como la educación pública, la salud, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario. Con la reforma, esas actividades podrían concesionarse aunque el Estado conserve formalmente la titularidad.
"Lo que estamos discutiendo no es una simple reforma de una ley. Es dar vuelta la regla", disparó el senador durante el encuentro.
El legislador marcó una diferencia clave entre contratar servicios complementarios y delegar responsabilidades centrales. Puso como ejemplos de prestaciones auxiliares la limpieza, el mantenimiento de edificios, la alimentación, la lavandería y el soporte técnico, tareas que pueden ser necesarias para el funcionamiento diario de los organismos públicos.
"Otra cosa muy distinta es habilitar que la prestación sustantiva de la salud pública, la educación o la seguridad pueda quedar en manos de terceros", sostuvo.
En ese sentido, el senador fue contundente al hablar de las consecuencias concretas: "No estamos hablando de una cuestión administrativa, estamos hablando de derechos y de la responsabilidad del Estado sobre la salud de la población".
Qué propone el bloque justicialista
La contrapropuesta del PJ busca mantener la prohibición de concesionar funciones esenciales y, al mismo tiempo, aclarar que las obras, los bienes y los servicios auxiliares pueden contratarse a través de los mecanismos generales de la administración pública.
"Traemos un texto que resuelve el problema que plantea el propio oficialismo", afirmó Conti, quien aseguró que de esa manera se pueden atender las necesidades operativas sin modificar quién tiene a cargo las prestaciones fundamentales.
El legislador también relativizó el argumento oficialista de que la titularidad estatal alcanza como garantía. "Es cierto que el Estado puede seguir siendo el dueño en los papeles, pero al vecino no lo atiende el dueño, lo atiende quien presta el servicio", lanzó.
El proyecto oficialista y el futuro de la ley
La iniciativa del oficialismo propone modificar el artículo 5 de la Ley 11.280 y ya tiene media sanción de Diputados. El texto establece que el Estado conservará la titularidad y las facultades de regulación y fiscalización de los servicios esenciales, incluso cuando exista una concesión.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a mejorar las herramientas de gestión, corregir vacíos normativos y facilitar la participación privada en obras e infraestructura pública. La oposición, en cambio, exige límites expresos para impedir la delegación de prestaciones esenciales.
La discusión continuará en el Senado entrerriano, donde deberán analizarse las distintas propuestas antes de avanzar con una eventual modificación de la legislación vigente.
