La citaron para que diera su versión antes de avanzar con el proceso que puede sacarla de la banca. Janina Ortiz no se presentará y dejó un escrito con una fecha clave: por qué dice que ya no hay nada que discutir en Diputados.
La legisladora mendocina Janina Ortiz comunicó formalmente que no se presentará el próximo lunes 2 de noviembre ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, la instancia en la que debía exponer su defensa antes de que avance el procedimiento legislativo que podría concluir con su salida de la banca.
La respuesta llegó mediante un escrito que lleva su firma y la de su abogado, José Raúl Burela Yanchina. El documento contesta la cédula de notificación del 29 de octubre y se conoció antes de la audiencia fijada para las 10 de la mañana del lunes.
Por qué decidió no ir
El argumento central de la presentación es que el expediente penal que motivó la suspensión de su banca, dispuesta el 27 de marzo de 2024, ya se cerró con la homologación judicial del juicio abreviado. Ortiz fija como fecha de cierre el 20 de octubre de 2026 y sostiene que, desde esa resolución, se extinguió la situación de indeterminación judicial que había justificado la medida de la Cámara.
A partir de esa lectura, considera que no tiene sentido reeditar en el ámbito parlamentario una discusión que, según su interpretación, ya fue resuelta en sede penal. El escrito invoca economía procesal, prudencia institucional y respeto por la relación entre los poderes del Estado para explicar por qué declina la comparecencia.
La Cámara, en cambio, había aclarado al convocarla que el trámite legislativo corre por un carril independiente del judicial y que, recibida la sentencia, correspondía darle la chance de plantear lo que considerara pertinente. Por eso, desde el cuerpo advirtieron que su ausencia no clausura el proceso en Diputados.
La comisión deberá ahora seguir con las actuaciones y definir cómo continúa el camino legislativo. La convocatoria del lunes era la oportunidad prevista para escucharla antes de que el expediente avance hacia una definición sobre su continuidad. Cualquier exclusión, en última instancia, debe resolverse en el ámbito legislativo y con las mayorías que marca la Constitución provincial.
La pelea que sigue en la Suprema Corte
El escrito también deja asentado que Ortiz mantiene viva la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza contra la Resolución 1.135/24 de la Cámara de Diputados, la norma que dispuso su suspensión sin goce de dieta el 27 de marzo de 2024.
Según la defensa, esa medida afectó garantías como el principio de inocencia, el debido proceso y los derechos políticos ligados a la representación popular. Ortiz afirma que el planteo sigue pendiente de una resolución definitiva del máximo tribunal provincial y pidió que la Cámara tome conocimiento formal de que no desiste de esa acción.
La presentación aclara además que no concurrir a la comisión no equivale a una renuncia, un desistimiento ni un abandono de la pretensión judicial. De esa manera, la legisladora separa dos frentes: el procedimiento que Diputados debe recorrer para resolver su situación institucional y el reclamo que sostiene ante la Justicia por la legalidad de la suspensión.
El reclamo por los salarios que dice que le retuvieron
El aspecto económico tiene un lugar central en el documento. Ortiz ratificó su reserva de derechos para reclamar las dietas, los salarios y otros créditos laborales que considera retenidos desde su suspensión, e incluyó un pedido de intereses sobre los montos que eventualmente se reconozcan.
Su planteo sostiene que la suspensión sin percepción de haberes se aplicó cuando todavía no existía una condena firme y que tuvo carácter preventivo. Ahora argumenta que, concluido el proceso penal el 20 de octubre, corresponde reconocer los haberes devengados durante el período que detalla en su presentación.
El escrito menciona una acción de cobro de pesos y una reclamación por sueldos caídos e intereses. Se trata, sin embargo, de un reclamo formulado por la propia Ortiz: la presentación no acredita que la Provincia haya admitido una deuda ni que exista una resolución judicial que ordene pagarle esos conceptos.
El trasfondo: la causa de Las Heras
La discusión se da después de la condena dictada en la causa de las cooperativas de Las Heras. El exintendente Daniel Orozco y Ortiz aceptaron un juicio abreviado y fueron condenados por peculado, en un expediente vinculado con el desvío de fondos municipales. La sentencia también dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un elemento que ahora pesa en el escenario institucional que debe analizar la Legislatura.
Con la Cámara lista para retomar el procedimiento que puede terminar con su exclusión, Ortiz optó por no participar de la instancia oral del lunes. Su presentación busca dejar constancia de que considera cerrada la discusión penal que originó la suspensión, pero que no abandona ni la impugnación contra la resolución legislativa ni el reclamo por los haberes que afirma que le corresponden.
