Cristina esperaba una señal de la ONU: qué pasó cuando cerró la sesión
La defensa de Cristina esperaba que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunciara sobre la cautelar para competir en 2027. La sesión cerró y la respuesta no llegó: ahora todos los ojos están puestos en una fecha clave de marzo.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU terminó el viernes su período de sesiones y no emitió ningún pronunciamiento sobre la cautelar que la defensa de Cristina Kirchner presentó para habilitarla a competir en 2027. La expectativa que el cristinismo había alimentado durante semanas quedó, por ahora, sin respuesta.
La ex presidenta había dejado una frase que funcionó como señal: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo en la entrevista que The Washington Post publicó el lunes. Esa nota fue parte de una estrategia más amplia: instalar la vía internacional como eje del debate electoral.
Qué pidió la defensa y por qué
En la causa Vialidad, Cristina fue condenada por administración fraudulenta a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sobre esa condena construyó su denuncia de proscripción y su reclamo para volver a competir en 2027, año en el que las últimas encuestas la ubican bien posicionada.
Incluso si la Justicia argentina mantenía la sanción, sostener el planteo sobre su candidatura le servía para afirmarse como la principal electora del peronismo. La jugada internacional apuntaba a eso.
A fines de julio, en una carta abierta, anunció que acudiría al Comité y que sumaba a su defensa —que encabeza Carlos Beraldi— a “dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim”.
Los antecedentes de ambos explican la apuesta. Borrego redactó un escrito contra la inhabilitación electoral de la dirigente ultraderechista Marine Le Pen, condenada en Francia por malversación de fondos europeos. Valim integró el equipo jurídico de Lula da Silva en la causa Lava Jato, y ese caso es justamente el que cita la defensa: en 2018 el Comité le pidió a Brasil que dejara competir a Lula mientras revisaba su condena, aunque el Tribunal Superior Electoral rechazó igual su candidatura.
La adenda de septiembre y las tres cautelares
El 29 de septiembre la defensa amplió la presentación con una adenda que incorporó documentación surgida del juicio de la causa Cuadernos. Esas planillas mostraban que el grupo empresario de Lázaro Báez había recibido una proporción mínima de los fondos de obra pública, un dato con el que cuestionaron los fundamentos de la condena en Vialidad.
Ante el Comité, con sede en Ginebra, pidieron la revisión de la sentencia y plantearon tres medidas cautelares: una para modificar las condiciones de la prisión domiciliaria, otra para recomponer la integración de la Corte Suprema y la tercera —la de mayor expectativa política— para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Esto debe ser respetado por la justicia argentina”, había sostenido Valim, anticipando un pronunciamiento favorable.
La advertencia que nadie quiso escuchar
El Comité, presidido por el surcoreano Changrok Soh, está integrado por 18 expertos y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cada país. Su segundo período de sesiones del año se extendió del 19 de octubre al viernes 6 de noviembre.
En el entorno de la ex presidenta confiaban en una decisión favorable y hasta circuló la versión de que se conocería antes de la clausura. Pero ante una consulta de la agencia EFE, el organismo fue tajante: “habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”.
Del otro lado interpretaron que esa advertencia aludía a los plazos para resolver la admisibilidad y el fondo, no a las cautelares, que por su carácter urgente podían tener respuesta antes. En el balance de clausura, el Comité informó que tomó decisiones sobre 73 comunicaciones individuales y que aplazó otras 20 por falta de tiempo. El documento no identifica los casos postergados ni menciona el pedido para que Cristina pueda competir en 2027.
El factor tiempo y la interna del peronismo
“Tendremos que esperar a marzo”, se resignaba un dirigente de trato frecuente con la ex presidenta. El Comité volverá a sesionar del 1 al 19 de marzo, poco más de dos meses antes del cierre de listas para las PASO, que caería el 23 de mayo.
En el cristinismo insisten en que, al tratarse de una cautelar, la respuesta podría llegar antes. Pero el organismo arrastra restricciones presupuestarias y en agosto tenía más de mil comunicaciones pendientes.
En público, los referentes alineados con la ex presidenta guardaron silencio. Mantener abierta la posibilidad de una candidatura propia era parte de su estrategia para poner en discusión la proyección nacional de Axel Kicillof y su apuesta por la renovación del peronismo. Ahora el cristinismo tendrá que decidir cuánto de esa estrategia sigue atada a una respuesta de Ginebra.
El sábado, durante la Marcha del Orgullo, un sector de la militancia peronista se desvió hacia San José 1111 y Cristina salió al balcón a saludar. “La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”, había avisado en su última entrevista.
