Cristina y Máximo Kirchner, a días del juicio: los edificios de Río Gallegos y los hoteles que la Fiscalía pone bajo la lupa

El viernes 23 de octubre arranca el juicio oral por Los Sauces, la causa que vuelve a sentar a la expresidenta y a su hijo en el banquillo por el entramado de negocios que la Fiscalía investiga en Santa Cruz. Contratos de obra pública, hoteles administrados por firmas de Lázaro Báez y departamentos alquilados en Río Gallegos son el corazón de un expediente que llega a una instancia decisiva.

La acusación sostiene que compañías beneficiadas con contratos y negocios del Estado habrían derivado parte de esos fondos hacia las sociedades de la familia Kirchner a través del alquiler de propiedades y establecimientos hoteleros. La defensa rechaza esa lectura: afirma que fueron operaciones comerciales legítimas.

El recorrido no empieza en los tribunales de Comodoro Py. Empieza en Santa Cruz, donde se armó buena parte del entramado empresarial que ahora examina la Justicia federal, con operaciones que en muchos casos se concretaron mientras Néstor y Cristina Kirchner ocupaban la Presidencia.

Río Gallegos: los edificios que se construían y se alquilaban dentro del mismo grupo

Dos inmuebles de la capital provincial ocupan un lugar central en Los Sauces: los ubicados en Alvear 391 y Mariano Moreno 882, que pertenecían a la sociedad inmobiliaria de los Kirchner.

Según la investigación, la firma Loscalzo y Del Curto, vinculada a Lázaro Báez, participó en la construcción de departamentos que después se alquilaron a otras compañías del mismo grupo empresario. En esos contratos aparecen Austral Construcciones y Kank y Costilla, empresas que también desarrollaban obra pública en Santa Cruz.

La reconstrucción fiscal calcula que las empresas de Báez pagaron alrededor de 4 millones de pesos de aquella época en alquileres ligados a los edificios de Alvear y Moreno. Para los investigadores, esas operaciones integraban un mecanismo más amplio para transferir fondos a las sociedades de la familia presidencial. La defensa, en cambio, asegura que los contratos eran auténticos, estaban documentados y se abonaban por canales bancarios.

El Calafate: los hoteles y el dinero de la obra pública

El otro escenario clave está en El Calafate, con el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas, establecimientos vinculados a los Kirchner que fueron administrados por empresas relacionadas con Báez.

La compra del Alto Calafate, concretada en 2008, es una de las operaciones que examina el expediente: según la documentación citada por la acusación, la adquisición involucró más de 4,8 millones de dólares, con un importante desembolso en efectivo. Después, Valle Mitre, firma del grupo de Báez, asumió la explotación hotelera.

Los fiscales investigan si compañías que cobraban por obras públicas giraban dinero a Valle Mitre para que pudiera afrontar sus contratos con los hoteles de los Kirchner. Una de las sospechas más fuertes apunta a reservas de habitaciones que, según la acusación, se habrían pagado sin haber sido utilizadas.

La investigación sobre Hotesur abarca más de 28 millones de pesos pagados entre 2008 y 2015 por operaciones vinculadas con los hoteles. Esa parte del expediente tenía un juicio previsto en principio para marzo de 2027, aunque la Fiscalía reclama que se trate junto con Los Sauces.

El número que la Fiscalía marca en la contabilidad: el 88% de los alquileres

Uno de los datos centrales de la acusación surge de las cuentas de Los Sauces. Entre 2009 y 2016, la sociedad facturó cerca de 26 millones de pesos en alquileres. Según la Fiscalía, el 88% de esos ingresos provino de empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, vinculado con Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Para los investigadores, esa concentración comercial, sumada al origen de los fondos y a los vínculos entre las compañías, es un elemento relevante para sostener la hipótesis de lavado de dinero. También se analizan operaciones inmobiliarias en Buenos Aires y alquileres vinculados al hotel La Aldea, en El Chaltén.

La defensa de Máximo Kirchner sostiene que los contratos se pactaron a valores de mercado, que se pagaron los impuestos correspondientes y que las transferencias quedaron registradas en el sistema bancario.

Del caso Vialidad a este juicio

El proceso tiene un hilo directo con otra causa que también tuvo a Santa Cruz como protagonista: Vialidad. En ese expediente, Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados por administración fraudulenta por la adjudicación irregular de obras públicas nacionales en la provincia. La condena contra la expresidenta —seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos— quedó firme en 2025.

Ahora la Justicia deberá analizar otra cosa: si parte del dinero obtenido con negocios con el Estado se incorporó después al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus sociedades hoteleras e inmobiliarias. Un peritaje incorporado a la investigación detectó, en 21 oportunidades, transferencias que vinculaban pagos de obra pública a empresas de Báez con movimientos posteriores hacia compañías de los Kirchner dentro de la misma jornada. La Fiscalía considera esa secuencia una de las pruebas relevantes de su hipótesis de lavado de activos.

Los nombres que llegan al juicio

Entre ambas causas el proceso involucra a 19 acusados. Además de Cristina y Máximo Kirchner aparecen Lázaro Báez, su hijo Martín, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, entre otros. También está imputada Romina Mercado, sobrina de la expresidenta y ex titular de Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 5 había dispuesto dos juicios separados: Los Sauces comenzaría el viernes 23 de octubre y Hotesur el 19 de marzo de 2027. Pero la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si ambos expedientes vuelven a unificarse, como pide el fiscal Diego Velasco. Para el Ministerio Público Fiscal, las operaciones investigadas comparten protagonistas, empresas, movimientos de dinero y un mismo esquema presuntamente delictivo. La defensa de Cristina Kirchner se opone a la reunificación y advierte que podría afectar el desarrollo del proceso.

Santa Cruz, otra vez en el centro de una causa nacional

La historia que llegará a juicio atraviesa algunos de los escenarios más conocidos del poder económico y político santacruceño de las últimas décadas: los edificios de Río Gallegos, los hoteles de El Calafate, las constructoras de Báez y las sociedades de los Kirchner.

A diferencia de Vialidad, donde se juzgó la adjudicación irregular de contratos de obra pública, ahora se buscará determinar si hubo un mecanismo posterior de lavado de dinero a través de negocios privados. La pregunta que deberán responder los jueces es si aquellos alquileres y contratos hoteleros fueron operaciones comerciales legítimas o parte de un sistema para incorporar fondos ilícitos al patrimonio familiar.

Más de una década después de los primeros hechos investigados, Santa Cruz vuelve a ocupar un lugar central en un juicio de repercusión nacional. Y esta vez, además de la expresidenta, Máximo Kirchner enfrentará su primer debate oral como acusado. La responsabilidad penal de los imputados deberá establecerse durante el juicio, con pleno ejercicio del derecho de defensa.