La empresa pidió doce cuotas para pagar los $8 millones que le debía a una empleada despedida. Un juez de Tucumán analizó el pedido y encontró algo que lo convenció de rechazarlo de plano.
Un fallo del fuero laboral de Tucumán puso en jaque uno de los mecanismos que la reforma laboral de este año habilitó para los empleadores condenados. El titular del Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, Carlos Frascarolo, declaró inconstitucional el párrafo del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que permite cancelar una indemnización por despido en cuotas y ordenó a una firma demandada abonar su deuda en un único pago.
El magistrado entendió que esa modalidad de pago alienta el incumplimiento patronal y le da al trabajador despedido un trato desigual y discriminatorio.
El caso detrás de la sentencia
La resolución se dictó en un juicio por cobro de pesos en el que ya existía condena contra la demandada, una empresa dedicada al comercio de calzados. La firma debía pagar a la trabajadora alrededor de $8 millones en concepto de indemnización por despido.
A través de su letrado apoderado, la empleadora pidió autorización para cancelar el capital de la condena en doce cuotas mensuales y consecutivas. Para sostener el planteo invocó el artículo 277 de la LCT, tal como quedó redactado tras la sanción de la Ley N° 27.802, conocida como de Modernización Laboral. Argumentó que integra el segmento MiPyME y que atraviesa una situación financiera delicada por la crisis económica estructural del país y, en particular, del rubro del calzado.
La actora, en cambio, reclamó que se rechazara la petición y que se declarara inconstitucional la norma, por considerarla contraria a varios artículos de la Constitución Nacional y a tratados internacionales de derechos humanos.
Qué analizó el juez
Frascarolo hizo un estudio pormenorizado del mecanismo incorporado al artículo 277 de la LCT por el artículo 56 de la Ley de Modernización Laboral, que reformó distintos institutos de la legislación laboral. Para el magistrado, la norma vulnera derechos y garantías consagrados en los artículos 14 bis (principio protectorio del salario), 16 (igualdad) y 17 (propiedad) de la Constitución Nacional.
También señaló que permitir el pago fraccionado de una indemnización por despido contradice disposiciones de la propia LCT, que garantiza el pago íntegro y en tiempo y forma de esa deuda.
“Esta nueva norma bajo examen resulta incompatible con el principio protectorio y resulta una medida irrazonable que alienta el incumplimiento de la ley, importando un beneficio injustificado para el demandado y un grave perjuicio para la trabajadora, a la que le otorga un trato desigual y discriminatorio incompatible con las garantías constitucionales”, subrayó el juez en la sentencia.
Los argumentos del fallo
Antes de resolver el fondo, Frascarolo dio la razón a la empleada despedida y declaró inconstitucional el párrafo agregado al artículo 277 de la LCT. En primer lugar, remarcó que la demandada no acreditó debidamente en el expediente ni su condición de MiPyME ni una situación económica que justificara el pago en cuotas.
Luego desarrolló una serie de fundamentos para sostener la inconstitucionalidad. Según su criterio, al estar firme la sentencia que reconoce el crédito a favor de la trabajadora, ese dinero ya integra su patrimonio y queda amparado por el derecho de propiedad del artículo 17 de la Carta Magna.
“La posibilidad de que el deudor pueda imponer unilateralmente su pago fraccionado obligaría a la acreedora, contra su voluntad, a permanecer privada de la disponibilidad íntegra de un crédito que ya le ha sido reconocido judicialmente”, aseveró.
En la misma línea, consideró que diferir el pago viola el principio protectorio del artículo 14 de la Constitución Nacional, porque la indemnización en discusión tiene naturaleza laboral y alimentaria. “El mecanismo previsto por la norma termina trasladando a la trabajadora las consecuencias económicas del transcurso del tiempo y, en los hechos, la coloca en la situación de financiar en contra de su voluntad al empleador condenado”, manifestó.
El tercer eje del fallo es la igualdad ante la ley (artículo 16 de la Constitución Nacional). “Coloca en una situación más favorable al empleador que incumplió su obligación y obligó a la trabajadora a recurrir a la vía judicial (...). Quien cumple voluntariamente sus obligaciones no cuenta con tal posibilidad, mientras quien incumple y resulta condenado puede obtener, como consecuencia del proceso, una facilidad de pago que no tenía con anterioridad”, remarcó Frascarolo.
