La Justicia había puesto al abuelo como garantía de una deuda que no era suya. Su jubilación, el alquiler y el cáncer que padece mostraron una cuenta que no cerraba: quedaba bajo la línea de pobreza.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa revocó una sentencia que obligaba a un jubilado de 66 años, retirado de la policía por incapacidad y en tratamiento por cáncer de próstata, a hacerse cargo de la cuota alimentaria de su nieto. Los jueces concluyeron que forzarlo a pagar esa deuda lo hundía por debajo de la línea de pobreza y ponía en riesgo su propia subsistencia.
La resolución, que sienta un precedente sobre hasta dónde llega la solidaridad familiar en plena crisis económica, tuvo como punto de partida un reclamo que en un principio apuntaba a otro lado.
Cómo llegó el caso a la Justicia
Una madre demandó al padre de su hijo para que aumentara la cuota alimentaria. El reclamo se extendió de manera subsidiaria hacia los abuelos paternos. En las instancias previas, la Justicia provincial fijó en 180.000 pesos mensuales lo que debía aportar el progenitor.
Pero ante la posibilidad de que el obligado principal no cumpliera, se le ordenó al abuelo garantizar el pago de la totalidad de la deuda. El mecanismo elegido afectaba hasta el 5% de su jubilación policial.
La defensora civil sustituta Alejandra Arce apeló esa decisión. Sostuvo que la condena era desproporcionada y que los tribunales inferiores no habían evaluado las posibilidades económicas reales del adulto mayor.
Dos derechos vulnerables frente a frente
Los jueces de la Sala A del STJ, Eduardo Fernández Mendía y José Roberto Sappa, analizaron el caso como una tensión entre dos sujetos vulnerables: un niño y un adulto mayor enfermo.
El tribunal reconoció que el Código Civil y Comercial contempla la obligación subsidiaria de los abuelos frente a los alimentos, pero aclaró que esa obligación “no es absoluta”. La solidaridad familiar, advirtieron, no puede funcionar como un ancla que obligue al abuelo a desatender sus necesidades básicas más urgentes.
Los números que pesaron en la decisión
El STJ revisó en detalle las finanzas del jubilado. Con un ingreso mensual de $641.474 (a mayo de 2024), el hombre destinaba $380.000 al alquiler de su vivienda. Si a eso se sumaba el descuento del 5% ordenado por la Justicia ($32.073), le quedaban apenas $229.400 para afrontar todo el mes.
Los magistrados compararon esa cifra con la Canasta Básica Total del INDEC de ese momento y verificaron que el abuelo quedaba casi $50.000 por debajo de la línea de pobreza. El cálculo ni siquiera incluía los gastos médicos elevados que demanda su tratamiento oncológico activo.
“Exigir al abuelo que responda por el total de la cuota adeudada y de manera simultánea limitar su aporte al 5% de sus haberes genera una incoherencia lógica y jurídica”, dictaminaron los jueces.
Con ese argumento, el Superior Tribunal revocó la cuota impuesta al jubilado y fijó una premisa: los abuelos no pueden ser obligados a actuar como salvavidas económico frente al incumplimiento de los padres cuando eso implica empujarlos a ellos mismos a la pobreza.
