Denuncian a César González, jefe de UTA Tucumán, por presunto abuso sexual y extorsión laboral

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, a cargo del fiscal Gonzalo Rodríguez, tiene en sus manos un legajo que apunta directamente al titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia, César González. La carátula es presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado.

La presentación judicial fue impulsada por una mujer que, según el escrito, trabajó para el sindicalista durante más de siete años. La denuncia está patrocinada por los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate.

El inicio de la relación laboral y el control económico

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido por más de siete años. La denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas: su remuneración no provenía de la estructura formal del gremio, sino del peculio personal del denunciado, abonada en su oficina privada.

Ese esquema habría colocado a la mujer en una situación de dependencia económica total. Según la presentación, González ejercía un control absoluto sobre la única fuente de ingresos de su hogar familiar. La denuncia sostiene que el imputado condicionaba de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.

Ante las negativas de la presunta víctima, se habrían desatado represalias económicas sistemáticas: retención y retraso de salarios, postergación de aumentos que sí se aplicaban a otros profesionales y condiciones arbitrarias para el goce de licencias.

La extorsión con la cobertura médica de un familiar discapacitado

Uno de los puntos más graves del escrito apunta al uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la denunciante, quien tiene una discapacidad severa. Según la denuncia, el imputado supeditaba la permanencia laboral de la mujer a la baja de ese beneficio de salud.

Esa situación habría derivado en la renuncia forzada de la damnificada, luego de sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

Los pedidos de protección urgente

La representación legal de la denunciante pidió al fiscal Rodríguez medidas de protección preventiva e "inminente tutela judicial efectiva", invocando "la influencia gremial que ejercería el imputado".

Entre las solicitudes figura una prohibición de acercamiento para González en un radio no menor a 300 metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.

También se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento o intimidación, ya sea de forma directa o por interpósita persona, presencial, telefónica o digital.

Para resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio de su testimonio, la querella pidió con urgencia fijar fecha para su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando el Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

El pedido para intervenir como querellante

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán. La denunciante posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados, lo que le otorga legitimación activa.

La presentación requiere fijar fecha para la suscripción del "poder apud acta" junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.

La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal. Para respaldar esa postura, invoca la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga.

Asimismo, la querella apela a las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, que imponen al Estado un deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género.

GRAVE DENUNCIA EN TUCUMÁN: ACUSAN A UN DIRIGENTE GREMIAL DE PRESUNTOS ABUSOS SEXUALES. Una joven denunció ante la Justicia a un dirigente gremial vinculado al transp. púb. x presuntos reiterados abusos sexuales con acceso carnal pic.twitter.com/DGSzy9UvWb

— Marisa Suarez (@marisaperiodist) October 1, 2026