Denuncian a fiscales del MPA: las causas que nadie quiso investigar y los nombres que quedan en la mira

La detención del exfiscal de Rosario Mariano Ríos Artacho, acusado de liderar una asociación ilícita que vaciaba fondos de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en expedientes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dejó al descubierto fallas profundas en el organismo. Las maniobras se habrían extendido durante al menos siete años sin que nadie las detectara, y paradójicamente ocurrieron dentro de la unidad que investiga delitos económicos.

En ese período pasaron muchas autoridades por la conducción del MPA. La actual fiscal general, María Cecilia Vranicich, estuvo al frente de la Auditoría General de Gestión, el órgano que monitorea el trabajo de los fiscales y puede iniciar procesos disciplinarios. Aun así, las maniobras de Ríos Artacho expusieron la falla de todos los controles.

El caso significó otro golpe para el MPA, que acumula cuestionamientos mientras sus autoridades hablan de una refundación. Los problemas, sin embargo, parecen multiplicarse: hace poco se conoció la destitución de un fiscal y la suspensión por tres meses de una colega por no haber investigado correctamente una denuncia de violencia de género de una mujer que después fue asesinada.

La lupa sobre Ortigala

A esa lista se sumó un pedido de investigación que el Colegio de Jueces de Segunda Instancia le hizo llegar a la Auditoría de Gestión, a la Fiscalía Regional y a la Fiscalía General. En el marco de la causa en la que se condenó al exfiscal Regional Patricio Serjal, reclaman que se investigue la posible omisión de investigar a Mariana Ortigala, extestigo clave condenada por extorsión y estafas inmobiliarias vinculadas a la banda de Los Monos, por parte de los fiscales que tenían sus causas.

Ortigala habría sido informante de un fiscal que luego terminó imputado tras ser denunciado por sus pares Miguel Moreno y Pablo Socca. El Colegio de Jueces quiere saber por qué los fiscales no avanzaron en la imputación de una serie de delitos pese a que existiría evidencia que la vinculaba a Los Monos.

Ortigala fue condenada en un procedimiento abreviado en el que asumió responsabilidad por algunos hechos, pero resta determinar si hubo otras causas por las que debió ser imputada y no lo fue. Entre ellas aparece una posible extorsión al empresario del juego Leonardo Peiti. La investigación apunta a si hubo un tratamiento indebido de los fiscales a cargo de ese expediente. Uno de ellos es Luis Schiappa Pietra, que por entonces trabajaba en las causas donde Ortigala era informante y que fue consolidando su posición dentro del MPA.

El crimen de Pillín

Sobre ese mismo fiscal existirían otros dos pedidos de investigación presentados ante la auditoría por dos abogados de Rosario, por irregularidades en la causa por la muerte del exjefe de la barra brava de Central Andrés "Pillín" Bracamonte. Esa causa había sido asignada primero al fiscal Alejandro Ferlazo, quien luego fue apartado por decisión del Fiscal Regional Matías Merlo. Merlo se la pasó a Schiappa Pietra y a Georgina Pairola, también denunciada por los abogados.

Al menos una de esas denuncias estaría vinculada al manejo irregular, una vez más, de personas presentadas como informantes o testigos protegidos.

Otra fiscal con alto rango dentro del MPA, Alejandra Del Río Ayala, también quedó bajo la lupa: un juez de la provincia pidió investigar su accionar en el marco de una causa por abuso sexual.

El panorama del MPA es inquietante. Hay causas penales que no avanzan sobre fiscales denunciados que ocupan cargos de relevancia dentro del organismo e incluso, en algunos casos, siguen vinculados a las causas por las que se pidió que fueran investigados.