Un abogado misionero denunció el uso de camionetas de la EBY en la fuga de Flávio Bolsonaro y la Justicia lo tuvo rebotando entre juzgados: del de Posadas a la fiscalía de Iguazú y de ahí a Comodoro Py. El argumento que usaron para no atenderlo.
El abogado y dirigente justicialista Lalo Costa de Arguibel presentó una denuncia federal para que se investigue la presunta utilización irregular de recursos humanos y logísticos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el traslado por Misiones y la posterior salida del país de Flávio Bolsonaro. Pero antes de que la Justicia le diera curso, tuvo que atravesar un recorrido de derivaciones que, según su relato, parece más pensado para desalentar que para facilitar el acceso a la Justicia.
La presentación apunta a determinar si unidades móviles y personal de la EBY fueron afectados a un procedimiento clandestino o irregular para llevar rápidamente al hijo del expresidente brasileño desde la zona de frontera hasta el aeropuerto internacional.
Un operativo con aire de película
El episodio que motivó la denuncia tuvo características cinematográficas. De acuerdo con informes de medios internacionales como CNN Brasil, en el operativo habría participado personal de un servicio de inteligencia extranjero, el Mossad.
Costa de Arguibel contó que tomó conocimiento del presunto uso indebido de los vehículos de la EBY a partir de publicaciones periodísticas que revelaron cómo la entidad habría puesto a disposición sus camionetas y su gente para esa maniobra.
«Si eso no es malversación, ¿qué es?»
El dirigente de Convergencia Justicialista fue duro al describir por qué considera que el uso de esos bienes excede cualquier marco legal. «La entidad binacional se rige por el tratado y sus recursos están afectados a las obras de la represa y su hidroeléctrica; no para que se le dé un destino político y se acompañe una fuga desde un centro de frontera hasta un aeropuerto. Si eso no es malversación de recursos públicos, ¿qué es?», planteó.
Además advirtió sobre el riesgo de arrastrar al país a un «quilombo diplomático» por el uso de una estructura binacional en una operación de este tipo.
La indignación por la inacción local
Para el referente justicialista, lo que más le molesta es que en el plano local pareció no pasar nada. «Vinieron, montaron un operativo y utilizaron recursos que no correspondían para propiciar la fuga de un dirigente del país vecino, mientras acá parece que no pasó nada», señaló.
De Posadas a Iguazú y de ahí a Buenos Aires
El camino para formalizar la denuncia estuvo lleno de obstáculos institucionales que, según Costa de Arguibel, «parecen diseñados para desalentar el acceso a la justicia de cualquier ciudadano».
Primero se presentó en el Juzgado Federal de Posadas. Desde allí derivaron el caso a la Fiscalía de Iguazú, que decidió no actuar de oficio y se limitó a responder un correo electrónico en el que le exigía al denunciante que llevara la presentación a otro juzgado federal. El argumento: una supuesta conexidad con una causa contra el presidente Javier Milei.
Para el abogado, esa actitud rozó el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el único afán de «sacarse el tema de encima».
Finalmente, la denuncia recaló en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Secretaría Anexo, en Avenida Comodoro Py 2002, 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
