¿Dónde están los fondos del Puerto? Lapadula exige respuestas al Gobierno

El legislador Matías Lapadula presentó un pedido de informes para que la Provincia explique qué controles realizó sobre el dinero del Puerto de Ushuaia durante la intervención nacional. La iniciativa busca determinar si Tierra del Fuego conoce el destino de los ingresos, gastos y transferencias de la terminal.

El proyecto, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, a la Dirección Provincial de Puertos y a la Fiscalía de Estado, apunta a esclarecer si se requirió información sobre la recaudación, los movimientos bancarios y las posibles transferencias hacia organismos nacionales. La pregunta central es si la Provincia sabe cuánto dinero ingresó y dónde fue a parar.

La iniciativa tiene como antecedente directo la resolución del Juzgado Federal de Ushuaia, que declaró admisible una acción de amparo impulsada por el Diario del Fin del Mundo. El juez Federico Calvete ordenó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) que entreguen documentación sobre la administración de los recursos portuarios durante la intervención.

¿Qué información se reclama?

El requerimiento judicial incluye ingresos, gastos, contrataciones, cuentas bancarias, transferencias, gastos operativos y expedientes administrativos. Se busca establecer cuánto dinero ingresó, en qué cuentas se depositó y cuál fue el destino de las transferencias vinculadas a la AGP.

En sus fundamentos, Lapadula aclara que la resolución judicial no implica, hasta el momento, la existencia de irregularidades. Simplemente busca obtener la documentación necesaria antes de sacar conclusiones.

El proyecto pone el foco en qué hizo la Provincia para controlar la administración económica de la terminal, más allá de las acciones judiciales contra la intervención. El Puerto continuó operando, recibiendo embarcaciones y generando ingresos durante todo ese período.

El origen del pedido

El Diario del Fin del Mundo presentó el 25 de marzo de 2026 un pedido de acceso a la información pública ante la ANPyN para conocer ingresos, facturación, cuentas, gastos, contrataciones y movimientos bancarios. Ante la respuesta insuficiente, el caso llegó a la Justicia Federal.

Lapadula quiere saber si la Provincia conoce el monto total recaudado desde el 22 de enero de 2026, qué cuentas se usaron para depositar tasas y tarifas, y si existieron transferencias hacia la AGP u otros organismos. En ese caso, exige conocer montos, fechas, cuentas de origen y destino, y el fundamento jurídico de esos movimientos.

También pregunta si la Dirección Provincial de Puertos mantiene acceso a la información contable, bancaria y financiera, cuánto estima que debería haber generado la terminal y qué contrataciones se realizaron con esos recursos.

La iniciativa busca determinar si la Provincia, Puertos o Fiscalía de Estado reclamaron rendiciones de cuentas, extractos bancarios, contratos, órdenes de pago y comprobantes de transferencias, y si iniciaron acciones para obtener esa documentación.

Lapadula también consulta si el Ejecutivo planea acceder a la información que ANPyN y AGP deberán presentar ante el Juzgado Federal y si la usará en las causas contra la intervención.

Otro punto clave es preservar un eventual reclamo patrimonial de Tierra del Fuego si se determina que hubo fondos, bienes o recursos administrados sin sustento jurídico suficiente.

El proyecto recién tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria. Si se aprueba, el Ejecutivo deberá responder con documentación respaldatoria dentro de los diez días hábiles de recibido el requerimiento.