Dos causas, dos justicias: la prisión que sigue y el juez que piden sacar en Las Heras
En Las Heras, la Justicia avanza en un expediente y, según la querella, retrocede en otro: mientras un imputado seguirá preso, hay dos funcionarios en la mira por cómo investigan una muerte que conmocionó a la ciudad. El pedido que presentó la familia lo cambia todo.
El abogado querellante Alberto Luciani puso sobre la mesa el contraste entre dos expedientes que conmueven a Las Heras: uno que avanza con la cautela de la Cámara del Crimen de Caleta Olivia y otro que, según su denuncia, se hunde en maniobras de encubrimiento. Lo dijo en La Bisagra, por Tiempo FM 97.5.
Por un lado, el tribunal confirmó que Nelson Ezequiel Saldivia seguirá detenido seis meses más. Es el único imputado por el homicidio agravado de Gimena Extremador.
La defensa pidió la excarcelación y no prosperó
La resolución llegó cuando la defensa ya había reclamado la libertad de Saldivia al cumplirse casi tres años desde su detención. Ese planteo incluso había tenido el respaldo del fiscal de Cámara.
Sin embargo, el tribunal que preside el juez Mario Albarrán, con la secretaria Analía Monsalvo, hizo lugar a los argumentos de la querella y al testimonio de Gabriela Extremador, madre de la víctima.
Según Luciani, la Cámara sostuvo dos presupuestos procesales: el riesgo de entorpecimiento de la investigación y un peligro de fuga latente. Recordó que Saldivia fue apresado cuando intentaba dejar la localidad con un bolso cargado de ropa, y que varios testigos expresaron temor por su propia integridad y por la de los tres hijos menores de Gimena en caso de que recuperara la libertad.
El debate oral, antes de cuatro meses
El abogado explicó que la decisión apunta a concretar el juicio oral antes de los cuatro meses, una vez terminadas las pericias pendientes. Para Luciani, el resultado se explica por la solidez técnica del planteo y por la movilización de los vecinos de Las Heras, sumada a la cobertura de los medios.
Si se lo declara culpable, Saldivia enfrenta la única pena prevista para los delitos imputados: prisión perpetua.
Martina Ríos: la querella apunta contra el juez y el fiscal
La otra cara de la jornada judicial se vive en los mismos estrados que investigan la muerte de Martina Ríos, la joven de 22 años que falleció tras un incendio intencional en su vivienda de Las Heras.
La querella, que representa a Cintia Fernández, madre de la víctima, formalizó el pedido de apartamiento del juez Eduardo Quelín —a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1— y del fiscal Ariel Candia. Considera que ambos incurrirían en un presunto encubrimiento en favor de Enzo Acosta, expareja de la joven y único sobreviviente del siniestro.
Luciani calificó las irregularidades como contrarias al sentido común y a los protocolos nacionales e internacionales en materia de violencia de género y femicidios.
Según relató, existe una pericia oficial de las fuerzas de seguridad que determinó de manera categórica que el fuego fue intencional, iniciado debajo de la escalera con un acelerador. Aun así, la instrucción impulsó medidas para responsabilizar a la propia víctima o a factores fortuitos.
Entre los ejemplos, mencionó la solicitud fiscal de analizar si el siniestro pudo originarse por un sahumerio o por alguno de los animales rescatados que Martina cuidaba en su casa.
Acosta, libre y sin imputación formal
Para la querella resulta inadmisible que Acosta siga en libertad y sin haber sido imputado formalmente, cuando las pruebas objetivas indican que el foco ígneo bloqueó la única vía de escape desde la planta alta donde estaba la joven. El sospechoso, que se encontraba en la planta baja, sufrió apenas quemaduras leves de grado uno y dos.
Luciani también denunció un trato revictimizante hacia la madre de Martina en sede judicial, donde se le habría sugerido empatizar con el sufrimiento de la familia del sospechoso.
El reclamo que viene
Ante la falta de respuesta a los reiterados pedidos de detención e imputación, y frente al riesgo de que la demora diluya pruebas irreproducibles, la querella presentará una queja formal ante el Juzgado de Recursos de Caleta Olivia, órgano con superintendencia sobre el juzgado lasherense. Además, avanzará con una denuncia administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
Así, mientras una familia sostiene la expectativa de justicia tras tres años de espera, otra litiga contra la propia estructura judicial para que un presunto femicidio no quede en la impunidad.
