El banco que captaba datos biométricos de paraguayos: la trama que ahora salpica a Milei

La crisis del Ueno Bank en Paraguay dejó al descubierto una red donde conviven tecnomagnates, gobiernos y financistas de la ultraderecha, con ramificaciones que llegan a la Argentina.

El colapso del banco digital paraguayo no fue solo un terremoto financiero que afectó a media población del país. Según analistas políticos latinoamericanos, fue la punta del iceberg de un ecosistema donde operan actores políticos, económicos y dueños de las grandes tecnológicas, cada vez más influyentes en la región.

La advertencia surgió en una cumbre de académicos organizada la semana pasada en Río de Janeiro por el Conservatorio Latinoamericano (Conlat), un grupo que integran las universidades Di Tella (Argentina), el Colegio de México, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y la Universidad de los Andes (Colombia).

El dato que encendió la alarma

El verdadero negocio de los dueños del Ueno Bank no era bancario, sino la captura de datos biométricos de millones de paraguayos para armar una gran base de datos nacional y explotarla comercialmente. Así lo afirmó Jorge Schreiner, presidente del Banco Central de Paraguay, en el Senado de su país el 9 de noviembre.

“No eran banqueros; eran gente administradora de bases de datos”, disparó Schreiner, quien también cuestionó la exigencia de datos biométricos para operar en grandes eventos: sostuvo que no tiene sentido pedir el “rostro” de una persona para transacciones en moneda local.

La declaración llegó cuando los paraguayos todavía intentaban reponerse de un trauma que había golpeado a media población. El gobierno de Santiago Peña se había derrumbado, el exvicepresidente Pedro Alliana asumió el poder y, días después, el nuevo titular del Banco Central salió a revelar la verdadera naturaleza del negocio.

Peter Thiel, el magnate que pasó por Asunción

Seis meses antes del colapso, Peter Thiel, dueño de Palantir, había estado en Asunción reunido con Peña. Poco se sabe de ese encuentro, confirmado por el expresidente en sus redes sociales, donde se refirió al inversor como “uno de los inversionistas más visionarios del mundo”.

Lo mismo ocurre con todos los encuentros del magnate con jefes de Estado y dirigentes políticos de América Latina: la información es escasa. La crisis paraguaya y el entramado que la rodeó fue uno de los ejes del debate en el Conlat.

Bernabé Malacalza, investigador del Conicet, de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de posgrado de la Universidad Di Tella, puso el foco en los vínculos financieros: “Se pudo saber en estos días que el Ueno Bank auspició la cena de gala de la Hispanic Prosperity en Mar-a-Lago, financia y tiene vínculos con Latino Wall Street [que, a su vez, tiene vínculos con CPAC] y, a su vez, financió al diario La Derecha Diario, de Negre y Cerimedo. Es decir, hay una red de financiamiento político al núcleo de esta internacional de derecha, donde están [el presidente argentino, Javier] Milei y Eduardo Bolsonaro”, opinó.

Ciudades privadas: el experimento libertario

Además de cultivar relaciones cercanas —y opacas— con gobiernos de la región, los tecnomagnates promueven enclaves privados en países como Honduras, Venezuela y Nicaragua, y podrían desembarcar pronto en Uruguay y la Argentina.

Svenja Blanke, directora de la oficina de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Uruguay, advirtió que estas tecnociudades representan “un dilema enorme para los Estados latinoamericanos interesados en inversiones y desarrollo”.

“No se debe ver solamente la parte económica, sino también el tema de su lógica neocolonialista y antidemocrática. Esto muestra cómo la soberanía estatal está experimentando profundas alteraciones, favoreciendo a actores no estatales del Norte Global”, analizó Blanke.

En su artículo “América Latina, laboratorio de las ciudades privadas”, publicado en la revista Nueva Sociedad, la investigadora menciona los casos de Próspera, Veritas Village, CryptoCity, Praxis y Xcity.

“Estos enclaves privados son experimentos, hábitats artificiales para el empresariado y las start-ups ‘libres’ que pretenden desarrollarse sin estar sujetas a leyes y obligaciones estatales. Las ciudades privadas al estilo de Próspera, en Honduras –probablemente el modelo más conocido–, atraen a dueños de start-ups tecnológicas, fanáticos de las criptomonedas, transhumanistas o biohackers y, sobre todo, a libertarios que no desean pagar impuestos. Según sea el punto de vista, estos experimentos pueden considerarse disruptivos o visionarios, pero son, ante todo, libertarios y profundamente neocolonialistas: el Estado en cuestión queda anulado mediante contratos privados; se trata de islas altamente desarrolladas en medio de regiones más pobres”, agregó.

Próspera es administrada por la empresa estadounidense Honduras Próspera Inc. y está ubicada en la isla de Roatán. Según informó la compañía, alrededor de 1700 personas ya obtuvieron su residencia pagando un impuesto único de 5000 dólares.

“La tasa de impuesto asciende al 1% de los ingresos brutos de una empresa, mientras que, a escala nacional, la misma tasa es de aproximadamente 25%. Próspera fue legalizada por Honduras como zona económica especial en 2017. No está obligada a cumplir con las leyes hondureñas y tiene la facultad de establecer su propio sistema jurídico, sus propios tribunales, su propia policía, así como sus propias leyes fiscales y normas”, detalla Blanke en su artículo.

La ciudad laboratorio entró en litigio con el gobierno de Xiomara Castro a partir de 2022 y el caso sigue sin resolución. El cambio de gobierno en Honduras en 2026 podría inclinar la balanza a favor de Próspera, un proyecto en el que participa Titus Gebel, fundador de la Free City Foundation y defensor de “ciudades-Estado” de gestión privada que escapan al control democrático.

Vigilancia estatal: los números que asustan

Mientras se multiplican proyectos que parecen de ciencia ficción, crece la vigilancia estatal sobre los ciudadanos de América Latina. Los datos del proyecto colombiano Sistemas de Algoritmos Públicos, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, presentados en el Conlat, son contundentes: hoy existen 1085 sistemas de inteligencia artificial documentados en entidades públicas de la región.

De ese total, el 77% procesa datos personales; el 45% de los sistemas de IA en funcionamiento apoya prácticas estatales de vigilancia; y el 31% corresponde a reconocimiento facial (265 sistemas), la aplicación de IA más frecuente en el sector público de la región.

Palantir, la empresa de Thiel, está presente en Ecuador y Colombia, y existen negociaciones con la Argentina, Chile y Paraguay.

“En Colombia, Palantir prestó servicios al gobierno nacional durante la pandemia a través de una plataforma llamada Palantir Foundry, para ayudarlos a integrar sistemas de información sobre temas de salud para el control de la pandemia. Hubo muchas dudas sobre si esa información se estaba usando solo para temas de salud o si realmente se estaba utilizando para otros fines. Estamos en un escenario de máxima desprotección, tanto para el ciudadano como para los propios Estados. Porque los Estados están recibiendo un caballo de Troya: suena muy atractivo poder utilizar todas estas herramientas para cruzar mucha información y sacar más conclusiones sobre diferentes bases de datos, pero, al mismo tiempo, te vuelves muy dependiente de la empresa de tecnología”, explicó Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

En tiempos de expansión de gobiernos de derecha y extrema derecha en la región, la presencia de los tecnolibertarios y sus conexiones con la política es una cuestión que exige atención, sobre todo por su mirada sobre la democracia, vista por muchos de ellos como un obstáculo para sus proyectos y para las sociedades que imaginan. La reunión del Conlat emitió una alerta ante lo que considera más que señales: hechos concretos con impacto concreto en los países latinoamericanos.