El campo argentino se queda sin recambio: los que quieren sembrar no tienen a quién pedirle plata

La política argentina ya empezó a moverse detrás de un número que no para de crecer: en 2027, los votantes de entre 16 y 35 años representarán el 39,1% de la población, unos 14,4 millones de personas. Pero hay otro dato que nadie discute en los actos de campaña y que también debería pesar en la agenda: en el campo, apenas uno de cada diez productores tiene menos de 40 años.

El último Censo Nacional Agropecuario —con las observaciones que se le quieran hacer— registró que solo el 11% de los productores y socios de explotaciones a nombre de personas no llegaba a las cuatro décadas de edad. El envejecimiento del sector no es una novedad, pero sí una urgencia que la política todavía no termina de asumir.

La distancia entre ambos mundos se nota en las urnas. En las legislativas de 2025, más de un tercio de los jóvenes de 18 a 30 años directamente no fue a votar: fue el nivel de ausentismo más alto de los últimos ocho años. Una respuesta lógica de quien no encuentra en la oferta electoral nada que le hable de su vida concreta.

¿Qué le ofrece el Estado al que recién arranca?

La pregunta de fondo es simple y difícil: ¿qué tiene para darle el gobierno argentino a quien quiere continuar con el campo familiar o empezar desde cero, alquilando tierra y comprando un equipo usado?

Crédito hay. Este año los bancos ofrecieron líneas en dólares a tasa cero para maquinaria. Son herramientas válidas, pero están pensadas para quien ya tiene historia bancaria y garantías. El que arranca no tiene ninguna de las dos cosas. Y a nivel nacional no existe un instrumento que reconozca al joven que se instala como una figura propia, con reglas propias.

Otros países resolvieron ese vacío hace tiempo. Y con gobiernos de signos muy distintos.

Brasil, España, Estados Unidos y Francia: qué hicieron

Brasil tiene desde 2003 una línea específica de crédito para jóvenes rurales. En el plan de la campaña 2026/27, el tope del Pronaf Jovem subió de 35.000 a 50.000 reales y la tasa bajó del 3% al 2% anual. Además, la sucesión rural pasó a ser uno de los ejes del plan. El instrumento nació en el primer gobierno de Lula y siguió vigente con Dilma, Temer y Bolsonaro: atravesó gobiernos de izquierda y de derecha sin desaparecer.

España enfrenta un problema parecido al argentino. Su ministro de Agricultura advirtió este año que dos de cada tres titulares de explotaciones estarán en edad de jubilarse en 2030. Hoy el país destina unos 200 millones de euros anuales a la incorporación de jóvenes y negocia ante la Unión Europea para que el 10% de la próxima Política Agraria Común se reserve para el relevo generacional, contra el 6% que propone la Comisión. El bloque europeo, a su vez, se fijó el objetivo de duplicar la proporción de jóvenes agricultores antes de 2040.

Estados Unidos tiene una categoría legal propia: el Beginning Farmer, aquel que lleva diez años o menos al frente de un campo. Para ellos hay préstamos directos y garantizados, programas de capacitación con más de 44 millones de dólares en 2026, y la ley aprobada en julio del año pasado les otorgó hasta 15 puntos adicionales de subsidio en la prima del seguro agrícola durante sus primeros años.

Francia promulgó en marzo de 2025 una ley de orientación agrícola dedicada al relevo generacional, con una meta explícita: contar en 2035 con al menos 400.000 explotaciones y 500.000 agricultores. Fue una promesa de Emmanuel Macron en la campaña de 2022, y esa bandera tuvo mucho que ver con que se convirtiera en el primer presidente francés reelecto en veinte años, desde Chirac en 2002.

Las tres lecciones que dejan esas experiencias

Más allá de las diferencias, los países con gobiernos de signo muy distinto llegaron a conclusiones parecidas.

La primera: el joven productor existe para la ley. Es sujeto de la política agrícola, tiene una definición, y a partir de esa definición se construyen el crédito, el seguro y la capacitación. Sin definición no hay política posible.

La segunda: el problema no pasa solo por los recursos económicos, sino por la tierra y la transición. El que empieza necesita acceso al campo; el que se retira necesita una salida ordenada. Ahí hay trabajo jurídico y fiscal concreto por hacer: arrendamientos de largo plazo con incentivos, planificación sucesoria, mecanismos que permitan el ingreso gradual de la generación siguiente.

La tercera: la continuidad. El Pronaf Jovem sobrevivió a gobiernos de uno y otro signo. Las ayudas europeas a la instalación llevan décadas. Una política de relevo que dura un solo mandato no es una política de relevo.

Una agenda posible para la Argentina

El país tiene piezas sueltas que podrían ordenarse sin necesidad de grandes presupuestos. Una definición legal del joven productor. Una línea de primera instalación respaldada por los fondos de garantía que ya existen, para cubrir justamente lo que el que empieza no tiene. Incentivos para que el productor que se retira arriende o transfiera a quien recién arranca. Y conectividad, escuelas, salud y servicios en los pueblos, porque nadie se queda a producir donde no puede vivir.

Nada de esto es patrimonio de un partido. Es la agenda del interior productivo. Quien pretenda el voto de los jóvenes en 2027 va a tener que explicar qué piensa hacer con los que quieren quedarse en el campo. No solo por ellos, sino porque es una deuda con un interior que hoy está sembrado de taperas y de pueblos que se vacían.

Abogado y productor agropecuario. Ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.