El clan Barakat vuelve a la mira de la Justicia: 14 nombres y un casino en el centro del expediente
La Justicia Federal de Iguazú volvió a apuntar contra el clan Barakat y sus millonarias operaciones en un casino de la zona. Son 14 los inhibidos, pero el expediente guarda un dato sobre el cruce de la frontera que complica a uno de los nombres fuertes.
La Justicia Federal de Puerto Iguazú volvió a poner el foco sobre el clan Barakat. El juez Marcelo Cardozo prorrogó por un año la inhibición de bienes y activos de Alí Hassan Barakat y de otras trece personas de origen sirio libanés a las que se vincula con el grupo Hezbollah, según informó El Territorio.
La medida alcanza a 14 ciudadanos de origen libanés, alcanzados por la prórroga de inhibición de bienes y activos ordenada por el Juzgado Federal. El pedido de congelamiento lo había elevado la Unidad de Información Financiera (UIF), que lo fundamentó en «la subsistencia de las circunstancias que dieron su origen a las medidas y que aún resta la realización de tareas investigativas oportunamente ordenadas».
En la resolución se especifica que los involucrados «están vinculados al Hezbollah o Partido de Dios también conocido como Jihad Islámica».
El casino, eje de la causa
Uno de los puntos centrales del expediente pasa por el movimiento de dinero en el Casino Iguazú Gran Resort, de HCI SA. Los antecedentes reunidos, según el juzgado, «revelan un volumen significativo y reiteradas operaciones económicas y financieras» con intervención de los investigados, con características que motivaron distintos reportes de operaciones sospechosas.
El Juzgado Federal de Iguazú precisó que entre 2013 y 2015 se registró el 80,9% de los movimientos considerados de los investigados, y que el 92,8% de ellos correspondió al denominado Clan Barakat. En ese período, el grupo adquirió fichas por 12.332.702,61 dólares.
Ya en julio de 2018, un informe de la UIF había determinado que 14 personas —entre ellas Barakat—, sin actividad económica declarada en la Argentina, cobraron u$s10 millones (o $102.812.668) en fichas en un casino local durante los seis años anteriores.
El circuito del dinero
La maniobra reconstruida indicaba que los libaneses cruzaban desde Ciudad del Este el Puente de la Amistad hacia Brasil y luego el Puente Tancredo Neves hacia la Argentina, hacían negocios en la casa de apuestas y volvían. Así, una y otra vez.
Después giraban el dinero a Medio Oriente, principalmente al Líbano, a través de Western Union.
Solo Alí Hassan Barakat cruzó la frontera 620 veces entre 2015 y 2017. En cada paso no declaró, como exige la ley, el monto que llevaba. Y cada vez que quiso ingresar al VIP del casino «depositó» u$s50.000 y reportó ganancias de $11.743.733 para el clan.
La sombra de Nisman y la Amia
El primo de Alí, Assad Ahmad Barakat, considerado líder del clan, no solo envió dinero en los años 90 a la Organización del Mártir para ayudar a los huérfanos del Hezbollah. Según lo consignado por el fiscal Alberto Nisman, además habría entrado en contacto con Salman Raouf Salman, uno de los ocho sospechados por el atentado a la Amia.
Quién es Assad Barakat
Las investigaciones señalan que el clan está encabezado por Assad Ahmad Barakat, nacido en Líbano en 1967 y considerado por Estados Unidos como un operador financiero clave y financista global de Hezbollah.
Sus actividades ilícitas están vinculadas al financiamiento del grupo terrorista desde la Triple Frontera, con contrabando, falsificación de documentos —como pasaportes paraguayos—, extorsión, tráfico de armas y drogas y lavado de dinero.
En cuanto al financiamiento de Hezbollah, se estima que el clan habría enviado decenas de millones de dólares a la organización en Medio Oriente: unos 250.000 dólares mensuales, utilizando fachadas comerciales en Ciudad del Este (Paraguay) y casinos en Puerto Iguazú, donde se detectó el lavado de aproximadamente 10 millones de dólares.
Assad Barakat fue detenido en Foz de Iguazú (Brasil) en septiembre de 2018 y posteriormente extraditado a Paraguay en 2020 por casos de falsificación y evasión. También fue investigado y sancionado por lavado de dinero mediante negocios de fachada y operaciones millonarias en casinos, contrabando, falsificación de documentos y financiamiento del terrorismo.
El 8 de abril de 2021 fue condenado en Paraguay a 2 años, 6 meses y 17 días de prisión mediante un procedimiento abreviado. Como ya tenía compurgada la pena por el tiempo que estuvo detenido previamente, se ordenó su libertad inmediata y su expulsión de Paraguay hacia Brasil a través del Puente de la Amistad.
Una historia ligada al delito
Los expedientes reconstruyen que Assad Ahmad Barakat es un ciudadano libanés nacionalizado paraguayo, identificado por agencias de inteligencia internacionales como el principal operador financiero y logístico de Hezbollah en América Latina. Su base de operaciones se concentró históricamente en la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.
Nació el 25 de marzo de 1967 en Rohtlitine, Líbano. Huyó de la guerra civil libanesa a mediados de los 80 y se asentó en Ciudad del Este. Junto a su familia construyó un emporio de locales comerciales —como la Galería Pagé— dedicados a la importación y venta de electrónica e informática, que servían como fachada para recaudar fondos.
Se calcula que envió cerca de 50 millones de dólares a los líderes de Hezbollah en el Líbano. Por eso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó «Terrorista Global Especialmente Designado» en 2004. Diversos informes de inteligencia también lo vincularon con el apoyo logístico en los atentados de Buenos Aires contra la Embajada de Israel (1992) y la Amia (1994).
En 2002 fue detenido en Brasil tras fugarse de Paraguay y luego extraditado a suelo paraguayo, donde cumplió una condena de 6 años por evasión de impuestos y robo de identidad. En 2018, tras obtener de forma irregular un nuevo pasaporte paraguayo pese a que su nacionalidad civil había sido revocada, se emitió una orden de captura internacional en su contra. La Policía Federal de Brasil lo arrestó en Foz de Iguazú en septiembre de ese año.
En julio de 2020, la Justicia brasileña completó su extradición a Paraguay, donde enfrentó cargos por falsificación de documentos públicos e ideológica y quedó bajo estricta vigilancia por sus nexos con el crimen organizado transnacional.

