El Colegio de la Abogacía le apuntó al Superior Tribunal por el nuevo horario del expediente digital
¿Quién responde cuando un expediente necesita una presentación y el sistema ya no habilita el ingreso? El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos cuestionó el límite horario que fijó el Superior Tribunal y pidió revertirlo.
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos salió a cuestionar la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de ponerle un límite horario a las presentaciones electrónicas, y reclamó que la medida se revierta. Para la entidad, no se trata de un retoque administrativo menor: sostiene que afecta el funcionamiento cotidiano de la justicia.
El presidente del Colegio, Santiago Esquivel, fue categórico al calificar la restricción como un retroceso para la justicia digital. Su planteo apunta a que los trámites no queden atados a una franja horaria que, según el sector, termina complicando el acceso.
El problema no es solo el reloj
La discusión de fondo excede el horario. Hoy los escritos se cargan por sistema, los plazos corren sin pausa y los profesionales necesitan previsibilidad para organizar su trabajo. Con una ventana horaria cerrada, la pregunta que sobrevuela es qué pasa cuando un expediente requiere una presentación y el sistema no habilita el ingreso.
En una provincia donde las distancias todavía pesan, el acceso digital a la justicia funciona como una herramienta concreta para que abogados, litigantes y justiciables no pierdan tiempo por cuestiones operativas. Limitar el horario puede presentarse como una forma de ordenar el sistema, pero también corre el riesgo de transformarse en un obstáculo nuevo para quienes dependen del expediente electrónico.
Un reclamo con eje en el servicio público
Desde el Colegio remarcaron que su postura no responde a un capricho corporativo. Cuando un organismo profesional califica una norma como retroceso, plantea un problema que toca al servicio de justicia: si el sistema digital se impone como vía de presentación, debe estar a la altura de esa exigencia y no cargarse con restricciones que frenen el trabajo diario.
El Superior Tribunal de Justicia no dio su versión sobre la medida en el marco del reclamo. En ese silencio, la discusión se instala en un punto sensible: la modernización judicial no puede confundirse con una reducción del acceso. Si el objetivo es ordenar las presentaciones electrónicas, la respuesta debería ser técnica, clara y compatible con el derecho a litigar sin obstáculos innecesarios.
El debate queda abierto: si la justicia entrerriana avanza hacia la digitalización, las reglas de presentación tienen que ser claras, previsibles y compatibles con el acceso a los trámites. El reclamo del Colegio de la Abogacía puso ese tema sobre la mesa.
