El decreto que cambia el futuro de la Ruta 3 en Santa Cruz ya está publicado
Un decreto publicado este viernes metió a la Ruta 3 en el esquema de concesiones privadas. Qué dice la norma sobre los peajes en Santa Cruz y qué falta definir antes de que se cobre un solo peso.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su política de concesiones viales: un decreto publicado en el Boletín Oficial habilitó que tramos de rutas nacionales pasen a manos de empresas privadas mediante el cobro de peajes, y la Ruta Nacional 3 aparece entre los corredores alcanzados.
La norma, identificada como Decreto 1358/2026 y difundida este viernes 13 de noviembre, abarca el recorrido de esa ruta por Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. La medida se enmarca en el programa "Red Federal de Concesiones", con el que el Ejecutivo busca sumar nuevos corredores al esquema de gestión privada.
El texto contempla que las firmas adjudicatarias se ocupen de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de brindar servicios a los usuarios.
Según la normativa, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá un plazo de 12 meses para llamar a una licitación pública nacional e internacional.
Sin embargo, la publicación no implica que los peajes comiencen a cobrarse de inmediato: aún resta definir los tramos exactos, las condiciones de los contratos y las empresas que podrían quedar al frente de cada corredor.
Por qué la Ruta 3 es clave para Santa Cruz
En territorio santacruceño, la Ruta Nacional 3 funciona como uno de los principales ejes de comunicación terrestre. Por allí circulan personas, mercaderías y servicios a lo largo de más de 800 kilómetros.
La traza conecta el norte provincial —desde el límite con Chubut y la zona de Caleta Olivia— con localidades como Fitz Roy, Tres Cerros, Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena, hasta llegar a Río Gallegos y el paso fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond.
Son aproximadamente 818 kilómetros de recorrido provincial que atraviesan una zona estratégica para la actividad económica, turística y productiva. La ruta también permite conectar localidades, acceder a servicios y sostener el abastecimiento de distintos puntos del territorio.
Por eso, cualquier cambio en su administración y mantenimiento puede tener consecuencias directas para la economía provincial y para quienes usan el corredor a diario.
¿Habrá peajes en Santa Cruz?
El interrogante central que abre la decisión es si los futuros contratos incluirán estaciones de peaje dentro del territorio santacruceño.
Por ahora, el decreto no fija ubicaciones de puestos de cobro ni tarifas para los usuarios. Tampoco determina que la totalidad de la Ruta 3 en Santa Cruz quede bajo concesión privada.
La Secretaría de Transporte deberá definir los sectores que integrarán cada corredor, con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad. La normativa permite que las concesiones abarquen rutas completas o solo determinados tramos, siempre que no estén incluidos en contratos vigentes.
Habrá que esperar los pliegos de licitación para conocer cuáles serán los sectores alcanzados y bajo qué condiciones se permitirá el cobro de peajes.
El impacto en el transporte y la economía
La eventual implementación de peajes en la Ruta 3 también abre un debate sobre los costos que podría generar para quienes utilizan el corredor.
El transporte de cargas, las empresas vinculadas a la actividad petrolera, los servicios de pasajeros y los particulares son usuarios habituales de esta vía. Si se establecen cobros, esos gastos podrían sumarse a los costos logísticos y repercutir en el traslado de mercaderías y servicios.
En una provincia extensa como Santa Cruz, donde las distancias entre localidades son importantes y existen pocas alternativas para conectar el eje atlántico, el valor de circular por la ruta será uno de los aspectos centrales a seguir.
Al mismo tiempo, el esquema de concesiones plantea otra cuestión: qué obras deberán realizar las empresas privadas a cambio de administrar los corredores y cobrar peajes. El mantenimiento de la calzada, la reparación de sectores deteriorados, la señalización y las condiciones de seguridad serán fundamentales para evaluar el alcance de los futuros contratos.
Qué falta definir
El próximo paso será la elaboración de los informes técnicos y los pliegos de licitación. Allí deberán establecerse los tramos comprendidos, las obligaciones de las empresas concesionarias, las inversiones previstas, los mecanismos de control y las condiciones económicas del servicio.
La Dirección Nacional de Vialidad continuará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la supervisión y el control de los contratos que se firmen.
Para Santa Cruz, la discusión estará centrada en conocer qué sectores de la Ruta 3 quedarán alcanzados, qué obras se exigirán y cuánto podría costar circular por uno de los principales corredores de comunicación de la provincia.
La decisión de Nación abre así una nueva etapa para el futuro de las rutas nacionales y pone bajo la lupa el sistema de mantenimiento y financiamiento de una infraestructura esencial para la integración territorial y el desarrollo económico de Santa Cruz.
