El entuerto judicial que complica el traslado de Urribarri y Báez

La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, rechazó los pedidos de los abogados de Sergio Urribarri y Pedro Báez para que los trasladen de la Unidad Penal N° 1 de Paraná a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. El argumento de la magistrada: en su juzgado todavía no recibió la sentencia firme ni el cómputo de las penas.

Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue condenado a 8 años de prisión en el Megajuicio, mientras que Báez, su exministro de Cultura y Comunicación, recibió una pena de 6 años y 6 meses. Ambos están alojados en la cárcel de Paraná desde el sábado, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos extraordinarios y las condenas quedaran firmes.

¿Quién define los traslados?

El conflicto surgió porque el Servicio Penitenciario advirtió que la Unidad Penal N° 1 está superpoblada y no podía alojar a los condenados, por lo que sugirió derivarlos a Gualeguaychú. Sin embargo, la jueza Bértora sostiene que no puede expedirse sobre esa cuestión hasta que reciba la documentación necesaria para iniciar la ejecución de la pena.

“En el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a mi cargo, no se ha recibido sentencia y cómputo”, afirmó la magistrada en su resolución. Y agregó que la solicitud de traslado “ya fue receptada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones”, que deberá informarle cuándo corresponde intervenir.

La defensa de Báez había planteado un riesgo para la salud y la integridad de su cliente. “La pretensión se sustenta en la amenaza grave, inminente y actual sobre el derecho fundamental a la vida, la salud y la integridad personal”, argumentaron los abogados, y reclamaron una respuesta urgente.

El pedido de detención inmediata

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, había ordenado la detención inmediata de Urribarri, Báez y del cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, también condenado a 6 años y 6 meses. En esa resolución, se dispuso que los tres fueran alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Además, el tribunal pidió al Servicio Penitenciario que realice un exhaustivo examen de salud de los condenados al ingresar, para garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos y la provisión de medicación.

Mientras tanto, la situación sigue sin definirse: la jueza Bértora espera la documentación, las defensas reclaman una decisión y los condenados permanecen en una cárcel que, según el Servicio Penitenciario, no tiene lugar para ellos.