El geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte: quién paga los meses que la dueña lleva tras las rejas
Una residencia sin habilitación, siete adultos mayores rescatados y una puerta con candado. A tres meses del incendio, la dueña sigue presa, pero la Fiscalía ahora mira los pagos que entraban al lugar y una derivación que podría cambiar todo.
A más de tres meses del incendio que expuso el funcionamiento de un geriátrico clandestino en José Gollán al 10.100, barrio Nuevo Horizonte, la causa sigue abierta y ahora apunta a los movimientos de dinero. La propietaria continúa en prisión preventiva, el encargado recuperó la libertad con medidas alternativas y la Fiscalía no descarta que la investigación termine en manos de la Justicia Federal.
El fuego se desató el 29 de julio y obligó a la policía a entrar al inmueble, donde funcionaba una residencia para adultos mayores sin las habilitaciones que exige la ley. En ese operativo se rescató a siete personas que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad. Primero fueron alojadas en el Hogar Beata Clara.
El fiscal regional Jorge Nessier repasó por LT10 el estado del expediente: los imputados, las diligencias pendientes y la chance de que el caso se amplíe por el trabajo coordinado entre la Justicia provincial y la Federal.
Dos imputados, dos realidades procesales
La primera detención fue la del hombre que oficiaba de encargado. Quedó imputado por privación ilegítima de la libertad. Según la hipótesis que describió Nessier, el sospechoso habría trabado la puerta con un candado y se habría ido a hacer trámites mientras los residentes seguían adentro. Después salió en libertad bajo medidas alternativas, pero sigue vinculado al proceso.
Más tarde se presentó la dueña del lugar, María Laura Milia Gamboa. Quedó detenida e imputada por abandono de personas, y la Justicia le dictó la prisión preventiva que se mantiene hasta hoy.
Para el fiscal, las condiciones del inmueble eran incompatibles con las necesidades de quienes vivían allí, sobre todo porque varios tenían patologías físicas o médicas que demandaban cuidados puntuales. "Aparentemente todo indica que no habían recibido ni la alimentación ni los controles médicos adecuados", sostuvo.
La pista del dinero y las derivaciones
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) no se queda solo con la responsabilidad de quienes estaban al frente de la residencia. Ahora sigue el rastro de las transferencias y los pagos que los alojados le hacían a la titular del establecimiento.
La otra pregunta que intentan responder es si hubo derivaciones de adultos mayores —o de personas en situación social compleja— desde áreas municipales o sanitarias hacia este tipo de lugares. Nessier contó que algunos de los rescatados estaban en situación de calle y que el pago por el alojamiento podría haber salido de pensiones o asistencias económicas del Estado.
Por ahora no aparecieron otros responsables con injerencia directa en el día a día del lugar. El fiscal aclaró que la pesquisa sigue y que analizar los movimientos económicos y las derivaciones va a llevar tiempo.
Qué pasó con el juicio abreviado
Las partes hablaron de la posibilidad de cerrar el caso con un procedimiento abreviado. Nessier confirmó esas conversaciones, pero remarcó que hoy no hay ningún acuerdo en marcha. La propuesta de la defensa contemplaría una condena de prisión de ejecución condicional. Las charlas, dijo, se mantienen bajo confidencialidad y la calificación legal de los hechos no cambió.
Como parte de las medidas, los fiscales entrevistaron a los siete adultos mayores rescatados para conocer su estado sanitario y social. En algunos casos viajaron hasta San Javier para hablar con ellos en persona. También les consultaron sobre la propuesta de la defensa. Nessier insistió en que ese procedimiento no está activo.
La sombra de la trata y el fuero federal
Uno de los frentes que podría cambiar el alcance de la causa es la Justicia Federal. El fiscal confirmó que llegaron denuncias a ese fuero que mencionan las mismas conductas y a las mismas personas que se investigan en el expediente provincial.
Por eso el MPA empezó a coordinar reuniones con fiscales federales para cruzar información y armar una línea de trabajo común. Algunas de esas denuncias hablan de un posible caso de trata de personas, una calificación que habilitaría la intervención federal. Igual, aclaró que no hay definiciones: primero hay que analizar los elementos que reunieron ambas jurisdicciones.
"Cualquier definición hoy es prematura, tendrá que ver con el avance de esta investigación conjunta que estamos realizando", afirmó.
La causa sigue abierta
Pasados los tres meses del incendio, la investigación avanza con la recolección de información y el análisis de la documentación sobre los movimientos económicos del establecimiento. Cuando termine el seguimiento de transferencias y pagos, los fiscales definirán los próximos pasos, eventualmente junto con la Justicia Federal.
Nessier no descartó nuevas medidas ni convocar a más personas si aparecen elementos que lo justifiquen. Mientras la propietaria sigue en prisión preventiva y el encargado continúa sometido al proceso bajo medidas alternativas, el MPA intenta reconstruir cómo funcionaba la residencia y hasta dónde llegan las responsabilidades.
