Seis proyectos del RIGI ponen sobre la mesa más de 4.700 millones de dólares para Catamarca. El plan que acaba de entrar a la Legislatura no apunta a frenar esa plata, sino a que no se vaya entera: cuánto tiene que contratar la minería en la provincia y quién controla que se cumpla.
El diputado provincial Mamerto Acuña logró que cinco proyectos de ley suyos tomen estado parlamentario en la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados. Todos juntos forman el plan integral de gestión pública bautizado "Que se quede en Catamarca", una batería de normas para que el crecimiento minero se traduzca en contrataciones, empleo y empresas locales, y no solo en anuncios de inversión.
El paquete fija reglas para las contrataciones, crea herramientas de desarrollo productivo para las pymes y refuerza los mecanismos de transparencia y control sobre la actividad. La meta declarada es que el avance del sector tenga un efecto concreto en la economía de la provincia.
El punto de partida: 4.700 millones de dólares que no bastan
Según los fundamentos de las iniciativas, Catamarca atraviesa una expansión de inversiones mineras sin precedentes. Seis proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representan más de 4.700 millones de dólares atribuibles a la provincia.
Pero Acuña advierte que ese volumen de dinero no asegura por sí mismo que las contrataciones, los puestos de trabajo y las oportunidades de desarrollo queden en territorio catamarqueño. Por eso plantea pasar de los anuncios a políticas públicas que permitan medir, exigir y promover resultados.
“Catamarca no puede conformarse con ser el lugar donde se extraen los recursos mientras las oportunidades de trabajo, los contratos y el desarrollo empresarial terminan beneficiando a otras provincias”, es la frase que atraviesa las cinco propuestas.
Uno por uno: los cinco proyectos
1. Régimen Provincial de Proveedores y Empleo Minero Catamarqueño. Es la columna vertebral del paquete. Busca dar fuerza de ley al Registro de Proveedores de Empresas Mineras (Re.P.E.M.) y obligar a las mineras a contratar al menos el 70% de sus obras, bienes y servicios con proveedores inscriptos. También fija cuándo una empresa puede considerarse realmente catamarqueña: establecimientos operativos en la provincia, tributar localmente, mayoría de socios catamarqueños y al menos un 70% de personal provincial. Suma prioridades para firmas de los departamentos donde se desarrollan los emprendimientos y de jurisdicciones vecinas.
Para los proyectos que no están en el RIGI, la norma prevé integrar los planteles con un mínimo de 70% de trabajadores catamarqueños, planes bienales de empleo y contratación, cronogramas públicos de compras y auditorías. Los incumplimientos contemplan sanciones económicas, aunque admite excepciones si la empresa acredita que no hay oferta local disponible y que hizo esfuerzos para desarrollarla. En los proyectos adheridos al RIGI, en cambio, se respeta la estabilidad comprometida por la Provincia mediante la Ley 5.863 y se plantean mecanismos voluntarios de adhesión, con metas públicas e incentivos fiscales para quienes alcancen determinados porcentajes de contratación y empleo local.
2. Programa Provincial de Desarrollo de Proveedores Mineros Catamarqueños. Apunta a fortalecer a las pymes para que compitan en mejores condiciones por los contratos del sector. Incluye diagnósticos empresariales gratuitos, aportes no reintegrables de hasta el 70% para certificaciones de calidad, ambiente y seguridad, líneas de crédito con tasas bonificadas, capacitación con la Universidad Nacional de Catamarca y las escuelas técnicas, y herramientas para promover la asociatividad entre empresas locales. El financiamiento saldría de una suma equivalente al 3% de las regalías que le corresponden a la Provincia, sin afectar los recursos de departamentos y municipios, con una cuenta presupuestaria específica y rendiciones semestrales ante las comisiones legislativas.
Acuña sostiene que las regalías también deben servir para construir una economía que se sostenga más allá de la explotación de los recursos naturales. La idea es que las empresas catamarqueñas desarrollen capacidades y se consoliden como proveedoras incluso cuando los proyectos mineros terminen su actividad.
3. Ronda Anual de Negocios Minera de Catamarca. Obligaría al Estado provincial a organizar al menos una vez por año encuentros entre las compañías mineras y los proveedores locales, con sede alternada entre la Capital y los departamentos mineros. Participarían cámaras empresariales, sindicatos, universidades, escuelas técnicas y municipios. El Gobierno debería publicar anticipadamente las necesidades de compra de las empresas y luego informar a la Legislatura cuántas reuniones se hicieron, qué contratos se concretaron, por qué montos y en qué rubros todavía no hay oferta provincial.
La iniciativa toma experiencias de otras jurisdicciones y busca evitar que las oportunidades comerciales de los grandes proyectos se canalicen solo a través de encuentros organizados fuera de Catamarca. Para el diputado, el Estado debe asumir un rol activo como articulador entre las inversiones que llegan y el entramado productivo local.
4. Tablero Público de Empleo y Compras Mineras. Una herramienta de transparencia para conocer trimestralmente, y por cada emprendimiento, cuántos trabajadores hay, de qué departamento provienen, cuál es la participación de mujeres, los niveles de calificación y las contrataciones a proveedores catamarqueños. También se publicarían los compromisos de contratación local asumidos por los proyectos del RIGI.
Según Acuña, hoy falta información pública, sistematizada y accesible para saber el verdadero impacto de la minería en el empleo y en las empresas. Recuerda que varios pedidos de informe anteriores no obtuvieron respuestas claras y sostiene que buena parte de esos datos ya están en poder del Estado: el desafío es publicarlos periódicamente y garantizar el acceso de la ciudadanía.
5. Fortalecimiento de la Comisión Bicameral de Minería y Desarrollo. Le otorga más atribuciones para controlar y seguir de cerca la actividad: proyectos mineros y sus compromisos de inversión, empleo y contrataciones locales, regalías, fideicomisos, uso del agua, cuestiones ambientales, seguridad laboral y el funcionamiento de empresas estatales del sector como CAMYEN e YMAD.
Entre las herramientas figuran informes semestrales obligatorios de los ministerios de Minería, Hacienda, Ambiente y Trabajo, audiencias públicas en los departamentos mineros, la posibilidad de pedir auditorías al Tribunal de Cuentas y la presentación de informes en minoría. La comisión debería constituirse en un plazo de treinta días y mantiene la presidencia en manos de la oposición, como garantía de un control legislativo independiente.
Una misma estrategia en cinco dimensiones
Acuña remarcó que no se trata de proyectos aislados sino de una estrategia común para que la minería genere beneficios sostenibles en Catamarca. El planteo articula cinco ejes: reglas claras para las contrataciones, preparación de las empresas locales para competir, espacios de vinculación comercial, transparencia de la información y fortalecimiento del control institucional.
“Queremos que cuando se hable de minería en Catamarca, no solamente se hable de millones de dólares de inversión, sino también de cuántas empresas catamarqueñas trabajan, cuántos puestos de empleo se generan para nuestra gente y cuánto de esa riqueza queda en nuestros departamentos”, sintetizó el diputado.
Acuña también buscó despejar cualquier lectura de que las propuestas frenan las inversiones o modifican la estabilidad de los proyectos del RIGI. El esquema respeta los compromisos asumidos por la Provincia y apuesta a incentivos voluntarios para elevar los niveles de contratación local en esos emprendimientos.
