El salario "empató" con la inflación, pero el 33% de lo que ganás ya no alcanza para lo mismo

La remuneración mediana de los trabajadores privados registrados creció 327,1% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, apenas por debajo del 335,9% que acumuló la inflación general. Ese empate técnico del 2% esconde otra historia: cuando se mide contra lo que los hogares no pueden dejar de pagar —tarifas, servicios, transporte, prepaga—, el poder de compra se derrumba hasta un 33%.

Los números del segundo trimestre de 2026 muestran el resultado en la actividad: el consumo privado cayó 2,4% desestacionalizado y el PIB retrocedió 0,6%, según el INDEC. La paradoja entre salarios que parecen estabilizados y una demanda interna que no arranca se explica por el descalce de precios relativos.

Por qué la mediana y no el promedio

Para leer los ingresos laborales hay que sacar del medio al salario promedio y mirar la mediana: el punto que parte en dos mitades iguales a los trabajadores registrados en el SIPA. En un mercado con alta dispersión, la distribución se estira hacia la derecha: una base amplia de ingresos medios y bajos convive con una cola chica de sectores muy bien pagos —minería, hidrocarburos, bancos, jefaturas— que empuja la media aritmética hacia arriba sin mover un peso el bolsillo del trabajador típico.

La mediana, inmune a esos valores extremos, sí refleja la verdadera capacidad de pago. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 pasó de $407.782 a $1.741.545. Deflactada por el IPC nacional, la serie convencional arroja $1.777.435 contra $1.741.545: una diferencia de apenas -$35.890.

La canasta que se mide con el mapa de 2004

El segundo problema está en el denominador. El IPC vigente pondera el gasto de los hogares según la ENGHo de 2004/2005, con ponderaciones relativas actualizadas en diciembre de 2016. Bajo esa estructura, alimentos y bebidas pesan 26,9% de la canasta nacional, vivienda, agua, electricidad y gas 9,4%, y transporte 11%. Los servicios explican cerca de un tercio del índice general.

Pero los hogares urbanos cambiaron en dos décadas. La ENGHo 2017/2018 —ya con casi diez años encima— muestra alimentos en 22,7% (cuatro puntos menos), vivienda y servicios básicos en 14,5% y transporte en 14,3%, unos ocho puntos más en total. En octubre de 2025 el INDEC anunció un IPC actualizado con la nueva encuesta desde las mediciones de enero de 2026, pero la implementación quedó postergada.

El resultado es un sesgo de medición: el Nivel General sobrepondera bienes que perdieron peso en el presupuesto familiar y subrepresenta servicios que ganaron participación y ajustaron por encima del promedio. Deflactar los ingresos solo con el índice general subestima la contracción real de la capacidad de gasto.

Tres formas de medir, tres realidades distintas

Aplicando distintas aperturas del IPC sobre la misma serie nominal de remuneraciones medianas entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la brecha queda expuesta:

Nivel General (-2,0%): el salario mediano tocó un piso real de $1,57 millones en diciembre de 2023, se recuperó y superó brevemente el punto de partida hacia fines de 2024 ($1,83 millones), para estabilizarse en $1,74 millones en agosto de 2026.

Servicios (-28,9%): con precios sectoriales 38% por encima del nivel general desde diciembre de 2023, la serie cae casi sin interrupción durante 33 meses y marca su mínimo en julio de 2026 ($1,73 millones). Con el salario de agosto se compra apenas el 71% de los servicios que se adquirían en noviembre de 2023.

Regulados (-32,9%): con tarifas y prestaciones 46% arriba del índice general desde diciembre de 2023, el salario mediano tocó su piso recién en mayo de 2026 ($1,72 millones) y cerró agosto sin señales de reversión. El poder de compra en este segmento equivale al 67% del registrado al inicio del período.

El gasto que no se puede recortar

Desde las finanzas de los hogares, el empate frente al IPC general no tiene correlato en la liquidez disponible. Energía eléctrica, gas, agua, transporte público, telecomunicaciones, medicina prepaga y educación son gasto comprometido de baja elasticidad: se pagan al inicio del mes y admiten poco margen de recorte.

Cuando esas obligaciones crecen más de 500% frente a ingresos nominales que avanzan 327,1%, la porción del salario absorbida por costos fijos se agranda. Lo que queda para consumo masivo, comercio minorista, bienes durables o ahorro se comprime. A eso se suma la caída de la masa salarial: el empleo asalariado privado registrado bajó 4,3% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, unos 274.000 puestos formales menos. Menos trabajadores con menos excedente libre explican la debilidad del consumo que muestran las cuentas nacionales.

Cuatro límites a tener en cuenta

Cobertura laboral: el SIPA releva solo asalariados privados registrados; quedan afuera el sector público, los independientes y el trabajo informal.

Heterogeneidad por deciles: la estructura de gasto cambia según el nivel socioeconómico. Los hogares de menores ingresos destinan más proporción a alimentos, por lo que su inflación efectiva tiende a parecerse más al Nivel General que la de los segmentos medios urbanos.

Naturaleza del ajuste tarifario: buena parte del salto en regulados responde a la corrección de precios relativos tras años de atraso y subsidios. El origen sea fiscal o no, el impacto sobre el presupuesto familiar es el mismo.

Uso complementario: deflactar por categorías específicas no reemplaza al IPC general como medida agregada, pero funciona como indicador adelantado de elasticidad de demanda para los sectores expuestos al gasto discrecional.

La distancia entre una caída real del 2,0% y una contracción de entre 28,9% y 32,9% cambia la lectura del ciclo. Mientras la recomposición de tarifas y servicios siga absorbiendo el margen de los salarios formales, la recuperación del consumo interno chocará contra una restricción presupuestaria estructural. Publicar el índice oficial con ponderadores actualizados y desagregaciones por estructura de gasto permitiría medir ingresos y demanda con métricas consistentes.