El Senado aprobó un régimen clave para proveedores mineros: arranca desde los USD 12 millones
Economía · San Juan

El Senado aprobó un régimen clave para proveedores mineros: arranca desde los USD 12 millones

El Senado aprobó un régimen que baja el piso de inversión a USD 12 millones para las empresas que abastecen a la minería. Los proveedores sanjuaninos piden pista, pero hay un requisito que todavía les queda lejos.

El Senado de la Nación le dio media sanción en la madrugada de este viernes al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una herramienta pensada para que las empresas proveedoras de la minería puedan ampliar su capacidad productiva. La votación fue contundente: 60 votos a favor y solo dos en contra.

La iniciativa apunta a cubrir un segmento que hasta ahora quedaba afuera del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): las inversiones productivas de escala intermedia, con un piso de USD 12 millones.

Para San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias donde la minería mueve la aguja, la discusión tiene un peso propio. Los grandes proyectos extractivos necesitan estructuras metálicas, componentes electromecánicos, sistemas de bombeo y maquinaria: bienes que hoy podrían fabricarse localmente.

Qué beneficios trae el nuevo régimen

El proyecto contempla una serie de incentivos fiscales para las compañías que inviertan y cumplan con las condiciones previstas. Los principales son la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA.

Además, establece una estabilidad de 30 años para los beneficios tributarios reconocidos. La idea es dar previsibilidad a firmas que deben desembolsar sumas importantes antes de empezar a recuperar lo invertido.

Hay que aclarar algo: estos incentivos no son subsidios directos ni garantizan el acceso al financiamiento bancario o la adjudicación de contratos comerciales. Lo que buscan es mejorar las condiciones tributarias para que las empresas puedan invertir y crecer.

Otro punto del proyecto es el compromiso de destinar al menos el 20% de determinadas contrataciones a proveedores nacionales, sujeto a las condiciones establecidas. Esto podría abrir oportunidades para la industria local, aunque no implica una preferencia automática por empresas radicadas en las provincias mineras.

RIIR y RIGI: dos herramientas complementarias

Aunque ambos regímenes buscan promover inversiones productivas, tienen destinatarios distintos. El RIGI, ya vigente, fija un monto mínimo general de USD 200 millones, con exigencias superiores para ciertos sectores, y está pensado para grandes proyectos con beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.

El RIIR, en cambio, baja el umbral a USD 12 millones, con excepciones para casos puntuales, y se orienta a inversiones de escala intermedia.

En materia tributaria, los dos contemplan amortización acelerada y estabilidad por 30 años. La diferencia aparece en el IVA: el RIGI otorga beneficios mediante certificados de crédito fiscal, mientras que el nuevo proyecto propone la devolución anticipada. También hay una brecha en los beneficios aduaneros, ya que el RIIR no incorpora un esquema equivalente al del RIGI.

La intención oficial es que ambos instrumentos funcionen de manera complementaria: uno para atraer los grandes proyectos mineros y otro para facilitar las inversiones de las empresas que necesitan prepararse para abastecerlos.

El desafío de las pymes proveedoras sanjuaninas

El gran interrogante es si las empresas locales podrán aprovechar las nuevas condiciones. Si bien los USD 12 millones representan una reducción importante respecto del RIGI, sigue siendo un monto elevado para buena parte de las pequeñas y medianas compañías proveedoras.

Por eso, los beneficiarios directos del RIIR serían principalmente empresas industriales con capacidad de inversión para ampliar plantas, incorporar maquinaria, desarrollar nuevas líneas de producción o alcanzar certificaciones internacionales.

Las firmas más chicas podrían verse favorecidas de forma indirecta si las compañías de mayor escala amplían sus cadenas de contratación y necesitan sumar nuevos proveedores.

En San Juan, donde el desarrollo de grandes proyectos de cobre puede incrementar la demanda de bienes y servicios especializados, fortalecer esa cadena productiva es uno de los ejes centrales de la discusión.

Claro que los incentivos fiscales por sí solos no garantizan que las empresas locales puedan competir con fabricantes internacionales. El acceso al crédito, la tecnología, los estándares de calidad y la capacidad de cumplir con los plazos de entrega seguirán siendo factores determinantes.

Con la media sanción del Senado, el RIIR dio su primer paso legislativo. Si logra la aprobación definitiva, sumará una herramienta para incentivar inversiones industriales que podrían acompañar el crecimiento minero argentino. Para San Juan y el resto de las provincias vinculadas a la actividad, el desafío será transformar esa oportunidad en mayor capacidad productiva, participación empresarial y empleo local.

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