El Senado debate la reforma de salud mental: el giro de último momento que cambió el texto

El Senado entró en la madrugada de este viernes en la discusión de la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), un proyecto que el Poder Ejecutivo envió con la intención de modificar el marco vigente, pero que llegó al recinto con cambios de fondo respecto del texto original.

La sesión ya llevaba más de ocho horas cuando, pasadas las 22.30, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, anunció la limitación de los tiempos de exposición para los oradores. El objetivo: acelerar el tratamiento de un dictamen que sigue generando resistencias.

El texto que finalmente se discute

El proyecto que el oficialismo impulsó en comisión hace dos semanas sufrió modificaciones hasta minutos antes del inicio del debate, con el fin de conseguir los votos necesarios para su aprobación. El resultado es que la versión que pasará a Diputados ya no es la que redactó la Casa Rosada.

El cambio más significativo: se mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios, tal como estableció la ley sancionada en 2010 durante el kirchnerismo. La internación, además, seguirá considerándose una medida de carácter excepcional.

Las voces que piden garantías

La iniciativa genera resistencia entre varios senadores. El peronista disidente Guillermo Andrada (Catamarca) reconoció la voluntad de consensuar del oficialismo, pero fue contundente: “no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos”.

Andrada también reclamó garantías de financiamiento por parte del Estado nacional y recordó que una de las causas del fracaso de la ley kirchnerista fue, precisamente, la falta de presupuesto. “No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente”, afirmó.

En la misma línea se expresó el misionero Carlos Arce, quien apoyó el pedido de financiamiento nacional para las provincias y destacó “la enorme importancia de una evaluación clínica integral”, una instancia que se incorporó al texto durante la discusión entre los bloques.

Qué establece la reforma

El proyecto busca actualizar el marco regulatorio para garantizar la protección integral de la salud mental, con pautas específicas para prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria en todo el país. Define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y parte de la presunción legal de capacidad de todas las personas.

También reafirma la prohibición de formular diagnósticos basados en criterios discriminatorios —como estatus socioeconómico, pertenencia cultural, identidad sexual o demandas familiares— y establece que la existencia de un diagnóstico no implica por sí misma presunción de riesgo ni restricción de la capacidad.

En cuanto a los equipos de atención, la asistencia deberá estar a cargo de profesionales interdisciplinarios que incluyan obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. Como innovación, se autoriza la intervención remota del psiquiatra mediante teleconsultas sincrónicas cuando no sea posible garantizar su presencia física en determinadas jurisdicciones.

Internaciones: reglas más estrictas

La internación solo procederá cuando ofrezca mayores beneficios que los abordajes ambulatorios. Para evitar la institucionalización indefinida, desde el primer día de diagnóstico deberá elaborarse un plan de egreso que integre la historia clínica, y se fija un límite de 180 días para considerar una internación como prolongada, lo que activa la intervención de oficio del Órgano de Revisión.

Las internaciones involuntarias exigirán la verificación de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, evaluado bajo un criterio situacional e interdisciplinario con la firma de dos profesionales. Estas medidas deberán notificarse en un plazo máximo de 24 horas al juez competente y al órgano de revisión, y el magistrado tendrá tres días para convalidar la medida, requerir peritajes adicionales o disponer la inmediata externación.

Las internaciones deberán realizarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, y se prohíbe expresamente la creación de nuevos manicomios o el desarrollo de prácticas manicomiales.

Derechos y financiamiento

El proyecto reconoce la facultad de fijar directivas anticipadas sobre tratamientos futuros y adecuar el consentimiento informado a pautas de pleno discernimiento. También contempla el derecho de los familiares a recibir psicoeducación y apoyo, y establece la obligación legal de los representantes o allegados de presentarse al momento del alta para acompañar la externación.

Para la franja infantojuvenil y el abordaje de consumos problemáticos en menores, se fijan salvaguardas específicas: atención en dispositivos diferenciados de los adultos, restricción de internaciones en unidades de adultos solo para casos excepcionales y por el tiempo mínimo, y garantías de autonomía progresiva, derecho a ser escuchado y no criminalización del consumo.

Por último, se incorpora un esquema de financiamiento federal: el Estado nacional brindará asistencia técnica y económica a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante convenios bilaterales, coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA). Los recursos se destinarán prioritariamente al fortalecimiento de personal, desarrollo de telemedicina, dispositivos comunitarios y partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud de la Nación.