La interna de Unidos por las leyes de seguridad le pega de lleno a la política que más le importa al vecino: la que define cómo se combate el delito en su barrio. El Ejecutivo puso un límite y el socialismo ya avisó que no votará así. Qué pasa si el jueves no hay acuerdo.
El radicalismo y el socialismo, los dos pilares de Unidos, tienen menos de 48 horas para destrabar el paquete de leyes de seguridad que el Ejecutivo quiere votar el jueves en Diputados. Pero el nudo no pasa solo por los artículos en disputa: lo que se juega es el mecanismo con el que la coalición procesó sus diferencias desde que gobierna.
La sesión del jueves pasado fracasó y, desde entonces, las conversaciones —según el Ejecutivo— corren entre legisladores radicales y socialistas. El sector de Antonio Bonfatti asegura que el diálogo nunca se cortó y que trabaja para aprobar las reformas con cambios, en contacto con la otra pata del socialismo, la que encabezan Clara García y Joaquín Blanco, históricamente más dura en la negociación.
En el entorno del gobernador hay enojo y una frase que funciona como límite: “El que define la política de seguridad es el Ejecutivo”.
Quién manda en seguridad
Ahí está parte del conflicto. Pullaro entiende que el rumbo de la seguridad le corresponde por conocimiento del tema y por los resultados que exhibe. El PS, que tiene más diputados que el radicalismo, reivindica su derecho a discutir las herramientas que necesitan aprobación legislativa.
“El socialismo nunca será empleado. Sí socio, aliado”, sintetiza una fuente de la conducción partidaria.
Hasta ahora, incluso en las peleas más ásperas de la reforma constitucional, todo se resolvió puertas adentro: cada socio cedió algo. Esta vez la exposición pública encareció las concesiones. Para el gobernador, modificar bajo presión equivale a aceptar límites a su autoridad. Para el socialismo, votar sin cambios después de las descalificaciones es aceptar la subordinación que rechaza.
Qué dice el paquete que traba todo
El proyecto ingresó en mayo y amplía herramientas de investigación y actuación policial, reforma el régimen penitenciario y refuerza otros instrumentos de persecución del delito. Los puntos calientes: intervenciones especiales en zonas de alta violencia, allanamientos inmediatos en determinadas circunstancias y obtención de información policial sin abogados defensores presentes. También incluye disposiciones sobre internos de alto perfil, recompensas y juicios en ausencia.
La semana pasada avanzaron los capítulos de celulares robados y defensa pública, pero quedó pendiente el corazón del asunto, el que enfrenta a los dos socios principales.
El gobierno sostiene que necesita celeridad frente a organizaciones que se reacomodan. Federico Angelini, del Ministerio de Seguridad, lo explicó en Radio 2 con casos concretos: entrar a un barrio donde crece la violencia, actuar ante una persona armada detectada u obtener datos en los primeros minutos después de un homicidio. Desde esa lógica, cada demora legislativa tiene costo operativo.
El socialismo objeta garantías y controles. Una fuente del PS apunta a las declaraciones sin defensor y al alcance de las intervenciones territoriales. Distingue entre mandar efectivos a controlar un barrio y habilitar procedimientos que alcancen indiscriminadamente a sus habitantes. “Hasta en el barrio más peligroso del mundo, la mayoría es gente honesta”, plantea.
También discute que aprobar el paquete sea condición excluyente para seguir obteniendo resultados. Reconoce que algunas medidas pueden ayudar, pero afirma que ya hay herramientas para operativos e investigación. Otra diferencia de fondo: para el Ejecutivo las reformas profundizan la política en marcha; para el PS, esa necesidad no justifica aprobarlas así.
El enojo de la Casa Gris
En Seguridad rechazan que la urgencia sea una excusa para disciplinar aliados. Recuerdan que el proyecto lleva casi seis meses en la Legislatura y que hubo múltiples intentos de negociación, incluidos los de los diputados radicales José Corral y Martín Rosúa. “Las bandas no esperan dictámenes”, sintetiza una fuente del área, que acusa al socialismo de demorar el tratamiento y advierte que cada postergación les da margen a las organizaciones para reorganizarse y atacar.
La semana extra concedida para discutir, dicen, demuestra disposición al diálogo. Pero hay un límite: una cosa es introducir modificaciones y otra, “destruir el espíritu de la ley”. Si se cruza esa línea, prefieren quedarse con las herramientas actuales.
El enojo también apunta a los interlocutores que el PS sumó en comisión. En el pullarismo acusan al socialismo de haberles dado voz a abogados penalistas vinculados a intereses de las organizaciones criminales que buscan recuperar terreno. “El problema es que el socialismo puso de voceros a los abogados de los tipos que quieren recuperar poder”, dispara un funcionario muy cercano al gobernador. Otro integrante del grupo dice que el PS jugó a “detonar” la iniciativa, algo que calificó como “una locura total” por la valoración pública de las políticas de seguridad.
Desde esa lectura, el PS enturbió la discusión al presentar las nuevas facultades como riesgo de descontrol policial. El gobierno reivindica, al contrario, una supervisión más estricta sobre la fuerza y la ata a los resultados obtenidos.
La presión sube de tono
El lunes, en Radio 2, Angelini elevó la apuesta: acusó a quienes resisten de demorar herramientas necesarias por razones ideológicas, contrastó las “discusiones universitarias” con el trabajo de un equipo profesional y recordó los malos números de seguridad de las gestiones socialistas. Además, vinculó la disputa con el riesgo de nuevas muertes.
Ese mismo día, Pablo Javkin respaldó las leyes y pidió celeridad a la Legislatura. El socialismo puede quedar más aislado en su resistencia, pero conserva el peso parlamentario para impedir un acuerdo dentro del oficialismo.
Voceros cercanos a la conducción del PS consideran que Angelini cruzó un límite. Leen su intervención como parte de una avanzada para desgastarlos y advierten que, lejos de facilitar el entendimiento, lo volvió más difícil.
El malestar no implica decisión de romper. Lo que sí fijan es que no votarán las leyes tal como están.
Los canales que siguen abiertos
Desde el bonfattismo cuestionan lo que leen como un planteo de “todo o nada” del Ejecutivo. “En todas las leyes algo modificamos”, recuerdan. Piden una revisión más amplia y discutir punto por punto qué herramienta se busca y cómo debe funcionar.
A la vez, reivindican la responsabilidad de integrar una coalición de gobierno y evitan dar por agotada la relación. Su insistencia en que habrá solución puede leerse como apuesta a preservar el método de acuerdos de Unidos, aunque las posiciones públicas parezcan alejarse.
El interrogante es si esas conversaciones pueden producir una propuesta que el Ejecutivo acepte. Por ahora, desde el entorno del gobernador remiten a los contactos entre legisladores y a las reuniones que los ministros ya mantuvieron. No hay confirmado un nuevo encuentro político para cerrar diferencias: habrá que esperar hasta última hora del miércoles o la primera del jueves.
Qué pasa si el jueves no hay ley
¿Qué hará el Gobierno si las reformas vuelven a quedar pendientes? “Seguiremos pidiendo las leyes”, responde un funcionario cercano a Pullaro. ¿Y el socialismo? “El socialismo deberá explicar su posición”.
La respuesta anticipa que el Ejecutivo no piensa absorber en silencio otra frustración. Los más duros del gobierno creen que habrá que dejar claro que, en ese caso, el socialismo jugó con el peronismo. Es decir, con la oposición o “el kirchnerismo que gobernó Santa Fe con récord de homicidios”, como describió Pullaro este martes en Buenos Aires cuando le preguntaron por un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza, posibilidad que no descartó.
Esa declaración acaso reforzó sospechas de dirigentes socialistas que se preguntan si la “vocación hegemonista” que le atribuyen al pullarismo busca subordinarlos dentro de Unidos o empujarlos afuera para abrazarse a los libertarios.
