En San Juan ya mandan audios con la voz de tu familiar: no es él, es una IA

Una investigación de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) puso bajo la lupa el avance del ciberdelito en San Juan y encontró una modalidad que inquieta: delincuentes que clonan la voz de familiares o amigos para enviar audios falsos y hacerlos pasar por reales. El trabajo lo dirigió Graciela De Cara, al frente del Grupo de Investigación Fundacional de la Escuela de Seguridad de la UCCuyo, dependiente del Instituto de Investigación de Seguridad y Criminalística (IISCRI).

La inquietud que motorizó el estudio no es casual. Según la investigadora, la tecnología avanza a un ritmo que también transforma las formas de delinquir. "En San Juan, como en todas partes del mundo, hay un crecimiento en el uso de la tecnología. Ya estábamos viendo venir el tema de la inteligencia artificial también. Esto lleva a solucionarnos la vida, pero también a complicarnos un poco la vida con el aumento de los delitos cibernéticos", planteó De Cara.

El ranking que arrojaron las encuestas

Para llegar al diagnóstico, el equipo combinó encuestas, entrevistas a actores vinculados a la problemática y un relevamiento de las normas y políticas públicas vigentes en ciberseguridad. El relevamiento incluyó 463 encuestas a ciudadanos sanjuaninos durante 2025.

De ese universo surgió un podio de maniobras: el 34% de los casos correspondió a fraudes con tarjetas, cerca del 33% a accesos indebidos a cuentas personales y el 20% a suplantación de datos. Los adultos mayores aparecen como uno de los sectores más golpeados.

De Cara trazó una comparación que ayuda a entender el fenómeno: las estafas virtuales actuales son una versión digital del clásico "cuento del tío", ese engaño que antes se hacía cara a cara y que ahora se concreta por otros canales.

La voz del familiar que nunca habló

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue cómo la inteligencia artificial se metió dentro de las maniobras de engaño. Los delincuentes pueden reproducir la voz de personas cercanas a la víctima y mandar mensajes de audio que parecen auténticos.

"Copian la voz de los familiares o de los amigos y mandan audios como si fueran reales", describió la directora del estudio. Con esa herramienta, distinguir el engaño se vuelve mucho más difícil: ya no alcanza con desconfiar de un mensaje de texto o un mail, porque ahora el gancho es una voz conocida.

La exposición, aclaró la investigadora, no se limita a un solo grupo de edad. Los adultos mayores requieren atención por las dificultades que pueden tener para reconocer ciertas amenazas digitales; los jóvenes, por la inexperiencia, la curiosidad y la facilidad con la que quedan expuestos.

"Hay poca conciencia en la población y tampoco una política de prevención", sostuvo De Cara, que ubicó el punto de partida de la capacitación en los hogares, con extensión a las escuelas y las organizaciones comunitarias.

Más de 5.300 causas en un año

El estudio también midió el tamaño del problema con datos oficiales. La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público Fiscal, creada el 26 de febrero de 2024, registró más de 5.300 causas ingresadas en su primer año de funcionamiento. Las proyecciones iniciales hablaban de entre 2.700 y 2.800 casos anuales: la realidad las superó con creces.

Para De Cara, la evolución observada indica que los hechos habrían seguido creciendo, al punto de estimar que la cifra inicial se habría triplicado, aunque sin un registro estadístico actualizado que permita precisar ese incremento.

El panorama dialoga con lo que el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, declaró a mediados de octubre pasado: desde 2024 se producen entre 200 y 250 delitos informáticos por mes en la provincia. El funcionario también había marcado la dificultad de investigar maniobras que involucran personas y movimientos de dinero en distintas jurisdicciones, y la necesidad de coordinar acciones entre organismos provinciales, nacionales y entidades especializadas.

Un Estado que llega tarde

Otro eje del trabajo fue la respuesta institucional. De Cara reconoció que hay interés creciente por legislar y diseñar políticas de seguridad digital, pero consideró que las herramientas actuales no alcanzan frente a la velocidad de las nuevas modalidades delictivas.

"Cuando nosotros detectamos y nos damos cuenta de que aparece algo extraño, algo novedoso, algo que nos llama la atención y creemos que es verdad, puede ser un delito. La novedad delictiva avanza mucho más rápido que la posibilidad de tomar decisiones políticas en materia de política pública", explicó.

El estudio también reclamó más recursos humanos con formación tecnológica avanzada y actualización permanente, además de mejor comunicación entre las instituciones del Estado y los organismos de seguridad.

Los números de la encuesta refuerzan ese diagnóstico: el 75,6% de los consultados consideró insuficientes las medidas estatales para combatir el ciberdelito y el 83,2% aseguró que nunca recibió una capacitación preventiva sobre estas amenazas. El equipo, incluso, había presentado una propuesta para llevar contenidos de seguridad digital a las escuelas.

El anteproyecto que espera en la Legislatura

Con las conclusiones en mano, los investigadores redactaron el trabajo "Ley de Prevención del Ciberdelito en la Provincia de San Juan", convertido en un anteproyecto presentado ante la Legislatura provincial. La iniciativa propone crear el Sistema Provincial de Prevención del Ciberdelito, una estructura para organizar políticas públicas que anticipen las amenazas digitales y mejoren la asistencia a las víctimas.

El texto abarca estafas, extorsiones, hackeos, robos de identidad, deepfakes y abusos sexuales online. Desde la Escuela de Seguridad aclararon que no busca sumar nuevas tipificaciones penales, sino herramientas provinciales de prevención, educación, asistencia y coordinación entre organismos.

Los ejes centrales son cuatro:

Alfabetización digital: contenidos de ciberseguridad en todos los niveles educativos y talleres comunitarios en centros de jubilados y uniones vecinales.

Registro de incidentes: un centro de datos estadísticos anónimos, alimentado por información de la Policía y la Justicia, para identificar y monitorear las modalidades delictivas.

Fondo de prevención: una asignación presupuestaria para equipamiento tecnológico y formación especializada del personal policial.

Asistencia a víctimas: una línea telefónica gratuita, disponible las 24 horas durante todo el año, con contención psicológica, orientación legal y asistencia inmediata para bloquear cuentas bancarias.

El objetivo de fondo es cambiar el enfoque que hoy predomina, que los investigadores califican de reactivo: intervenir recién cuando el delito ya se cometió y dejó consecuencias.