España se paralizó por la vivienda y Sánchez quedó contra las cuerdas a días de las elecciones

Una huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo paralizó este miércoles a España, con cortes de rutas, transporte público alterado y fábricas detenidas, en una jornada que puso a prueba al gobierno de Pedro Sánchez a menos de tres semanas de los comicios anticipados del 29 de noviembre.

Se trata de la primera huelga general convocada en conjunto por los dos principales sindicatos del país desde 2012. La impulsaron Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y organizaciones de inquilinos, que exigen una mayor intervención del Estado para frenar el alza de los alquileres, los desalojos y las trabas para acceder a una vivienda.

Un seguimiento desparejo

El acatamiento varió según las regiones y las actividades. Los sindicatos hablaron de hasta un 90% de participación en los puertos y en las plantas automotrices. En cambio, la CEOE, la principal patronal española, sostuvo que el impacto fue bajo en la mayoría de los rubros.

Desde temprano, manifestantes cortaron accesos a Madrid y bloquearon parcialmente la salida de colectivos de algunas cocheras municipales. En Barcelona, el metro funcionó con servicios mínimos del 25% en la hora pico y el transporte público acumuló demoras. Hubo además interrupciones en escuelas, universidades y comercios. En la capital, la medida coincidió con un conflicto docente que ya lleva casi un mes.

Las organizaciones convocantes aseguraron que la adhesión llegó al 82% en la recolección de residuos y al 75% en el sector energético. También reportaron una caída del 10% en la demanda eléctrica, que atribuyeron a las paradas en las industrias de mayor consumo.

La Gran Vía, tomada

El epicentro de la protesta fue el corazón de Madrid. Cientos de personas cortaron la Gran Vía, una de las principales arterias de la capital, entre cantos de "Hoy no se consume, hoy no se trabaja" y "No tenemos casa". Bajo la lluvia, avanzaron con los brazos entrelazados mientras varios comercios bajaban las persianas por temor a incidentes.

A la marcha se sumaron docentes, trabajadores hoteleros y grupos de ciclistas. La protesta generó fuertes alteraciones del tránsito y momentos de tensión con la policía, que desplegó un amplio operativo de seguridad. En sanidad y servicios sociales, en tanto, la participación fue menor: 38%, según los propios convocantes.

La CEOE afirmó que se registraba un "bajo seguimiento de la huelga en la mayoría" de los sectores y consideró que la medida también perjudica a las pequeñas empresas, que tienen dificultades para contratar personal por el alto costo de la vivienda.

Incidentes en Mercamadrid

La jornada dejó además algunos choques. En los alrededores de Mercamadrid, el principal mercado mayorista del país, se concentraron unos 1000 manifestantes y hubo enfrentamientos entre piqueteros y policías. CCOO denunció el uso de gas pimienta y aseguró que 13 personas necesitaron atención médica. Un vocero policial confirmó la detención de una persona.

El caso que encendió la mecha

La huelga corona semanas de protestas por el encarecimiento de la vivienda. Su antecedente inmediato fue el desalojo forzoso, en septiembre, de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que murió pocos días después. El episodio se transformó en símbolo de las dificultades de los inquilinos y desató una ola de indignación que incluyó una acampada de cinco semanas en la Puerta del Sol, en Madrid.

"Ya se acabó el tiempo de los políticos, ya no podemos esperar más. El modelo de vivienda en este país tiene que cambiar", afirmó Valeria Racu, vocera del Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones centrales de la movilización.

Los reclamos incluyen limitar los alquileres, reforzar la protección de los inquilinos, garantizar la renovación de los contratos y combatir la especulación inmobiliaria y los departamentos turísticos. Los sindicatos también piden un nuevo acuerdo sobre el salario mínimo y una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda.

Los números de la crisis

El problema se mide en precios: el alquiler promedio de un departamento de 50 metros cuadrados en Madrid rondaba los 1170 euros mensuales en octubre, casi la mitad del salario bruto promedio español, de unos 2460 euros al mes en 14 pagas. Según el Banco de España, el país arrastra un déficit de aproximadamente 750.000 viviendas, una cifra que podría superar el millón en 2028.

"Yo tengo 36 años y aún no puedo independizarme. No paran de subir los alquileres, no para de subir el precio de la vivienda, y es que es imposible", relató Jesús González, un trabajador madrileño del área informática de un hospital.

El terremoto político

La protesta llega en un momento delicado para Sánchez. Su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llega a las elecciones por detrás del Partido Popular (PP) en las encuestas, en medio de una serie de investigaciones por corrupción que salpican a su entorno y de las repercusiones del accidente ferroviario que dejó 69 muertos a fines de octubre.

Tras el rechazo parlamentario de un paquete de medidas para frenar los desalojos y aliviar la presión sobre los alquileres, el presidente adelantó los comicios, previstos inicialmente para 2027, al 29 de noviembre. El gobierno intentará este jueves que parte de esas iniciativas sean aprobadas por la Diputación Permanente, el órgano que conserva algunas funciones parlamentarias durante la disolución de las cámaras.

Sánchez defendió la convocatoria de la huelga y aseguró que no se trata de una protesta contra su administración, sino de un reclamo para que todas las administraciones respondan a un problema estructural. También reivindicó las conquistas históricas del movimiento obrero y llamó a proteger los derechos sociales alcanzados.

La derecha, en cambio, cuestionó la medida y la calificó de electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había pedido a los sindicatos que no convocaran la huelga y sostuvo que sería un "grave error" asociar la movilización con Sánchez. Su partido y Vox defienden que la salida a la crisis pasa por aumentar la construcción de viviendas y reducir los impuestos al sector, en lugar de ampliar la intervención estatal.