Firmás, te prometen una cosa y al mudarte aparece otra. La Asociación de Inquilinos de Misiones reveló qué pasa con la copia del contrato y con quién responde cuando algo falla: lo que contó su titular deja a más de una familia sin saber a quién recurrir.
La Asociación de Inquilinos de Misiones puso sobre la mesa una serie de irregularidades que, según su titular, Adrián Torres, se repiten en las operaciones de alquiler de la provincia. La falta de entrega de copias del contrato, las diferencias entre lo que se promete y lo que se encuentra al entrar a la vivienda, y la dificultad para obtener respuestas cuando algo falla son parte del repertorio que la entidad recibe a diario.
Torres habló con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y describió cómo llegan esas consultas: familias que alquilan en distintos puntos de Misiones y que, en muchos casos, no tienen con qué respaldar lo que firmaron.
El papel que falta y la firma que no aparece
Uno de los puntos más sensibles es la forma en que se cierran algunos acuerdos. Según el dirigente, hay situaciones en las que el inquilino firma en una escribanía pero la copia queda en manos del propietario y nunca llega al locatario. En otros casos, directamente falta la firma del dueño y solo estampa la suya quien alquila.
“Te hacen firmar en una escribanía, le dan la copia al propietario y a veces vos nunca la recibís. O no firma el propietario y te hacen firmar a vos”, relató Torres.
Para el titular de la asociación, esa aceptación sin respaldo se explica por la urgencia de conseguir un techo. “Como vos tenés la necesidad, tenés que hacer todo lo que te piden”, afirmó. El problema aparece después, cuando el inquilino quiere reclamar por algo o ejercer un derecho.
También mencionó casos de personas que, una vez firmado el contrato, descubren que la propiedad no reúne las condiciones que les habían ofrecido antes de mudarse.
El rol del intermediario, bajo la lupa
Otro de los focos de reclamo es el desempeño de quienes intervienen en las operaciones inmobiliarias. Torres señaló que muchos inquilinos no encuentran respuestas cuando denuncian incumplimientos o problemas en la vivienda alquilada, y cuestionó lo que considera una inclinación a favor de los propietarios.
“El inmobiliario o el corredor inmobiliario es el intermediario que supuestamente debería garantizar que las cuestiones se resuelvan de manera justa”, expresó. Aclaró que no hay que generalizar sobre todos los profesionales del rubro, pero sostuvo que, según su percepción, existe una tendencia a atender primero los planteos de los dueños.
“Cuando querés reclamar tus derechos, la cosa se pone complicada”, afirmó.
Según describió, ante ciertos conflictos los intermediarios se desentienden con el argumento de que el contrato se celebró directamente entre propietario e inquilino y que, por lo tanto, no les corresponde intervenir. Esa salida deja a muchas familias sin saber a quién acudir cuando surgen diferencias sobre las condiciones pactadas.
Qué dice la ley después de la derogación
El planteo de Torres conviene enmarcarlo en el contexto normativo actual. La derogación de la anterior Ley de Alquileres no eliminó las obligaciones contractuales ni los mecanismos legales para reclamar por incumplimientos. Las relaciones locativas siguen reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, aunque con mayor libertad para pactar plazos, actualizaciones y otras condiciones.
Contratos cortos y aumentos que desarman los planes
Más allá de los problemas documentales, el dirigente volvió a apuntar contra las condiciones económicas que enfrentan las familias para acceder y mantenerse en una vivienda alquilada. Dijo que los precios siguen siendo altos en relación con los ingresos promedio de los trabajadores misioneros, en un contexto de salarios estancados y gastos cotidianos en alza.
“El sector está en una situación muy complicada, con falta de controles y regulaciones en materia de alquileres. Hay ofertas en el mercado, pero son prácticamente inalcanzables para el salario promedio de un trabajador de la provincia”, sostuvo.
Entre las consultas más frecuentes que recibe la asociación aparecen los aumentos durante la vigencia del contrato y los plazos reducidos. Según indicó, algunos acuerdos contemplan actualizaciones trimestrales y otras condiciones que los inquilinos consideran difíciles de sostener.
Con la derogación del régimen especial de alquileres mediante el DNU 70/2023, las partes pueden pactar la duración del contrato y el índice de actualización del precio dentro de los límites legales. Para Torres, esa mayor libertad contractual deja en desventaja a quien necesita una vivienda frente al propietario.
“Supuestamente es un acuerdo donde las dos partes dirimen las cuestiones, pero eso es una mentira, porque todos sabemos que el capital, o en este caso la propiedad, está por encima cuando uno tiene una necesidad”, cuestionó.
Para graficar esa desigualdad, comparó la situación de una familia que busca alquilar con la de alguien que necesita aceptar un empleo porque no tiene otra alternativa. “La gente no está muy conforme con las condiciones que le imponen, pero lamentablemente no tiene otra opción. Una familia tiene que desarrollarse bajo un techo y necesita aceptar lo que el mercado le ofrece”, señaló.
También recordó que la legislación anterior fijaba plazos más extensos y mecanismos específicos de actualización, lo que, a su criterio, permitía ordenar mejor la economía familiar. “No es lo mismo saber que tenés 24 meses y podés planificar y desarrollar tu vida, que saber que tenés seis meses y después no sabés qué va a pasar”, ejemplificó.
En esa línea, remarcó que una mudanza no se reduce a pagar un alquiler nuevo: implica reorganizar la escolaridad de los hijos, los traslados al trabajo, el transporte público y la estabilidad del grupo familiar. El tema ya había sido abordado por PRIMERA EDICIÓN en julio, cuando la Asociación de Inquilinos advirtió sobre el avance del hacinamiento y las mudanzas fuera de Posadas ante la imposibilidad de sostener los valores exigidos.
Más oferta, pero familias que no pueden pagarla
Las dificultades que plantea Torres se dan en un escenario donde la disponibilidad de propiedades dejó de ser el problema principal del mercado inmobiliario, aunque persisten diferencias entre los precios pretendidos y la capacidad económica de los interesados.
El pasado 10 de octubre, PRIMERA EDICIÓN informó que la oferta de alquileres en Misiones había superado a la demanda, según la evaluación del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Jorge Ferreira. En aquella oportunidad, el representante del sector explicó que muchas propiedades quedaban desocupadas porque sus valores excedían las posibilidades de pago de quienes buscaban alquilar, lo que llevaba a algunos propietarios a revisar los montos pedidos.
Desde la Asociación de Inquilinos, en cambio, Torres sostiene que una mayor cantidad de viviendas en oferta no se traduce necesariamente en mejores condiciones de acceso para las familias trabajadoras.
Entre las consecuencias mencionó el regreso de adultos a la casa de sus padres, las mudanzas hacia localidades vecinas como Garupá y la búsqueda de opciones más económicas en zonas alejadas del centro de Posadas. También afirmó que algunas personas empezaron a considerar Paraguay como alternativa para reducir sus gastos habitacionales.
Otro fenómeno que describió es la reducción del espacio dentro de las viviendas. “Tenemos inquilinos que están viviendo hacinados con sus hijos. No pueden pagar un departamento de dos o tres ambientes, entonces terminan pagando un monoambiente y viven todos en la misma habitación”, relató.
Respecto de la morosidad, aseguró que la asociación observa un aumento de las dificultades para cumplir con los pagos, aunque reconoció que no cuenta con herramientas estadísticas para establecer porcentajes ni medir la evolución del fenómeno.
El pedido de una ley específica
Torres vinculó los problemas que denuncia con los cambios introducidos en el mercado de alquileres a partir de diciembre de 2023. A su entender, la derogación de la normativa anterior redujo la previsibilidad de los contratos y debilitó la capacidad de negociación de las familias. “En realidad, el mercado necesita ser regulado. Debería tener una ley específica”, sostuvo.
Si bien reconoció que la legislación anterior no resolvía todos los problemas, destacó que establecía reglas sobre plazos, mecanismos de actualización y determinadas obligaciones contractuales. “Obviamente, aquella ley no era la panacea, pero te daba cierta previsibilidad”, afirmó.
El titular de la asociación también cuestionó la respuesta política frente a la derogación, al considerar que tanto el Gobierno nacional como distintos sectores legislativos tuvieron responsabilidad en la eliminación del régimen anterior. “No tenemos que apuntar a un solo sector, sino a todos los sectores”, expresó.
Además, rechazó el argumento de que el mercado inmobiliario puede encontrar por sí mismo un equilibrio que garantice condiciones satisfactorias para propietarios e inquilinos. Para Torres, el alquiler es una actividad económica que debe contar con reglas específicas sobre contratación, habitabilidad y obligaciones de las partes.
Su planteo apunta a recuperar un sistema de mayor protección para quienes necesitan alquilar una vivienda, aunque la discusión sigue atravesada por posiciones diferentes sobre el alcance de la intervención estatal y las condiciones necesarias para ampliar la oferta inmobiliaria.
Mientras tanto, las consultas que recibe la asociación reflejan una preocupación que excede los precios: las dificultades que encuentran algunos inquilinos para conocer con claridad las condiciones que aceptan, conservar la documentación contractual y obtener respuestas cuando consideran que sus derechos no fueron respetados.
