La reforma judicial ya está aprobada, pero los trabajadores del Poder Judicial de Formosa advierten que les toca el bolsillo y la vida familiar de un modo que pocos previeron. Qué se cae con los cambios y qué reclaman antes de que sea tarde.
La secretaria general de la Asociación Judicial de Formosa, Fátima Gutiérrez, cuestionó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y advirtió que los cambios afectan derechos laborales de los trabajadores del sector. Lo hizo tras el paro de 24 horas que, según afirmó, tuvo una adhesión muy alta en las dependencias judiciales.
En diálogo con el programa radial Algo Está Pasando, que se emite por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, la dirigente vinculó la protesta con los reclamos salariales pendientes y con la falta de participación de los trabajadores en el tratamiento de una reforma que, sostuvo, modifica aspectos centrales de la organización de la Justicia.
Un paro con alta respuesta y descuentos que siguen
Gutiérrez remarcó que la medida de fuerza se sintió en todas las dependencias: buena parte de las oficinas funcionó apenas con guardias mínimas. «Este es el día después y esta es la respuesta, no solamente de los trabajadores judiciales, sino de un sindicato presente», expresó.
La protesta se dio en un contexto de malestar por la situación salarial y por la falta de respuestas institucionales. Según la dirigente, los descuentos por los días no trabajados continúan vigentes, aunque la asociación prepara una presentación contencioso-administrativa para pedir una medida cautelar que suspenda esa aplicación.
«Aun así, el acatamiento a esta medida de fuerza de 24 horas fue muy alto», subrayó.
¿Modernización o la misma estructura?
Uno de los ejes del cuestionamiento fue el trámite legislativo. La asociación había pedido participar en la Comisión de Legislación antes de que el proyecto se tratara, pero no obtuvo respuesta.
Para Gutiérrez, la reforma debía contemplar una planificación a futuro, con nuevas estructuras y herramientas que mejoraran el funcionamiento de la Justicia y acercaran los servicios a la población. Sin embargo, consideró que los cambios no representan una transformación real del sistema.
«No hay ninguna modernización. La estructura sigue siendo la misma: se ratificaron los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia y las tres circunscripciones. ¿Cuál es la modernización de la que se está hablando?», cuestionó.
En esa línea, señaló que no se crearon nuevos juzgados, tribunales ni delegaciones vecinales en las localidades más alejadas. También indicó que varias oficinas que ahora aparecen mencionadas en la normativa ya funcionaban desde hace años.
Papel, sistemas caídos y un ciberataque que dejó secuelas
La dirigente apuntó a la contradicción de hablar de modernización mientras el Poder Judicial sigue trabajando principalmente con expedientes en papel y arrastra problemas en sus sistemas informáticos.
Confirmó que el ciberataque sufrido por los sistemas provocó la pérdida de información almacenada en correos electrónicos y en plataformas usadas para comunicaciones y presentaciones oficiales.
«Hasta ahora no se pudo recuperar nada de la información. Todas las presentaciones que hicimos durante los días en que hackearon el sistema se perdieron y ahora tenemos que volver a hacerlas en formato papel», explicó.
Agregó que, si bien se informó que el correo electrónico había sido restablecido, los envíos seguían registrando inconvenientes. En ese marco, calificó de contradictorio incorporar herramientas como el teletrabajo sin garantizar antes las condiciones técnicas necesarias, y advirtió que la nueva normativa no contempla de forma adecuada el derecho a la desconexión laboral.
Ferias judiciales y traslados: las dos alertas
Otro punto que encendió alarmas en el sector es la modificación del régimen de ferias. Con la eliminación de los períodos mínimos, queda en manos del Superior Tribunal de Justicia decidir cómo se organizan los descansos.
Gutiérrez recordó que históricamente las ferias de verano e invierno permitieron que los trabajadores compartieran esos períodos con sus familias, en coincidencia con las vacaciones escolares. Y advirtió que la nueva disposición podría darle más facultades al máximo tribunal para reorganizar los días de descanso.
«Sacar esos pisos mínimos también le permite al Superior Tribunal decir que, si hicieron cinco días de paro, van a tener que trabajar cinco días menos de vacaciones. No digo que lo vayan a hacer, pero ahora van a tener esas facultades», manifestó.
A eso sumó el impacto de los cambios en la organización de los recursos humanos: la Secretaría de Gobierno tendría atribuciones para disponer traslados de magistrados, funcionarios y empleados entre distintas dependencias y localidades. Según explicó, esto podría afectar la estabilidad laboral y los vínculos familiares y personales que los trabajadores construyen en los lugares donde se desempeñan.
«El pueblo somos nosotros»
La secretaria general insistió en que los trabajadores judiciales debieron haber sido convocados a debatir una reforma que impacta directamente en sus condiciones laborales.
«Nosotros somos parte de lo que se resolvió porque este sindicato representa a todos los trabajadores judiciales, más allá de sus categorías, títulos o ideologías. La Cámara de Diputados es la representación del pueblo y el pueblo somos nosotros», sostuvo.
También manifestó preocupación por otros aspectos incorporados a la normativa, entre ellos la intangibilidad de los salarios de los magistrados y la inclusión de inmunidades para ese sector.
Así, la Asociación Judicial de Formosa mantiene sus cuestionamientos tanto por la situación salarial como por los cambios institucionales aprobados, mientras reclama mayor participación, diálogo y garantías para los trabajadores del Poder Judicial.
