La provincia llevó al Foro Federal sobre ACV los números de su red pública: 35 trombólisis en diez meses y una tasa que supera la de un estudio con centros de referencia de ocho países. Qué mostró Formosa y qué dijo sobre el ajuste nacional.
Una delegación del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa viajó a Buenos Aires para participar del Segundo Encuentro del Foro Federal sobre Políticas y Redes de Atención del ACV Isquémico, donde expuso el funcionamiento de la Red Provincial de Atención del Accidente Cerebrovascular (ACV), consolidada a partir de las políticas sanitarias del Gobierno de Gildo Insfrán.
La comitiva estuvo encabezada por el subsecretario de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, Carlos Rodríguez, junto a la directora del Hospital Central de Emergencia "Dr. Ramón Carrillo", Nora Oviedo, y especialistas en neurología del Hospital Central, el Hospital Interdistrital Evita y el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), que integraron los equipos que elaboraron el protocolo provincial de ACV.
El contexto: recortes nacionales en salud
La presentación formoseña se dio en medio de un escenario nacional marcado por ajustes en el sistema sanitario. De acuerdo con los datos que aportó Rodríguez, el Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 para sostener la meta de superávit fiscal, con recortes que superan los 63.000 millones de pesos en programas de salud y los 25.000 millones en partidas para el fortalecimiento de los sistemas provinciales.
Frente a ese cuadro, Formosa expuso los avances de una red pública integrada que atiende a los pacientes con ACV en todo el territorio, tengan o no obra social.
La salud pública como decisión política
En el Foro, representantes de distintas jurisdicciones discutieron las trabas de financiamiento de los tratamientos y la articulación entre obras sociales, prestadores privados y financiadores, situaciones que pueden demorar la conformación de redes asistenciales.
Rodríguez planteó la diferencia de fondo: «La diferencia entre una provincia que tiene red de ACV y otra que no la tiene no es solo económica. Es una decisión política: definir que la salud de las personas es lo primero que se protege y lo último que se ajusta».
En el mapa de redes presentado durante el encuentro, Formosa aparece entre las provincias con una red provincial de ACV consolidada, fruto de la planificación sanitaria, la incorporación de tecnología y la formación de recursos humanos especializados.
Los números que presentó la provincia
Hoy Formosa cuenta con 11 tomógrafos distribuidos en el territorio, siete de ellos en el interior, además de nodos de atención con capacidad para iniciar tratamientos de trombólisis y una Unidad de ACV que funciona en el Hospital Central de Emergencia "Dr. Ramón Carrillo".
Según los datos expuestos en el Foro, entre enero y octubre de 2026 la red provincial atendió 257 eventos cerebrovasculares, de los cuales 175 fueron isquémicos. En ese período se realizaron 35 trombólisis, equivalentes al 20% de los ACV isquémicos registrados.
Como referencia, se presentaron datos de un estudio multicéntrico publicado en la revista científica TheLancet Regional Health – Americas, que incluyó a 1106 pacientes de centros de referencia de ocho países latinoamericanos. La investigación registró un 18% de trombólisis como tratamiento único y un 3% de trombólisis combinada con trombectomía (cirugía). En Formosa, la tasa de trombólisis alcanzó el 20%, un indicador que permite comparar con los resultados publicados, considerando las diferencias entre las poblaciones y los procedimientos evaluados.
Sobre esos resultados, Rodríguez remarcó: «Estos resultados demuestran que una red pública provincial, que incluye también a los hospitales del interior, puede alcanzar niveles de atención comparables a los de centros de referencia de América Latina».
Dos modelos de gestión sanitaria
El subsecretario también se refirió al impacto de las medidas de ajuste nacionales, que alcanzaron programas de provisión de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos.
A ello se sumó la Resolución 1447/2026, que, según lo señalado por Rodríguez, redujo el contenido del botiquín del Programa Remediar, destinado a facilitar el acceso a medicamentos esenciales, especialmente entre personas sin cobertura médica, incluidas aquellas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes.
Mientras el Gobierno nacional fundamenta estas medidas en la necesidad de sostener el superávit fiscal, desde Formosa se plantea un modelo de gestión que considera a la salud pública como un derecho que debe ser garantizado por el Estado.
«El equilibrio de las cuentas públicas no puede construirse dejando afuera a las personas. La salud, la educación y el acceso oportuno a los tratamientos son derechos que el Estado debe proteger. Esa es la diferencia entre considerar la salud como un gasto o asumirla como una inversión en el bienestar de la población», concluyó Rodríguez.
