Un funcionario formoseño puso cifras al reclamo que se escucha en cada ruta: hay 1,1 billones de pesos recaudados para los caminos que Nación no ejecuta. Mientras tanto, un tramo de la Ruta 86 debieron limpiarlo desde la Provincia.
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, puso números a un reclamo que se repite en cada ruta formoseña: la Nación recauda para los caminos, pero no ejecuta esos fondos. Según sus datos, hay 1,1 billones de pesos retenidos por el Ministerio de Economía que no se volcaron al mantenimiento ni a las obras viales.
La advertencia llegó junto a un informe que mide el derrumbe de la inversión nacional en el rubro. Entre 2023 y 2025, la ejecución presupuestaria destinada a las rutas de Formosa cayó un 77%, de acuerdo con el trabajo «Análisis del Financiamiento Vial en Argentina».
El escenario nacional no es mejor: el presupuesto de Vialidad Nacional para obras en las provincias se contrajo un 79% y tocó su piso más bajo en tres décadas. Desde diciembre de 2023, además, los fondos para mantenimiento de rutas se recortaron un 70%.
El impuesto a los combustibles y un destino que no se cumple
Caffa apuntó al fondo fiduciario Sisvial, que se nutre de una porción de cada compra de combustible y, por ley, debe ir al mantenimiento de rutas y a la ejecución de obras viales. El problema, según el funcionario, no está en la recaudación sino en que ese dinero no se transforma en trabajos concretos.
«Hay 1,1 billones de pesos retenidos por el Ministerio de Economía de la Nación, que no ha invertido en este propósito específico. Se debe aclarar que no son fondos de libre disponibilidad», sostuvo.
Los números que acompañan su denuncia son elocuentes: de los 1,5 billones de pesos recaudados por el Impuesto a los Combustibles, apenas $394.406 millones se destinaron a obras, es decir el 26,2% del total. El 73,8% restante quedó sin ejecutar.
La pregunta sobre el destino de esos recursos ya llegó a la Justicia. La Defensoría del Pueblo de Formosa presentó una denuncia ante el fuero Federal para que se esclarezca si el dinero con asignación específica terminó colocándose en plazos fijos o en instrumentos financieros como LECAP, LECER y BONCAP.
Rutas que se cerraron por la maleza y una autovía que no avanza
El deterioro ya se ve en el terreno. Un tramo de la Ruta Nacional N° 86, entre Zalazar y Guadalcázar, llegó a quedar cerrado por el avance de la maleza, y la DPV tuvo que intervenir con recursos propios para devolverle condiciones de circulación.
La paralización de obras dejó también proyectos a medio hacer. Caffa detalló que se abandonaron kilómetros que se estaban pavimentando en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 11 y en las rutas provinciales 23, 6 y 8. Algunas de esas obras ya superaban el 80% de avance y hoy están detenidas, y varios contratos —sobre todo los de rutas provinciales— debieron rescindirse.
«Estos kilómetros de rutas nacionales y provinciales se estaban pavimentando y fueron abandonados», explicó el funcionario, que también mencionó la autovía entre el Puente Blanco y la intersección de las rutas nacionales 11 y 81: una obra estratégica para la conectividad provincial, nacional e internacional que sigue prácticamente igual que cuando asumió el actual Gobierno nacional.
Ante la falta de intervención de Nación, la Provincia asume tareas que no le corresponden. «En estos casos se hace cargo la Provincia, porque hay miles de comprovincianos que tienen que acceder a la salud, a la educación y salir de sus localidades. Entonces, la Provincia, con fondos propios, a través de Vialidad Provincial, hace el mantenimiento que tendría que hacer la Nación. Son máquinas, personal, recursos que en vez de estar interviniendo en tramos provinciales lo tenemos que hacer en caminos nacionales», afirmó.
Más accidentes y empleo perdido
Para Caffa, el costo no se mide solo en kilómetros deteriorados. «No solo hay un impacto negativo en la infraestructura, también lo hay en las vidas humanas, porque ocurren cada vez más accidentes que son directamente atribuibles al estado de las calzadas de las rutas nacionales. Antes el mantenimiento se hacía a través del sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (CREMA), pero eso se dejó de utilizar y genera estas consecuencias», manifestó.
La interrupción de las obras también golpeó al empleo: entre diciembre de 2023 y abril de 2026, unos 1.466 trabajadores quedaron sin trabajo, mientras que otros 2.900 empleados de Vialidad Nacional mantienen sus salarios congelados. Los gremios, además, advirtieron que 785 puestos de agentes en las provincias están en riesgo.
A esa pérdida se suma la de los obreros que estaban afectados a la construcción y reparación de rutas. Con menos recursos disponibles, la conservación de los caminos, el avance de nuevas obras y la respuesta ante emergencias quedan cada vez más condicionadas.
