Justicia penal juvenil en San Juan: los tres ejes del proyecto que busca evitar nulidades

La provincia avanza en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional con una ley complementaria que ya ingresó a Diputados. La iniciativa, impulsada por la Corte de Justicia, busca adecuar el sistema local a la normativa que rige desde el 5 de septiembre y que fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

El proyecto fue remitido al Poder Legislativo este miércoles a primera hora y, según confirmaron fuentes legislativas a TIEMPO DE SAN JUAN, se tratará en sesión especial el lunes 14 de septiembre a las 10. La urgencia responde a la necesidad de evitar planteos de nulidad por parte de las defensas durante los procesos, ya que el actual sistema provincial, regulado por la Ley 754-0, es de corte mixto e inquisitivo y requiere adaptarse a los principios de la ley nacional.

¿Por qué es necesaria esta norma?

La Ley Nacional N° 27.801, que comenzó a regir el 5 de septiembre, derogó el antiguo sistema de minoridad y estableció un nuevo paradigma: los adolescentes son considerados sujetos de derechos con responsabilidad progresiva, se promueve la participación de las víctimas, se exige la especialización de los operadores judiciales y se priorizan medidas alternativas a la privación de la libertad, orientadas a la educación y la integración social.

Aunque en un principio la Corte de Justicia evaluó adaptar el fuero mediante una acordada interna, finalmente el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales coincidieron en enviar un proyecto de ley a la Legislatura para otorgarle fuerza legal transitoria. Así, la iniciativa funcionará como un esquema provisorio mientras se diseña el Código de Procedimiento Penal Juvenil definitivo para la provincia.

Los tres ejes del proyecto

El texto regula tres herramientas centrales para resolver las causas antes de llegar a un juicio formal: la conciliación, la reparación integral del perjuicio y la suspensión del juicio a prueba. Además, incorpora el trámite del juicio abreviado.

Conciliación entre el imputado y la víctima

El primer pilar regula los acuerdos conciliatorios entre el adolescente imputado y la víctima del hecho delictivo. Esta herramienta aplica para delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia grave sobre las personas, o en hechos culposos que no hayan provocado lesiones gravísimas o la muerte. Quedan excluidas las causas sancionadas con penas de prisión superiores a seis años, así como los delitos contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos.

El acuerdo debe presentarse ante el Juez Penal de Niñez y Adolescencia para su homologación. Si el joven cumple con lo pactado, la acción penal queda extinta; si incumple, el magistrado puede disponer la continuación del proceso judicial.

Reparación integral del daño causado

Como segunda medida alternativa, el proyecto prevé la reparación integral del perjuicio económico o material ocasionado por el delito. Este mecanismo es aplicable a delitos específicos como lesiones leves, hurtos y robos simples, estafas y daños.

La resolución judicial que avale esta solución debe detallar la propuesta de las partes, la opinión de los intervinientes y el criterio del juez para garantizar que el menor la cumplirá. Una vez que el adolescente completa la obligación asumida, el juez dicta su sobreseimiento definitivo. Mientras transcurre el período de cumplimiento, los plazos del proceso penal permanecen suspendidos.

Suspensión del juicio a prueba y trámite abreviado

El tercer eje abarca la suspensión del proceso a prueba, que puede ser solicitada desde la audiencia de indagatoria hasta la instancia de debate, por la defensa o la fiscalía. Si el juez concede el beneficio, fija reglas de conducta, establece una reparación simbólica y dispone la intervención del equipo técnico y del supervisor para controlar su cumplimiento. Si el adolescente completa las condiciones sin cometer nuevos delitos, la acción penal se extingue.

Por otro lado, el proyecto contempla la aplicación del juicio abreviado para todo delito de acción pública. Este trámite requiere un acuerdo escrito entre el fiscal, el imputado, la defensa y el asesor de niñez sobre el hecho y la pena propuesta, lo que permite dictar sentencia en una audiencia ágil, sin necesidad de un debate oral prolongado.