La AGN apunta a la Hidrovía y a la prórroga de los Eurnekian: qué encontrará

La Auditoría General de la Nación (AGN) sumó a su hoja de ruta para 2027 dos expedientes que incomodan al gobierno de Javier Milei: la licitación de la Hidrovía y la extensión de la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2056, tramitada con tres actas secretas del ORSNA.

La decisión quedó plasmada en el Programa de Acción Anual del ejercicio 2027, al que accedió Ámbito en exclusiva. El Colegio de Auditores ya le dio el visto bueno, aunque resta la aprobación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el paso que exige la ley de Administración Financiera 24.156.

El dato que el Ejecutivo no va a pasar por alto en medio de la pulseada pública que mantiene con el organismo: las dos auditorías las propuso el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos.

Un antecedente que todavía escuece

El último informe del organismo sobre los envíos de oro al exterior y las operaciones con derivados que le generaron al Banco Central pérdidas superiores a los u$s1.000 millones todavía no terminó de digerirse en las oficinas oficiales.

A eso se le suma otro frente caliente: la AGN podría presentar antes de fin de año un informe crítico sobre esas mismas exportaciones de oro. Según la información reunida por este medio, el Banco Central que conduce Santiago Bausili ya consumió el plazo original y también la prórroga para responder.

El plan 2027, además, contempla la fiscalización del ámbito universitario y del sector público descentralizado. En ese marco se prevén ocho proyectos específicos sobre 12 universidades nacionales y 27 informes dedicados a empresas públicas, fideicomisos y entes estatales.

Hidrovía: el fantasma del Grupo Neuss y la mirada de Washington

El Gobierno ya cerró la concesión de la Vía Navegable Troncal y consagró como ganadora a la firma Vía Navegable Argentina (VNA), integrada por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus. Pero el proceso arrastra una serie de cuestionamientos que nunca se apagaron, incluida la hipótesis de socios ocultos como el Grupo Neuss.

El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación por presuntas omisiones de pasos o alteraciones concretas en el concurso que define quién se queda con un negocio millonario, con capitales internacionales y intereses argentinos de por medio.

En su presentación, firmada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, la PIA sostuvo que hubo "una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas". Y agregó que la "ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia".

Como publicó Ámbito, circuló por despachos internacionales un documento que en su momento se giró a uno de los consorcios participantes. Ese grupo no solo incluye a la belga DEME NV: también al fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), a Clear Street y a Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), el mayor proveedor de servicios de dragado de Estados Unidos. El texto tiene una sintonía exacta con la presentación judicial que formalizó ante la PIA otra de las empresas que quedó afuera, la brasileña DTA Engenharia.

Estados Unidos también metió la cola en el concurso. Desde Washington señalaron que detectaron vasos comunicantes ocultos con China que el gobierno de Milei había negado. En la superficie, el pliego excluyó de manera explícita a las compañías con algún componente de pertenencia estatal, lo que dejaba fuera de carrera a los chinos. Los republicanos hicieron especial hincapié en una serie de presuntas reuniones entre emisarios de la embajada china en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que conduce Iñaki Arreseygor.

Con todas esas denuncias todavía frescas, la auditoría de la AGN llega para incomodar a la Casa Rosada y, llamativamente, para seguir de cerca un expediente que también interesa en Estados Unidos.

Aeropuertos: tres actas bajo llave y una prórroga anticipada

El otro contrato que quedará bajo la lupa es la renovación de la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2056, cuando todavía faltaban 12 años para que venciera la última ampliación. La empresa insignia de Eduardo y Martín Eurnekian consiguió estirar su período al frente de la administración aeroportuaria.

Ámbito reveló que en menos de un año, entre el 26 de septiembre de 2025 y el 10 de junio de 2026, el gobierno nacional emitió tres actas secretas que dejaron a la vista el movimiento pendular de la gestión de Milei frente al reclamo de la compañía.

El primer paso fue silencioso y sin publicidad: el Ejecutivo se apoyó en la ley de Bases y Puntos de Partida para firmar el "Acta Acuerdo de Readecuación Contractual", con el que buscaba extender la concesión de 35 aeropuertos de todo el país hasta 2066. Ese documento lo suscribieron el 26 de septiembre de 2025 el entonces titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal —hoy detenido e investigado por enriquecimiento ilícito y lavado—, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian.

La caída de Leal demoró el trámite. Su segunda, Noelia Ruiz, quedó al frente de la ampliación contractual, que se plasmó en otras dos actas secretas. Cuando la discusión parecía trabada por el porcentaje de la tasa Interna de Retorno, el Gobierno resolvió avanzar.

En medio de ese tironeo, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció en el Congreso lo que estaba ocurriendo y contó que recibió diversas amenazas.